La pérdida de poder adquisitivo lleva la tensión a las fábricas

La guerra (salarial) está servida. El repunte del IPC —hasta el 3% en enero— amenaza con elevar la conflictividad laboral. Entre otras razones, porque ni sindicatos ni empresarios tienen en estos momentos abierta una línea de negociación. Desde noviembre no se reúne la comisión de seguimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y nada indica que se vaya a producir un encuentro en las próximas fechas.

Pero si en anteriores ejercicios la ausencia de diálogo era menos relevante porque la inflación no era un problema (el IPC medio anual ha sido negativo en los tres últimos años), en 2017 ocurre exactamente lo contrario. Según datos de la secretaría de Acción Sindical de CCOO, los 743 convenios colectivos con vigencia durante este año (que afectan a 2,18 millones de trabajadores) han pactado un incremento salarial medio del 1,12%, con una horquilla que oscila entre el 0,69% en Extremadura y el 2% en Baleares. Es decir, muy lejos del 3% a que está subiendo la inflación.

Eso quiere decir que si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios, la conflictividad está servida. Entre otras razones, porque apenas el 14% de los convenios colectivos prevé una cláusula de garantía salarial que compense el incremento de los precios, por lo que en caso de que no se cierre un acuerdo, se produciría una pérdida general de poder adquisitivo.

El último AENC (al contrario que en 2015 y 2016) no cuantifica la subida salarial para este año. Se limita a reflejar que para determinar el aumento, “las organizaciones firmantes tomarán como referencia la evolución del PIB en 2016 [ 3,2%] y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, y lo concretarán en los tres meses siguientes a la publicación de este último”. Han pasado bastante más de tres meses y no hay acuerdo alguno, lo que explica que los sindicatos estén ya preparando movilizaciones en los centros de trabajo reclamando incrementos salariales coherentes con la evolución de los precios.

La estrategia de CEOE pasa por retrasar al máximo la negociación colectiva, para no hacerla coincidir con el punto máximo de IPC. No en vano, a medida que pase el año, el IPC irá descendiendo hasta el entorno del 2%. En particular, en la segunda parte del año, debido a un 'efecto escalón' respecto de los precios del petróleo. Es decir, los empresarios juegan con el tiempo para alargar las negociaciones.

Cláusulas de revisión salarial

Como se ha dicho, hay que tener en cuenta, según CCOO, que solo 420 de los 2.956 convenios registrados con efectos económicos en 2016 prevén una cláusula de revisión salarial. El problema es mayor si se tiene en cuenta que no todos los convenios que contienen ese tipo de cláusula contemplan una revisión con carácter retroactivo, si bien sí lo hacen la mayoría de ellos, concretamente en 2016 fueron 348 de los 420 convenios, lo que supone el 83%.

Los 420 convenios que contienen cláusula de garantía, con un incremento salarial medio del 1,01%, afectan a 1,47 millones de trabajadores, el 20% de todos los afectados por los convenios que registraron efectos económicos para 2016. Al 46% de estos trabajadores, con una subida salarial media del 1,26%, solo les afectará en la actualización de las tablas salariales que, en el caso de los que incorporen como referencia el IPC, se traducirá en un incremento adicional del 0,34%, para alcanzar el 1,6%.

Hay que tener en cuenta que la patronal CEOE ha recomendado a sus afiliados un incremento de hasta el 1,5% en la negociación colectiva. O del 2% si se registran avances en la productividad. En la función pública —tres millones de empleados—, el Gobierno ha congelado los sueldos en espera de la aprobación de un nuevo Presupuesto que difícilmente llegará, por falta de acuerdo con el Partido Socialista. Su previsión es subirlos solo un 1%, por debajo del índice de precios de consumo (Funcas prevé una inflación media del 2,2% en 2017). Es decir, la tensión laboral no solo se registrará en el sector privado, también en el público.

CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, han reclamado que los incrementos salariales para este año se muevan entre el 1,8% y el 3%. El objetivo es garantizar el poder de compra de las nóminas.

La conflictividad laboral ha sido mínima durante la crisis salvo las convocatorias de carácter general, tanto contra el Gobierno Zapatero como contra el Ejecutivo de Rajoy. Los últimos datos del Ministerio de Empleo reflejan que, entre enero y octubre del año pasado, se registraron 529 huelgas que secundaron 173.486 trabajadores, lo que supone el menor índice desde el comienzo de la crisis.