¿Cuándo se echó a perder el BdE?

Parafraseando a Mario Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Banco de España? ¿En qué momento comenzó la deriva del BdE que culminó en el rescate financiero de España en 2012 y de la que ahora su cúpula tendrá que responder en el caso Bankia? El timón empezó a girar durante el Gobierno de José María Aznar cuando Jaime Caruana era gobernador, pero las distintas fuentes coinciden en que la cuesta abajo coincidió con la llegada de Miguel Ángel Fernández Ordóñez a ese puesto. El cáncer de la institución ha sido plegarse a las directrices políticas en vez de hacer caso a las advertencias de los inspectores, y eso es lo que ha acabado con la mayor crisis de los más de 140 años de historia de la institución.

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Eduardo Segovia

El primer paso que inició el camino hacia la crisis actual fue la decisión que tomó Caruana en 2004 de prescindir de los informes firmados por los inspectores a la hora de tomar decisiones sobre las entidades. En su lugar, son los jefes del departamento correspondiente los que elaboran un nuevo tipo de informe llamado ICE (Informe para la Comisión Ejecutiva). Y esos jefes no siempre incorporan los argumentos y advertencias de los inspectores.

De ahí que, en el caso Bankia, algunos miembros de la cúpula del supervisor hayan declarado que los informes que ellos recibieron no decían lo mismo que han declarado los inspectores. La información recogida sobre el terreno dejó de llegar arriba. Es más, hasta ese momento se facilitaban los informes a las entidades antes de tomar una resolución, y eso también deja de hacerse. Según fuentes que vivieron aquella época en el caserón de Cibeles, esta supresión de los informes por parte de Caruana pretendía evitar que los inspectores fueran a declarar en los tribunales en algún caso en que pudiera verse implicado el BdE.

Pero el cambio de rumbo definitivo se produjo con la llegada de MAFO, militante socialista que había ocupado varios cargos en los Gobiernos de Felipe González, en julio de 2006. Hasta ese momento, esa dirección general -la clave de bóveda del supervisor- siempre había sido ocupada por un inspector de carrera. Pero nada más desembarcar en el cargo, el nuevo gobernador desterró a Pedro Pablo Vilasante, el entonces director general de supervisión, a la AEB. Y lo sustituyó por Javier Aríztegui (uno de los imputados esta semana por la Audiencia Nacional), un hombre que provenía del área de estudios y había entrado en la institución por concurso de méritos, no por oposición. En vez de profesionales de la inspección, se colocaba a alguien de perfil político afín al Ejecutivo de Zapatero.

El Banco de Aríztegui y Martínez Tello

Con ese bagaje, Aríztegui inició una carrera meteórica. En 2009 presentó su dimisión el subgobernador José Viñals por su desacuerdo con la creación del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria), el vehículo que iba a centralizar las ayudas públicas al sector y el rescate de las entidades inviables tras el caos que había sido la intervención de la primera víctima de la crisis financiera, Caja Castilla-La Mancha. En este caso, se le buscó 'acomodo' en el FMI. Y MAFO aprovechó la oportunidad para ascender a su hombre de confianza al puesto de número dos de la institución.

Quedaba vacante, por tanto, la dirección general de supervisión, a la que fue ascendido Jerónimo Martínez Tello. En este caso sí era inspector de carrera, pero su nombramiento no supuso un retorno a las esencias, sino todo lo contrario: se había convertido en el abanderado de las tesis políticas que se habían plasmado en la famosa frase del presidente del Gobierno: "España tiene el sistema financiero más solvente del mundo". Había que evitar que salieran a la luz las vergüenzas que ya empezaba a dejar al descubierto el estallido de la burbuja inmobiliaria. Por eso, en 2008, desde su puesto de director del departamento de inspección de cajas, Martínez Tello había reunido a sus subordinados para explicarles que la circular contable era un poco rígida y que debían aplicarla "con cariño".

Esa fue la consigna que impuso al frente de la dirección general, y promocionó a los inspectores que aceptaron sin rechistar sus consignas, que pasaron a ser conocidos dentro del organismo como "los apaches" en un juego de palabras con su nombre. Los que no se plegaron y pugnaron por hacer valer las advertencias sobre la fragilidad del sistema financiero español empezaron a movilizarse con cartas al gobernador y denuncias públicas de la situación: "No nos están escuchando y esto puede acabar muy mal", decían. Incluso encontraron el apoyo del entonces presidente de la CECA (la confederación de las cajas), Juan Ramón Quintás, firme partidario de una recapitalización global del sector en 2009 (lo que se llamó "manguerazo"). Quintás también se cansó de predicar en el desierto y dimitió en marzo de 2010, también presionado por el Gobierno.

Salvar el caladero de empleo de los políticos

¿Por qué era tan importante salvar las cajas? La versión oficial es que suponían el 50% del sistema financiero y su caída podía haber tenido consecuencias catastróficas para la economía. La versión extraoficial es que eran el gran caladero de empleo de los políticos de todos los partidos (había cajas de todos los colores en función de la región, y en los consejos siempre había asientos también para la oposición). Y no solo de ellos, sino también de sus familias: "Todas las mujeres y cuñados inútiles de los políticos estaban colocados en las fundaciones, las participadas, la obra social..., puestos en los que no hacían nada y cobraban grandes nóminas", según otra de las fuentes consultadas. Este sistema exigía que los políticos de un partido apoyaran a los contrarios, un sistema engrasado con prebendas como las tarjetas 'black' o consejos de participadas cuasificticias.

Acabar con ese sistema habría supuesto una verdadera catástrofe para la partitocracia, y por eso se intentó forzar las cosas todo lo posible con una sucesión de parches: los préstamos del FROB para superar "debilidades transitorias" (el FROB 1), los SIP o fusiones frías, las fusiones calientes, la salida a bolsa de los grupos con insuficiencia de capital -Bankia y Banca Cívica- o las inyecciones directas a las cajas incapaces de captar recursos (el FROB 2). Pero eran tiritas tratando de taponar una hemorragia, y las entidades fueron cayendo una detrás de otra: CCM, CajaSur, CAM, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Unnim, Banco de Valencia... De hecho, la que se intentó salvar hasta el último momento fue el 'big fish', Bankia, pero al final la realidad se impuso. Y con su caída, España tuvo que pedir el rescate a Europa en 2012. El corolario fue que el BCE arrebató al BdE la supervisión de las 14 principales entidades del país.

La oportunidad de Linde

Martínez Tello se prejubiló ese año y pasó a ser "asesor" del nuevo subgobernador, Fernando Restoy (también imputado en el caso Bankia, pero en este caso por su papel en la CNMV, de la que era vicepresidente en ese momento). Pero el sustituto de MAFO como gobernador, Luis Linde, nombró como director general de supervisión a Mariano José Herrera, quien ha mantenido la línea de sumisión a los poderes políticos. Herrera ha dimitido esta semana por la decisión de la Audiencia Nacional, al igual que su adjunto, Pedro Comín.

Estas salidas abren un gran dilema para Linde, que puede optar por continuar en esta línea o por aprovechar la oportunidad para volver a la situación anterior a que se echara a perder el BdE. Para presionarle a que siga por la primera vía, los principales candidatos a sustituir a los dimitidos, Francisco Monzón y Javier del Río (ambos jefes de departamento dentro de la dirección de supervisión), han iniciado una polémica campaña de recogida de firmas en apoyo de los investigados por la Justicia.

Por el contrario, los inspectores 'rebeldes' creen que se deberían recoger firmas en apoyo de los inspectores que con sus denuncias han permitido llegar hasta aquí (Casaus, Sánchez Noguera, Busquets) y piden que se recupere para la dirección general a un 'duro' histórico del supervisor, Luis Lorenzo Olmeda, al que Aríztegui desterró al Fondo de Garantía de Depósitos en 2010 por sus enfrentamientos con varias entidades importantes. De momento, Linde ha aplazado la decisión; la comisión ejecutiva del martes simplemente aceptó las dimisiones sin nombrar sustitutos. Y no olvidemos que el BCE tiene las competencias de supervisión y es probable que tenga algo que decir en esta crisis.