El Gobierno en funciones solo ha sacado un decreto-ley desde las elecciones del 20-D

Quien hace un cesto hace ciento, pero la verdad es que el actualGobierno en funcionesno se ha distinguido precisamente por abusar de los mimbres legislativos que le confiere su excepcional situación de interinidad en el poder. Desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, las primeras de una serie indefinida de convocatorias a las urnas,el Consejo de Ministros tan solo ha aprobado un real decreto-leycon efectos directos para la vida económica de los ciudadanos españoles, poniendo de manifiesto que la actividad productiva del país depende exclusivamente de las actuaciones y reformas adoptadas antes de finalizar 2015.El ejercicio de 2016 se puede considerar, a fecha de hoy, ysobre todo después del reciente intento de investidura deMariano Rajoy, un año totalmente perdido.

La única normativa que salió adelante en la pasada y fallida legislatura fuela prórroga del llamado Plan Prepara,destinada a facilitar la ayuda de426 euros mensuales a los parados de larga duracióncon cargas familiares. Este programa, derivado de un acuerdo con los agentes sociales, estarávigente hasta el 15 de abril del próximo año, si bien la ministra de Empleo,Fátima Báñez, se curó en salud para facilitar eventuales extensiones en el calendario mediante prórrogas automáticas mientras la tasa de paro no baje del 18%. Ni qué decir tiene que los grandes grupos parlamentarios aceptaron sin rechistaruna medida de fuerte calado social,que no ha servido como precedente para otras iniciativas semejantes.

Uno de los ejemplos más elocuentes de la parálisis legislativa es la proposición de la denominada Ley 25 con quePodemosse estrenó en el Congreso nada más tomar posesión de su cuota de poder tras el 20-D. El proyecto fue admitido a trámite con elrespaldo del PSOE y Ciudadanos,pero quedó reducido a un simple brindis al sol al fallar el acuerdo de investidura dePedro Sánchez,que supuso la disolución de Las Cortes y la puesta en marcha del siguiente proceso electoral culminado en los comicios del pasado 26-J. Curiosamente, el voto contrario de la formación que dirigePablo Iglesiascontra la candidatura del líder socialista echó por tierra la aprobación de su célebre proyecto de emergencia social.

El aumento de las pensiones y del salario de los funcionarios dará lugar a un enfrentamiento con Bruselas que el Gobierno quiere evitar a toda costa

La inestabilidad institucional derivada de lafalta de consenso políticoy el celo del Gobierno en funciones a la hora de tentarse la ropa parano dar pábulo a eventuales críticas de déficit democráticoson las dos constantes que colapsan las expectativas políticas en materia económica, más allá del dictado de la Comisión Europea. La única tarea legislativa que mueve a los ministros de Rajoy es la que emana delos compromisos con Bruselas, que obligan a superar cualquier complejo doméstico para evitar que las autoridades comunitarias terminen cumpliendolas peores amenazas que acechan al Reino de Españacomo Estado miembro de la zona euro.

El déficit que sonroja a nuestro país ante sus socios comunitarios no es solamente de cariz presupuestario, sino que también supone unaimportante deuda en materia de adaptación legislativaa la normativa de la Unión Europea. En estos momentos, España tienependientes de trasposición un total de 19 directivasque necesitan rango de ley para poder ser incorporadas al ordenamiento jurídico y mercantil. Entre ellas, se incluyen los más significativos proyectos varados en las Cortes desde hace más de un año sobrecontratación del sector público, sin duda una de las principales asignaturas para pasar a limpio el proceso de regeneración política con que se llenan la boca todos los partidos cada vez que tienen que actualizar sus campañas electorales.

El Gobierno no tiene ninguna intención de tensar la cuerda en el Congreso, para no arriesgar su credibilidad pública con sucesivas derrotas parlamentarias. En la misma línea de actuación, los ministros del área económica tampoco están en condiciones dedesafiar los objetivos de estabilidad, máxime después del ‘cuartelillo’ obtenido hace pocos meses de sus superiores en Bruselas. La prórroga de dos años para rebajar el ‘agujero’ de lascuentas públicas por debajo del 3%ata de pies y manos a Rajoy ante cualquier petición de mayor gasto estructural. De ahí las complicaciones que entraña lapuesta al día de las pensiones y del sueldo de los funcionariossin un nuevo Presupuesto del Estado que garantice un compromiso institucional con la Unión Europea.

La única prioridad reside en el decreto de reforma del Impuesto de Sociedades, que supondrá ingresos de 6.000 millones para Hacienda este mismo año

La única prioridad del Gobierno en funciones consiste actualmente en la aprobación del anunciadodecreto para la reforma del Impuesto de Sociedades, con el que se pretende recuperar la modalidad delpago fraccionadoque se cuantifica en un total de6.000 millones de eurosen ingresos anticipados para la Hacienda Pública. La propuesta oficial será remitida al Parlamento en las próximas semanas, con el fin de que la medida esté operativa antes de octubre, cuando un total de 4.400 empresas con volumen de negocio superior a los 20 millones de euros deberán efectuar los primeros desembolsos, equivalentes al20% de sus resultados contables.

En cualquier caso, se trata de una actuación extraordinaria a fin de evitar o, al menos, dilatar la multa de la Comisión Europea por déficit excesivo. Más allá de este propósito esencial, el Gobierno que todavía preside Mariano Rajoy no parece que vaya a mover nuevas fichas en materia económica, lo quecontrasta con los anteriores y más cortos periodos de tránsito en pasadas legislaturas. En 1993 se aprobaron257 reales decretos y 263 acuerdos,que supusieron al cambio238 millones de eurosentre convalidaciones y autorizaciones de gasto y contratación. En 1996, los decretos del Gobierno en funciones fueron277, con 657 acuerdos de Consejo de Ministros, si bien los efectos económicos se redujeron a34 millones de eurosen pesetas equivalentes.

La situación más parecida a la actual se dio en el año 2000 con el primer Ejecutivo en funciones deAznar, que solo convalidó1,5 millones de euros,aunque aprobó160 reales decretos y 216 acuerdos. En 2004, y antes de entregar el testigo aZapatero, el Gobierno saliente del PP abrió algo más la mano y aprobó gastos por114 millones de euros a partir de 83 reales decretos y 193 acuerdos ministeriales. En 2008, última referencia de la que existen datos oficiales, la crisis económica no impidió que se autorizasengastos de 187 millones,aun cuandoel número de decretos se redujo a 38 con solo 25 acuerdosadoptados por el máximo órgano colegiado del Gobierno en funciones.