Los estibadores asumen que la reforma se aprobará este viernes y mantienen la huelga

La huelga sigue adelante. Así lo han decidido los estibadores al dar por hecho que Fomento aprobará este viernes el real decreto ley que servirá para liberalizar el sector, en línea con las exigencias de Bruselas. "Es necesario que el Gobierno abandone esa actitud dictatorial", ha dicho este miércoles el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, tras reunirse por segundo día consecutivo con la patronal y el mediador designado por el Ministerio de Empleo. Antolín Goya y sus compañeros retomarán las negociaciones con los representantes de las empresas el próximo martes. Fomento es consciente de la falta de consenso, pero confirma que mantiene las fechas previstas. No tiene intención de tocar una coma del texto definitivo, que irá mañana al Consejo de Ministros.

Los estibadores confían en que los grupos parlamentarios rechacen un real decreto que entienden como una "precarización" del oficio. Si el Congreso no ratifica el texto en el plazo de un mes, se convertirá en papel mojado. También se aferran a la posibilidad de que se introduzcan cambios vía enmiendas. "Si cerramos acuerdos con la patronal la semana que viene, podremos exigir modificaciones juntos. Pediremos conjuntamente al Gobierno que reflexione". El texto definitivo deberá adaptarse a los acuerdos que se alcancen en materia de empleo o el colectivo paralizará los puertos de toda España durante tres semanas en días alternos a partir del 6 de marzo.

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Garantizar el empleo y mantener las condiciones económicas son las principales reivindicaciones de los empleados, pero las empresas agrupadas en Anesco antes quieren analizar cuánto personal necesitan en cada uno de los puntos donde tienen presencia. "Hemos confirmado nuestros mayores temores. Las compañías no saben con cuántos trabajadores pueden quedarse, y eso que las plantillas ya están ajustadas [unos 6.100 en toda España]. Lo repasaremos puerto por puerto" la semana que viene, avanza Goya. El director de la patronal, Pedro García Navarro, se ha limitado a confirmar que las negociaciones se retomarán el próximo martes y no ha contestado a las preguntas de los periodistas.

Antolín Goya se pregunta de qué sirve dar más días de margen —como hizo Fomento hace siete días— si el Gobierno no recoge los frutos de las negociaciones en el texto definitivo que irá al Consejo de Ministros. Por su parte, el ministro Íñigo de la Serna dejó claro este martes que “hay tiempo más que suficiente” para adaptar los convenios colectivos, pues el real decreto ley da un año de margen para ello.

La diferencia radica en que los acuerdos alcanzados estos días en el ámbito de la negociación colectiva no quedarían reflejados en el R/D. Y los estibadores quieren que tanto el Gobierno como la patronal se comprometan por escrito a mantener el empleo (a través de subrogación) y las condiciones económicas para que no se sustituyan veteranos por nuevos “mucho más baratos”. También exigen que se garanticen unos requisitos mínimos de formación para las nuevas incorporaciones.

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Fomento contempla un periodo transitorio de tres años para que las empresas puedan adaptarse al nuevo modelo: deberán contratar al 75% de los trabajadores de las sociedades anónimas de gestión de estibadores (Sagep) el primer año, al 50% el segundo y al 25% el tercero, momento en el que estos organismos deberán transformarse en centros portuarios de empleo o ETT. Según la Ley de Puertos de 2010, toda compañía que hoy quiera operar en España debe contar con los trabajadores inscritos en la Sagep y ser accionista de la misma, lo que convierte al sector en un monopolio.

Las autoridades portuarias se harán cargo de todos los costes (con una caja de hasta 350 millones de euros) en caso de que haya despidos y estos afecten al personal contratado antes de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (2014). Dicho fallo obliga a España a liberalizar su modelo de la estiba bajo amenaza de sanción millonaria. “Es inadmisible que el Gobierno plantee subvencionar un despido masivo con fondos públicos”, señaló Goya cuando conoció los planes de Fomento. Y este miércoles lo ha vuelto a repetir.

Aunque elogia el talante y los conocimientos del mediador, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, se siente "engañado" por un Gobierno que no está participando activamente en las negociaciones. "Peña es una persona muy capaz, pero sin capacidad para influir en el real decreto".