Los interinos preparan la artillería legal para cobrar la misma indemnización que los fijos

Los interinos calientan motores. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha puesto en marcha la maquinaria legal para analizar los "conflictos por la situación de interinidad que previsiblemente se producirán en nuestras administraciones" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ratificado el fallo europeo. "Estamos recibiendo muchísimas consultas y en los próximos días vamos a lanzar una campaña informativa", señalan.

El TSJM ha hecho suya la interpretación realizada por el tribunal tras la denuncia de Ana de Diego Porras, una trabajadora que sustituyó durante más de siete años a una liberada sindical. Cuando esta volvió a su puesto en 2012, Ana fue despedida sin indemnización, dado que los contratos de interinidad no tienen indemnización al término del contrato.

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En su escrito, la Justicia madrileña recuerda que "no se puede discriminar" a la empleada en cuanto a la extinción de la relación laboral como consecuencia del tipo de contrato, y asume la argumentación de la sentencia europea. Más allá de la repercusión mediática, Luis García Botella, abogado de la trabajadora, explica a El Confidencial que una de las consecuencias de la sentencia es la evolución hacia un contrato único: "Hasta hoy, la única diferencia entre el contrato indefinido y temporal era la indemnización que percibían los empleados".

Ahora, con la decisión de ambos tribunales, CSIF cree que se ponen de relieve las "graves lagunas que padece el ordenamiento jurídico español en la protección de los trabajadores temporales (...) y los abusos en la contratación temporal", según reza el comunicado difundido este miércoles.

Como ya hicieron tras conocerse el fallo europeo, el sindicato reclama una oferta pública que evite el "abuso" de este modelo de contratación y reducir a la mitad la contratación de personal interino, amén de acabar con la tasa de reposición.

La primera sentencia, dictada en Galicia

Nueve días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Justicia española ha reconocido a tres enfermeras y a seis auxiliares de enfermería de Galicia como indefinidas después de llevar desde 2008 firmando contratos temporales con una duración de seis meses.

Según una sentencia del 19 de septiembre a la que tuvo acceso El Confidencial, el Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo considera que los contratos eventuales firmados constituyen un fraude de ley, y que estas nueve trabajadoras tienen que ser reconocidas como personal indefinido del Servicio Gallego de Salud (Sergas). Por ello, obliga a este organismo público a crear nueve plazas de carácter estructural y reconocerles su antigüedad desde el primer día en el que firmaron su primer contrato temporal. Además, acusa a Sergas de haber actuado con desviación de poder.

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El Sindicato de Auxiliares de Enfermería de Galicia reconoce que son "bastantes" los casos de trabajadores que se encuentran en esta situación. "Casi todos son contratos basura que no garantizan en absoluto una estabilidad", dice, advirtiendo de que la "calidad de vida" de estos empleados no solo es mala sino que, además, "no pueden planificar nada" de cara al futuro.

Desde la sede central de este sindicato en Madrid consideran que a partir de esta sentencia será mucho "más fácil" que empiecen a interponerse "más demandas" como la de estas nueve trabajadoras y haya un mayor número de "sentencias en firme" que reconozcan a estos trabajadores como indefinidos, después de años con contratos temporales cada seis o 12 meses.

300.000 interinos podrían beneficiarse

Tal y como ya publicó El Confidencial, el sindicato calcula, tomando como base la Encuesta de Población Activa, que en la actualidad hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal para cubrir una baja total o parcial, con una tasa cercana al 11%, que se eleva al 20% en sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia. Desde CSIF, abogan por una solución "urgente" para evitar un colapso en los juzgados, dado el número de potenciales afectados.

Por su parte, el Ministerio de Empleo insiste en que ya están estudiando la sentencia europea para su "encaje" en el ordenamiento jurídico español e insisten en que su intención es buscar una "solución dialogada" con los agentes sociales, las comunidades autónomas y los partidos políticos.