La CNMC irrumpe en el debate de la estiba y echa un capote al Ministerio de Fomento

El conflicto de los estibadores acaba de recibir a un invitado inesperado en su momento más caliente. La CNMC ha abierto este jueves un expediente sancionador contra cinco empresas y tres sindicatos del Puerto de Vigo por "posibles prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la estiba". En concreto, se les acusa de firmar un pacto extraestatutario en 1996 para regular las condiciones laborales de los estibadores, "cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de la estiba portuaria".

Las empresas en el punto de mira son Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima, una sospecha que se extiende a tres sindicatos: UGT, CC.OO y la Confederación Intersindical Galega (CIG). Aún es pronto para determinar la cuantía de las hipotéticas sanciones a las que los citados se exponen, pues habrá que esperar a la resolución. La CNMC arranca desde hoy sus labores de investigación para confirmar o no los indicios. La Autoridad Portuaria de Vigo es quien dio la voz de alarma hace unos meses.

La apertura de expediente coincide con las negociaciones entre Fomento y los estibadores para consensuar el texto que irá al Consejo de Ministros el próximo 24 de febrero, pero el organismo regulador se desmarca del Ministerio. "Es pura coincidencia. Recibimos la información hace unos meses", explican fuentes de la entidad. Los operadores de Vigo han sido los primeros en caer bajo la lupa de la CNMC, pero no serán los últimos.

La libre competencia es también lo que persigue el departamento dirigido por Íñigo de la Serna. Su objetivo es meter mano a un sector con tintes monopolísticos para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que obliga a España a liberalizar su modelo de la estiba. Según Fomento, este es el único camino para evitar una sanción ya cuantificada en un mínimo de 21 millones de euros.

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El conflicto se ha recrudecido a medida que la fecha de aprobación del R/D se acercaba. Los representantes de los trabajadores y Fomento han sido incapaces de ponerse de acuerdo, si bien el Ministerio rompió este miércoles una lanza a favor de las negociaciones: retrasa una semana la aprobación del Real Decreto bajo la condición de que los estibadores se vuelvan a sentar en la mesa para pactar y renuncien a los paros parciales que habían convocado para la semana que viene. Y lo han hecho. Otra cosa es que en apenas siete días dé tiempo a consensuar un texto que contente a todas las partes.

El borrador actual del R/D acaba con la obligación para las empresas de entrar en el capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y contratar a uno de sus más de 6.100 estibadores. Muchos se refieren a ellos como un colectivo 'privilegiado' por los elevados salarios (unos 68.000 euros anuales de media), pero sobre todo por el nepotismo que pone incontables trabas a los nuevos que quieren entrar a probar suerte en esta industria. Por su parte, los sindicatos consideran que la remuneración es acorde al alto riesgo y formación específica que exige este trabajo.