El Congreso exime de la reforma de Sociedades a Canarias, Ceuta y Melilla

El Congreso convalidará este jueves, con el respaldo de casi todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y Coalición Canaria), el decreto ley que aumenta los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Justo el día en que acaba el plazo para efectuar el primer pago al que se aplica esta reforma, que debe ser ingresado durante los 20 primeros días de octubre.

El amplio respaldo parlamentario se ha producido después de que los cinco grupos pactaran una enmienda —que se articulará a través de la reforma parcial de la Ley de Estabilidad Presupuestaria—, que en la práctica supone eximir del adelanto de los pagos fraccionados a los territorios con ventajas fiscales en materia de fiscalidad de las empresas. Es decir, Canarias, Ceuta y Melilla. Ambas ciudades norteafricanas se benefician de bonificaciones en los pagos fraccionados por rentas obtenidas en esos territorios.

En concreto, la enmienda establece que podrá reducirse de la base imponible el importe de la reserva para inversiones en Canarias que prevea realizarse. Eso sí, “prorrateada en cada uno de los periodos de los tres, nueve u 11 primeros meses del periodo impositivo y con el límite máximo del 90% de la base imponible de cada uno de ellos”.

La enmienda establece, igualmente, que si el importe de la reserva que efectivamente se dote fuera inferior en más de un 20% del importe de la reducción en la base imponible realizada para calcular la cuantía de cada uno de los pagos fraccionados elevados al año, la entidad estará obligada a regularizar dichos pagos por la diferencia entre la previsión inicial y la dotación efectiva, sin perjuicio de la liquidación de los intereses y recargos que, en su caso, resulten procedentes.

El endurecimiento del Impuesto de Sociedades ya entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, el pasado 30 de septiembre, con lo que ya se ha aplicado al pago fraccionado de octubre. Hacienda calcula que recaudará unos 5.800 millones de euros adicionales. Los 2.500 millones restantes se ingresarán, previsiblemente, en el pago de diciembre, ya que el Impuesto de Sociedades se abona en tres pagos al año: abril, octubre y diciembre.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, defenderá ante el pleno esta medida, que en total ingresará 8.300 millones adicionales este año, con los que el Gobierno en funciones confía en lograr el objetivo de déficit comprometido en el 4,6% del PIB. De hecho, esas son las cuentas que se han enviado a Bruselas en el marco del plan presupuestario 2017.

El endurecimiento del Impuesto de Sociedades entró en vigor el pasado 30 de septiembre, con lo que ya se ha aplicado al pago fraccionado de octubre

La reforma, que tendrá una vigencia indefinida, implica que las 9.000 empresas que facturan más de 10 millones deben adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23% de su resultado contable en abril, octubre y diciembre.

Fecha de caducidad

“El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3%, por lo que hay que mirar hacia 2018, subrayó el ministro recientemente, tras recordar que la medida permitirá recaudar unos 8.000 millones más para que el Impuesto de Sociedades vuelva a los 20.000 millones de recaudación anuales de los últimos ejercicios.

El pago mínimo será del 25% del resultado contable para las entidades de crédito y las empresas dedicadas a la exploración de yacimientos de hidrocarburos, que son las que cuentan con un tipo de gravamen incrementado del 30%, frente al tipo general de Sociedades del 25% establecido con la reforma fiscal.

Además de fijar el pago fraccionado mínimo, el decreto ley modifica también el cálculo del pago, de forma que se aplicará el 24% de la base imponible en lugar del 17% actual.

El trámite parlamentario del decreto ley no permite hacer cambios, por lo que se decidió aprovechar la votación también este jueves de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir la enmienda. Esa reforma tiene como objetivo dar cobertura legal a los nuevos objetivos de déficit de las comunidades autónomas: 0,7% del PIB, en lugar del 0,3% anterior.