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Hacienda frena con más medidas de seguridad la insumisión fiscal en Cataluña
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AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA

Hacienda frena con más medidas de seguridad la insumisión fiscal en Cataluña

Cataluña tiene un futuro negro si quiere cobrar los tributos. Aislada internacionalmente para el intercambio de información, no tiene capacidad para crear una base de datos

Foto: La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría (d), conversa con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría (d), conversa con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La máquina tributaria está engrasada. Y lo que es más relevante: cuenta con todos los instrumentos necesarios para poder recaudar todos los impuestos. Solo hay un 'problema', y no es precisamente menor: la desconexión fiscal de Cataluña con el resto de España es hoy imposible salvo que alguien sea capaz de 'hackear' la granja de servidores de Hacienda que ha sustituido a RITA, el célebre superordenador de la Agencia Tributaria, lo cual no parece fácil.

Es más. Aunque fuera posible hacerlo, aparecería otro 'problema' no menos importante. Los contribuyentes catalanes —empresas y particulares— tendrían que decidir si pagan sus impuestos a la nueva Administración tributaria catalana o a la del Estado. Una decisión transcendental que podría acarrear una situación inédita y ciertamente kafkiana: pagar los impuestos a un fantasma tributario.

Solo hay una cosa clara. Y no es otra que la Agencia Tributaria de Cataluña ya existe, cobra regularmente sus impuestos y lo hace con arreglo a la ley. Y no tiene un tamaño despreciable. En 2015, último año con datos cerrados, recaudó 2.670 millones de euros en coherencia con sus competencias en materia tributaria. No en vano, gestiona una docena de tributos. El más importante, el de transmisiones patrimoniales (1.437 millones), pero también el de sucesiones y donaciones (458 millones), patrimonio (457 millones) o juego (199 millones). La última incorporación ha sido el tributo que grava las bebidas azucaradas. Eso quiere decir, ni más ni menos, que la Agencia Tributaria de la Generalitat, como es obvio, cuenta ya con una amplia base de 'clientes' tributarios.

Es verdad que no son todos los contribuyentes —la Hacienda estatal recauda el resto—, pero en todo caso lo que pone de manifiesto es que Cataluña cuenta ya con un sistema fiscal propio, pero muy dependiente del estatal. Eso explica que desde hace al menos dos décadas —desde que comenzó la corresponsabilidad fiscal en la recaudación de tributos como el IRPF o IVA—, el objetivo político ha sido pasar de una Agencia Tributaria de Cataluña (similar a la que tienen otras comunidades autónomas) a una 'administració tributària de Catalunya', ya con todas las competencias.

Esa estrategia consistente en 'hacer país' puede explicar los numerosos recursos que se han puesto a su disposición en los últimos años, en particular destinados a mejorar su infraestructura tecnológica. Algo que justifica la última inversión, que no es otra que sustituir la aplicación G@UDI por una nueva plataforma con nombre de inspiración poética, e-Spriu, mucho más potente. La Agencia cuenta con 349 funcionarios en las cuatro provincias catalanas y un presupuesto de gastos de algo más de 50 millones de euros.

'Controla', el ojo de Hacienda

Pero si la obra de Salvador Espriu destaca por lo simbólico, la construcción de la Agencia Tributaria catalana no tiene nada de alegórico ni de metafórico. Todo lo contrario. Lo que busca es la creación de algo material, como es la creación de una gran base de datos que hoy por hoy es imposible. Básicamente, por una razón. El acceso a cualquier información de carácter tributario deja rastro. La Agencia Tributaria cuenta para ello con una aplicación informática denominada 'Controla' —no es por casualidad— que registra todos los movimientos alrededor de un contribuyente.

Periódicamente, se analiza esa información, y si hubiera algún movimiento extraño entran en funcionamiento los sistemas de alerta y control. Exactamente igual que sucede en el caso de la Seguridad Social, que ha blindado la posibilidad de que la Generalitat tenga acceso al listado de pensionistas.

La información tributaria, en todo caso, no solo procede del contribuyente sino, sobre todo, de miles y miles de empresas e instituciones que envían la información sobre una determinada transacción a la Agencia Tributaria. Así, por ejemplo, si un particular adquiere un bien por más de 3.000 euros en cualquier establecimiento, esa compra queda automáticamente registrada en los ordenadores de Hacienda. Por lo tanto, no basta con confeccionar un censo de contribuyentes, sino que la Generalitat debería convencer a miles y miles de empresas de que trasladen la información que obra en su poder (por ejemplo, las nóminas) a la nueva Agencia Tributaria catalana. No hace falta detallar las consecuencias penales que tendría una insumisión fiscal de esas características.

Tampoco parece creíble pensar que una Administración tributaria catalana pudiera existir desconectada de los sistemas de gestión fiscal existentes en Europa u otra partes del mundo. Si hay algo evidente, es que en tiempos de libertad de movimientos de capitales el intercambio internacional de información tributaria es clave, y no parece que una Cataluña declarada unilateralmente independiente pueda tener muchos socios en materia tributaria.

La máquina tributaria está engrasada. Y lo que es más relevante: cuenta con todos los instrumentos necesarios para poder recaudar todos los impuestos. Solo hay un 'problema', y no es precisamente menor: la desconexión fiscal de Cataluña con el resto de España es hoy imposible salvo que alguien sea capaz de 'hackear' la granja de servidores de Hacienda que ha sustituido a RITA, el célebre superordenador de la Agencia Tributaria, lo cual no parece fácil.

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