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Hacienda prorrogará Patrimonio para no hacer un roto de 1.300 millones a las CCAA
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cataluña será la principal beneficiada

Hacienda prorrogará Patrimonio para no hacer un roto de 1.300 millones a las CCAA

El Impuesto de Patrimonio seguirá vigente en 2017. Su supresión, que estaba prevista para el 1 de enero de 2017, se derogará en el decreto de prórroga presupuestaria

Foto:  La ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. (EFE)
La ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. (EFE)

En septiembre de 2011, y con “carácter temporal”, el último Gobierno socialista restableció la vigencia del Impuesto de Patrimonio, suprimido tres años antes por el mismo Ejecutivo en tiempos de ‘vacas gordas’. Esa ‘temporalidad’ que declaraba la norma dura ya, sin embargo, cinco años, pero en 2017 el tributo que grava la riqueza de los contribuyentes seguirá vigente. El Gobierno incluirá en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que debe presentar antes de que acabe el año, un nuevo aplazamiento.

La causa de esta demora tiene que ver con el margen presupuestario de las comunidades autónomas, que continúa siendo estrecho en un contexto de reducción del déficit, y su supresión definitiva llevaría consigo un ‘agujero’ de algo más de 1.080 millones de euros, que es lo que se prevé recaudar en 2016.

En el Plan Presupuestario enviado por el Ministerio de Economía a Bruselas el mes pasado, el Gobierno se comprometía a la “no-bonificación automática” por un importe de 1.300 millones de euros. E, incluso, se admitía que “se han puesto los mecanismos legales para que no sea así [la desaparición]". Esos ‘mecanismos legales’ se incluirán en el real decreto ley de prórroga presupuestaria.

El Gobierno incluirá un nuevo aplazamiento en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que debe presentar antes de que acabe el año

Hacienda argumentó en la Ley de Presupuestos de 2016 que la prórroga de la vigencia del Impuesto del Patrimonio se hacía en aras de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas. Y esa misma justificación se ampliará a 2017. No en vano, el déficit fiscal debe pasar del 4,6% del PIB en que presumiblemente acabará este año, al 3,1% del producto interior bruto. Una ajuste que ahora se considera incompatible con una pérdida de recaudación que se estima en cerca de una décima del PIB.

La Ley de Presupuestos de 2016 ahora vigente dejaba bien claro —artículo 66— que con efectos desde el 1 de enero de 2017 se aplicaría sobre la cuota íntegra del impuesto una bonificación del 100% a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir. Es decir, no se eliminaba el tributo —que seguía vigente por razones de control del fraude—, sino que se eximía de su pago a los contribuyentes afectados.

La prórroga, en todo caso, no afectará igualmente a todas las CCAA. Cataluña será, con diferencia, la más beneficiada, toda vez que es, precisamente, la que mantiene en mayor medida la eficacia del Impuesto del Patrimonio con tipos impositivos que gravan realmente la riqueza, mientras que la mayoría ha establecido un sistema de bonificaciones que deja prácticamente a cero su recaudación.

Los presupuestos de ingresos previstos para 2016 por el conjunto de comunidades autónomas en Patrimonio ascienden a 1.078 millones de euros, lo que supone un 4,4% de incremento respecto del año anterior. Es decir, ligeramente por encima del PIB nominal (con inflación). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que de esa cantidad, nada menos que el 44% —algo más de 472,6 millones de euros— se recauda en Cataluña, lo que significa que claramente sería la principal beneficiaria por la prórroga.

Bonificación del 100%

La Comunidad Valenciana, que prevé ingresar este año 136 millones de euros, y Andalucía, algo más de 88,8 millones, se sitúan, igualmente, en el grupo de cabeza, mientras que Madrid ha estimado una recaudación de apenas 5.000 euros, debido a que la bonificación es total. Madrid, como se sabe, mantiene la bonificación del 100% de la cuota establecida inicialmente en 2008, por lo que la obligación de presentar declaración corresponde únicamente a aquellos contribuyentes cuyo valor de bienes o derechos sea superior a los dos millones de euros.

El hecho de que Cataluña fuera la comunidad autónoma más perjudicada en caso de que Hacienda hubiera decido eliminar definitivamente el Impuesto del Patrimonio es políticamente muy relevante, toda vez que uno de los ejes del nuevo Gobierno es alcanzar acuerdos con la Generalitat, como reconoció la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el momento de asumir la cartera de política territorial. Y no parece la mejor forma de allanar el camino suprimiendo los casi 500 millones de euros que recaudaría Cataluña en 2017 si no se prorrogara un año más la norma.

Este nuevo clima de entendimiento con las comunidades autónomas ya se manifestó la pasada semana, cuando el Gobierno central anunció una acuerdo con el Ejecutivo de Aragón que entierra las discrepancias sobre los Presupuestos Generales de esa comunidad. El acuerdo —referido al incremento de la masa salarial de los funcionarios— lleva el sello de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que ha pasado a presidir las comisiones bilaterales con las CCAA, lo que políticamente es muy relevante. Ese acuerdo evita la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Los últimos datos de la memoria de la Administración Tributaria reflejan que 173.505 contribuyentes presentan declaración por el Patrimonio, y de ellos 52 declaran una base imponible superior a los 100 millones de euros. En otros 117 casos, se sitúa entre 50 y 100 millones, y 2.230 declaran una base imposible —lo que se grava— superior a los 10 millones de euros e inferior a 50 millones.

En septiembre de 2011, y con “carácter temporal”, el último Gobierno socialista restableció la vigencia del Impuesto de Patrimonio, suprimido tres años antes por el mismo Ejecutivo en tiempos de ‘vacas gordas’. Esa ‘temporalidad’ que declaraba la norma dura ya, sin embargo, cinco años, pero en 2017 el tributo que grava la riqueza de los contribuyentes seguirá vigente. El Gobierno incluirá en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que debe presentar antes de que acabe el año, un nuevo aplazamiento.

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