España incumple su propia ley y la deuda no bajará del 60% del PIB hasta 2035

La disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo dice con claridad: “En 2020 deberán cumplirse los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de esta Ley”. ¿Y qué es lo que dicen esos artículos? Pues ni más ni menos que el volumen de deuda pública “no podrá superar el 60% del PIB o el que se establezca por la normativa europea”.

¿Cumplirá España ese mandato legal? La AIReF, la Autoridad Fiscal Independiente, lo niega de forma rotunda. Es más, considera que el cumplimiento del artículo 13, es decir, situar en el 60% el nivel de deuda, no se logrará “hasta el año 2035”. Por lo tanto, 15 años después de lo previsto por una ley aprobada al principio de la legislatura de Mariano Rajoy y que, por entonces, se consideró la clave de bóveda de la sostenibilidad presupuestaria junto a la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada en su día entre el PSOE de Rodríguez Zapatero y el Partido Popular. De esos 60 puntos de PIB, 13 puntos corresponden a las comunidades autónomas, prácticamente la mitad respecto de su nivel actual.

Hoy, aquello es papel mojado. Y de hecho, como sostiene la Autoridad Fiscal, la deuda pública en circulación continuará creciendo, también en 2016. En concreto, la AIReF considera que este año el endeudamiento público subirá hasta representar el 99,5% del PIB. Por lo tanto, por encima del 99,1% incluido hace apenas unos meses por el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad. Y ya lejos del 98,5% que el propio Ministerio de Hacienda consideró probable en un acuerdo de Consejo de Ministros de 2015.

Esa previsión de la Autoridad Fiscal es, incluso, conservadora, si se tiene en cuenta la evolución más reciente del déficit público, que sugiere un claro incumplimiento de la senda pactada con Bruselas. La AIReF ve como muy probable que el déficit presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos) se coloque este año dentro de una horquilla situada entre el 4,1% y el 4,7% del PIB (frente al 3,6% previsto por el Gobierno). Eso quiere decir que si la deuda se sitúa en la parte alta de la horquilla, el endeudamiento público se colocará por encima del 100% del PIB.

El organismo que preside José Luis Escrivá va más allá y recuerda que la Ley de Estabilidad obliga a que cuando la economía alcance una tasa de crecimiento real de, al menos, el 2%, la ratio de deuda pública “debería reducirse anualmente, como mínimo, un 2% del PIB”. Sin embargo, sostiene, se prevé que la ratio de deuda sobre PIB registre una reducción acumulada durante todo el periodo de apenas cinco puntos porcentuales del PIB, situándose el nivel de deuda en 2020 cerca del 94% del PIB (34 puntos más que lo legalmente permitido). La conclusión de la AIReF es que esta senda “no permite” la consecución de dicho objetivo en el plazo fijado (2020), dada la distancia respecto del objetivo del 60%.

La barrera psicológica del 100%

El Gobierno ha puesto todo el empeño -desde luego, en términos diplomáticos- en evitar que la deuda supere la barrera psicológica del 100% del PIB. Y, de hecho, es uno de los argumentos que esgrime en las alegaciones que ha enviado a Bruselas para evitar que España sea sancionada por incumplir la senda de reducción del déficit pactada en 2013 con la Comisión Europea. Es más, el Ejecutivo sacaba pecho ante Bruselas de que en 2015, por primera vez desde la Gran Recesión, la deuda había bajado respecto del PIB.

La tramitación de la sanción está, en cualquier caso, en marcha. Y es probable que la Comisión Europea haga públicas sus intenciones el próximo miércoles, si bien es posible que la congelación de los fondos estructurales -unos 60 programas- tenga que esperar hasta después del verano, toda vez que el Parlamento europeo también tiene voz en este asunto.

El empeoramiento de la ratio de deuda hay que vincularlo parcialmente a la evolución de la inflación. O, mejor dicho, al hecho de que el IPC (principal componente de la inflación) continúa hundido en tasas negativas, como argumentó el Gobierno ante Bruselas en sus alegaciones.

Como sostiene la AIReF, las previsiones de inflación observadas en el primer semestre han supuesto “constantes sorpresas negativas” (tasa media anual del -0,8% en los primeros seis meses del año), lastradas principalmente por la moderación en la inflación subyacente (sin energía y alimentos no elaborados), ya que no se aprecian bajadas adicionales de los precios del petróleo. Y al compararse el nivel de deuda con el PIB nominal, dice la AIReF, las dificultades para reducir la ratio “son mayores”. La baja inflación afecta sobre todo a las bases imponibles, tanto a las impositivas como a las cotizaciones sociales.

Los servicios técnicos del Ministerio de Economía, en concreto, estiman que la necesidad de financiación de las administraciones públicas habría sido aproximadamente 0,7 puntos del PIB inferior en 2015 (el déficit público), si la inflación observada hubiera coincidido con las previsiones trianuales de la Comisión Europea publicadas en 2013 (año en que el Consejo de la UE fijó el objetivo del 4,2% del PIB para 2015).