Rajoy se resiste a subir Sociedades como pide Bruselas y quiere Ciudadanos

Rajoy dejó muy claro hace unos meses que la recuperación de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades no constituía una subida fiscal. El presidente del Gobierno es ahora presa de sus palabras y se resiste a incrementar los tipos nominales de esta figura tributaria que se ha convertido en elemento esencial de la controversia que mantiene España con la Comisión Europea sobre las perspectivas de estabilidad presupuestaria para el próximo año 2017. El Partido Popular va a necesitar más que nunca el apoyo de Ciudadanos para reafirmar su posición política ante los dirigentes de Bruselas.

En las filas del nuevo Gobierno existe cierta preocupación ante la escasa sutileza con que suele exhibirse Albert Rivera cuando se refiere a algunos de los apartados económicos del pacto de investidura establecido el pasado verano y que, a la postre, ha sido determinante también para desbloquear la situación política en España. Las referencias del presidente de Ciudadanos cuando apunta, sin mayores matices, a un eventual incremento de la factura fiscal que han de pagar las empresas provoca escalofríos en el entorno de Rajoy: “No es eso lo que dice el documento de los 150 compromisos para mejorar España”, señalan en medios oficiales.

El su primer bloque sobre ‘Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo’ el acuerdo entre el PP y Ciudadanos establece literalmente la necesidad de “reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más”. Pero, eso sí, todo ello “sin subir los tipos nominales de este impuesto”, según se añade acto seguido. El detalle es crucial por cuanto que Rajoy no quiere estrenar su nuevo mandato con un incremento directo de la carga fiscal para los contribuyentes. En 2011 fueron las clases medias las que pagaron el pato con el IRPF y ahora serían las empresas en las que descansa buena parte de la recuperación del empleo.

El objetivo de Hacienda con el Impuesto de Sociedades quedó patente hace tiempo, cuando el ministro Montoro criticó el mínimo tipo efectivo que se paga en España gracias a la cascada interminable de desgravaciones que contiene la normativa actual. La ‘madre del cordero’ consiste ahora en laminar todos esos privilegios fiscales que han terminado por generar un ‘agujero’ estructural en la recaudación de este tributo soliviantando también a los funcionarios de Bruselas cada vez que establecen comparaciones entre España y la zona euro. En la pasada legislatura el tipo de gravamen para las grandes empresas terminó alrededor del 8% pero en 2011 los mayores contribuyentes no pagaban de media ni siquiera un 4%.

El Gobierno no quiere estrenar ahora su segundo mandato con un incremento de impuestos como ya ocurrió hace cinco años con la subida del IRPF

Los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades en el año 2015 ascendieron a 20.649 millones, con un incremento del 10,3% sobre un año antes pero a lo largo del presente ejercicio Hacienda se estaba llevando un importante batacazo con respecto a la previsión contemplada inicialmente en los Presupuestos del Estado que apuntaba a un nuevo crecimiento del 20% en la recaudación. De ahí la recuperación de los pagos fraccionados que, al cambio, supone la aplicación de las antiguas retenciones que serán mantenidas mientras que el déficit del Estado no se reduzca por debajo del 3%.

Con esta condición previa y teniendo en cuenta la previsión más exigente de la Comisión Europea, que establece una senda fiscal de déficit para España en el 3,1% del PIB en 2017, está descontada la consolidación del sistema de pagos fraccionados a lo largo de todo el próximo ejercicio. La prolongación en el tiempo de esta medida podría interpretarse como una subida en términos reales del Impuesto de Sociedades. De ahí que el Gobierno se resista como 'gato panza arriba' a ceder a los cantos de sirena de Ciudadanos e incluso a las presiones que empiezan a llegar desde Bruselas para aumentar también de entrada el tipo nominal general, que está fijado ahora en el 25% del beneficio.

Hacienda considera que la reforma llevada a cabo con las retenciones es suficiente por el momento para asegurar la estabilidad presupuestaria comprometida con la Comisión Europea. En octubre la recaudación por este concepto ha alcanzado los 6.000 millones de euros y se espera que en diciembre puedan obtenerse nuevos ingresos por valor de 4.000 millones. El cierre de 2016 está resuelto pero el problema se suscita para 2017 dado el afán de Bruselas por ajustar las cuentas a España y la diferente longitud de onda con que se manejan los responsables de la política fiscal de Ciudadanos en sus relaciones con el Gobierno.