La patronal estudiará la contraoferta de los estibadores, dispuestos a bajarse el sueldo

Otro martes sin acuerdo. La enésima reunión entre sindicatos, patronal y gobierno acaba sin la firma que servirá para sacar adelante la reforma de la estiba, congelada desde el pasado jueves tras el contundente 'no' de los partidos en la votación celebrada en el Congreso. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar presentó este martes una contraoferta que por ahora no ha convencido a sus interlocutores, basada en una rebaja salarial de hasta el 6% para financiar las jubilaciones anticipadas, mejorar la productividad y faciltar las negociaciones. "Entra dentro de un paquete de medidas para hacérselo más atractivo y rentable a las empresas", ha explicado el secretario general del sindicato, Antolín Goya.

Este nuevo desencuentro entre las partes lastra los planes del Gobierno, cuya intención era presentar este viernes un nuevo real decreto ley casi idéntico al anterior en el Consejo de Ministros. Pero hay avances. Los representantes de los trabajadores por primera vez han dejado la puerta abierta a otros instrumentos normativos distintos al real decreto "pero de igual rango" para que el mantenimiento del empleo quede reflejado en la ley. Varían así su discurso, pues hasta ahora exigían que este punto estuviese contemplado sí o sí en el RD/L. Fomento ya dejó claro que este supuesto no era posible porque Bruselas jamás lo aceptaría.

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La patronal Anesco se ha limitado a informar de que la próxima reunión entre sindicatos y empresas será este jueves. Nadie le ha podido preguntar qué opina sobre la contraoferta de los estibadores. No obstante, la Coordinadora asegura que las compañías se han comprometido a estudiarlo y remarca que los trabajadores están dispuestos a bajarse hasta un 6% el sueldo. Un 1% de dicha rebaja estaría destinada a financiar prejubilaciones.

"Entendemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Es una medida encaminada al futuro convenio colectivo", justifica Goya. Y asegura que los sindicatos estudiarán las fórmulas jurídicas oportunas en caso de que el mantenimiento del empleo no pueda quedar reflejado en el nuevo real decreto ley. "Por nosotros, que no sea".

Pero el Gobierno no ve con buenos ojos la contraoferta de los sindicatos, convencidos de que una ley debe blindar sus puestos de trabajo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, opina que las nuevas propuestas en materia de subrogación de plantilla enlazan con el pasado y son "contrarias a la sentencia europea". Aunque tampoco cierra la puerta a una futura "medida normativa" que dé respuesta a la demanda de los estibadores.

“Por favor, ocupaos de los temas laborales donde deben ser abordados”, dijo la comisaria europea de transporte, Violeta Bulc, en su visita a Madrid hace dos semanas. Íñigo De la Serna ya habló en su momento de un “instrumento normativo” como alternativa para contentar a los sindicatos, si bien estos recelan ante la falta de detalles.

Como novedad, el Gobierno por fin ha decidido participar activamente en las negociaciones a través del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y su homólogo en Empleo, Juan Pablo Riesgo. También asiste el mediador designado por Fátima Báñez, Marcos Peña. Así lo exigían tanto los sindicatos como los mismos partidos políticos que votaron en contra de la reforma de la estiba. El propio ministro acudió en busca de un pacto 'in extremis' el pasado miércoles, pero su presencia sólo sirvió para crispar a los sindicatos por no haber sido convocados a tiempo. Al encuentro sólo asistieron asesores jurídicos de ambas partes, sin potestad para firmar.

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El Gobierno ahora negocia sin la presión de huelgas inminentes en los puertos -dado que los sindicatos suspendieron los paros previstos para esta semana ante la derrota parlamentaria-. No obstante, lo hace bajo la amenaza de una sanción que ya asciende a casi 23 millones de euros más 134.000 euros diarios por cada día de retraso en la aplicación de la reforma. Aunque la Comisión Europea no ha establecido plazos concretos, mete prisa a Rajoy para que liberalice el sector. Sólo así España cumplirá con lo estipulado en la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (2014).

La propuesta de prejubilaciones no convence

El Gobierno ofreció prejubilaciones con el 70% del sueldo para los estibadores que ya hayan cumplido 50, es decir, cinco años antes de la edad legal de retiro (55 años). Los sindicatos piden que se cambien los criterios, de manera que puedan acogerse a esta medida todos aquellos que ya lleven 22 años cotizados (27 es el mínimo para jubilarse), independientemente de su edad.

Según fuentes del sector, el Gobierno está negociando un paquete de unos 250 millones de euros destinado a unas 1.400 jubilaciones anticipadas o bajas incentivadas, la mitad del importe exigido por las empresas estibadoras. A esta cuantía habría que sumar un mínimo de 350 millones -calculado por Puertos del Estado- para financiar indemnizaciones por despido y otros pasivos laborales.