El bloqueo político aboca a Madrid y otras CCAA a prorrogar sus Presupuestos

Lo dice la consejera de Hacienda de un Gobierno autonómico: “Sin techo de gasto y sin límite de endeudamiento, es imposible hacer los Presupuestos de 2017” ¿Qué significa esto? Pues que algunos gobiernos regionales se verán obligados a prorrogar un año los Presupuestos de 2016, con todo lo que eso conlleva.

La causa tiene que ver con el bloqueo político y con el hecho de que al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de este año, que deberían presentarse en el Congreso antes del 1 de octubre, las comunidades autónomas carecen de un marco presupuestario. Entre otras cosas, porque buena parte de su financiación depende de transferencias de la Administración central a los gobiernos regionales.

En el pasado, se han producido otras prórrogas presupuestarias a nivel estatal, pero la diferencia respecto de la situación actual es que ahora está vigente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a una serie de trámites que el Gobierno en funciones no está en condiciones de garantizar. Y aunque Hacienda ha suscitado la idea de que se modifique de forma urgente esta ley, la idea no parece que vaya a salir adelante en el actual contexto político. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una ley orgánica que exige mayoría absoluta para su aprobación.

Algunas comunidades, como Extremadura, han pedido un dictamen al Consejo de Estado para conocer las competencias del actual Gobierno en funciones para remitir a las comunidades autónomas la información exigida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012. Pero hoy por hoy, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continúa esgrimiendo que un Gobierno en funciones no tiene facultades para remitir a las regiones esas previsiones. Es decir, tanto los ingresos previstos como el techo de gasto o los límites de endeudamiento, una información que se considera esencial para la elaboración de los Presupuestos autonómicos.

El desconcierto de las regiones es tan singular que ni siquiera, de manera formal y con arreglo a la ley, las comunidades autónomas están autorizadas este año a aumentar su déficit del 0,3% al 0,7%, como se comprometió en su día el Ministerio de Hacienda, sin que haya habido por medio un cambio normativo. Ese nuevo porcentaje sí ha sido incluido en el Programa de Estabilidad del Reino de España, pero sin soporte legal alguno.

La solución que se llegó a apuntar para resolver este entuerto es la convocatoria de una especie de Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuviera carácter informal. Pero, hasta la fecha, nadie ha recibido esa convocatoria, y es muy probable que nunca llegue hasta que se desbloquee la situación política. Aunque la fecha límite para la presentación en los parlamentos regionales de los proyectos de Presupuestos no es homogénea, en general se presentan cada año en la segunda mitad del mes de octubre, una vez que la tramitación de los PGE ha visto la luz en el Congreso (alrededor del 20 de octubre).

Eso significa que, si antes de ese plazo no hay un acuerdo político, es muy probable que se produzca una prórroga en cadena de los Presupuestos autonómicos. Algo que afectaría a regiones tan relevantes en términos económicos como Madrid. Ayer mismo, Enrique Ossorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, no descartó la prórroga presupuestaria, algo que baraja, según fuentes de toda solvencia, la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo.

Plan A y plan B

La decisión, en todo caso, no está tomada de forma definitiva, lo que significa que ahora se trabaja con un plan A y un plan B. Es decir, aprobar los Presupuestos, aunque sea de forma transitoria, o desistir a la espera de que haya Gobierno en España.

Hay que tener en cuenta que el conjunto de recursos de la financiación autonómica sujeto a entregas a cuenta ascenderá este año a 95.492 millones de euros, lo que supone casi el 57% de los gastos totales previstos por las CCAA. Y como dice una consejera de Hacienda, “no sabemos siquiera si un próximo Gobierno puede modificar el sistema de entregas a cuenta”.

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado recogen como gasto las transferencias a los entes territoriales, tanto las que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes (fondo de suficiencia, fondo de garantía, fondos de compensación interterritorial, participación en ingresos del Estado de las corporaciones locales, etc.) como aquellas otras que se derivan de convenios, contratos-programa o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estos entes comienzan a elaborar con detalle sus Presupuestos una vez que conocen el techo de gasto aprobado por las Cortes, pero no solo eso. También la llamada regla de gasto, que deben cumplir según lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que sostiene esa norma es que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales “aprobarán” un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria (la senda marcada por Bruselas) y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus respectivos presupuestos.