Garoña: el CSN apunta al Gobierno ante el rechazo político y el silencio de las eléctricas

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acaba de pasarle una importante patata caliente al Gobierno de Rajoy. El pleno del CSN y los principales directores del consejo salieron en la tarde de este miércoles en rueda de prensa para explicar las condiciones que tendría que cumplir la central nuclear burgalesa para que pudiera reabrirse en condiciones de seguridad. Esta resolución, apoyada por cuatro miembros del pleno del consejo y rechazada por la socialista Cristina Narbona, deja en manos del Gobierno la decisión sobre la reapertura de Garoña, que lleva parada desde 2012. Por el momento, el plácet del CSN supone un hito, ya que abre la puerta a que por primera vez en España la energía nuclear se pueda operar con plantes de más de 40 años de edad.

La propia decisión venía cargada de polémica y dudas (algunos técnicos de la institución rechazan la misma) y ha suscitado la reacción contraria de todo el arco parlamentario. Desde el Partido Socialista, pasando por Ciudadanos o Podemos, todos se han declarado en contra de que Garoña vuelva a funcionar. Para el PSOE, no tiene sentido reabrir esta central por su limitada capacidad de producción y dudosa rentabilidad. Otros como Podemos han sido más contundentes y han dicho que legislarán para paralizar la raepertura si así lo decidiera el Gobierno.

La realidad es que Garoña está cerrada desde 2012 y la propia empresa que lo gestiona, Nuclenor (propiedad al 50% de Endesa y al otro 50% de Iberdrola) viene deslizando desde hace tiempo la idea de que la reapertura no tiene sentido económico para sus propietarias. El propio presidente del CSN, Fernando Martí (ex secretario de Estado de Energía con Rajoy), ya reconoció en octubre de 2016 que la compañía no había implementado las exigencias en materia de seguridad que debía llevar a cabo. La pregunta es: si ya se conocía esta falta de adecuación, ¿por qué se acelera este trámite ahora?

En este momento, el CSN condiciona una serie de inversiones en materia de seguridad para que se pueda reabrir (aunque no responden cuánto cuestan esas inversiones). Y de momento, las empresas callan. Este periódico se ha puesto en contacto con responsables directos de Garoña que han preferido guardar silencio.

Ante el aval del CSN, el Gobierno ha pedido seis meses de tregua. Desde el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal, han dicho que van a abrir un periodo de consultas en el que participarán CCAA, ecologistas y empresas implicadas. La que ya ha recogido el guante del Gobierno ha sido Castilla y León, que siempre ha sido favorable a la reapertura, por lo que ello implica desde el punto de vista social. Gran parte de la región alrededor de la cual se sitúa Santa María de Garoña vive directa o indirectamente de la actividad que genera la central. En este punto, los intereses del Gobierno popular de Castilla y León chocan directamente con los del País Vasco, región limítrofe a la central, que se ha declarado completamente en contra.

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Cotizalia / Agencias

Más difusos son los intereses de las empresas eléctricas. Hasta ahora, no han estado por la labor de hacer las inversiones necesarias para que se reabra Garoña. Habría que ver qué harían en caso de que tuvieran ayudas públicas. Sin embargo, muchos señalan, también la oposición, que la reapertura más allá de los 40 años de vida útil podría servir de precedente para el resto de centrales nucleares españolas, que son propiedad también de las grandes compañías eléctricas y dentro de pocos años llegarán a los 40 de vida. No obstante, el CSN sostiene que para cada caso se necesitarán las resoluciones pertinentes.

Ahora, el Gobierno tendrá que conjugar los diferentes intereses que hay en juego y decidir sobre uno de los temas que más polémica despiertan. Esta reapertura aparece en un momento de dificultad para el sistema eléctrico, que ha visto que las condiciones climatológicas adversas para las renovables han disparado la factura de la luz. Pero, por otro lado, este debate se produce en plena retirada de esta energía en Alemania después del desastre de Fukushima.