El Gobierno necesita 22.000 millones para salvar a la Seguridad Social del colapso

Lo que hace pocos trimestres era una previsión de la Autoridad Fiscal Independiente pronto se habrá convertido en una realidad. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se acabará en 2018. Es decir, en apenas año y medio la hucha de las pensiones se quedará sin fondos. La causa tiene que ver con el abono de las pagas extraordinarias a los pensionistas, que consume cada seis meses (en diciembre y julio) más de 8.500 millones de euros. Y los ingresos por cotizaciones sociales no son suficientes para hacer frente a las obligaciones de pago.

Después de la retirada de 8.700 millones el pasado viernes, el Fondo de Reserva cuenta con una dotación de 25.176 millones, lo que supone que hay dinero para pagar la extra de navidades de este año y las dos de 2017. A partir de 2018, solo una aportación extraordinaria del Estado podría hacer posible que la Seguridad Social pueda hacer frente a sus compromisos.

Y la fórmula que baraja el Gobierno -que ya fue sugerida hace un año durante la presentación del proyecto de ley de Presupuestos 2016- es ‘descargar’ de las cuentas de la Seguridad Social los más de 22.000 millones de euros que ahora destina a pagar las pensiones de viudedad y de orfandad, y que no tienen el carácter de contributivas. Es decir, que se abonan sin que haya correspondencia con lo cotizado por el beneficiario.

Se trata, como es obvio, de una cantidad muy elevada (dos puntos del PIB) que el Gobierno tendría que cubrir vía impuestos, y ese es, precisamente, el problema. El margen presupuestario es nulo. Máxime cuando España todavía tiene que hacer frente a un recorte adicional de más de 8.000 millones de euros que exige Bruselas para cumplir los objetivos de déficit.

Hay que tener en cuenta que el 25% de las pensiones son de viudedad, y el 3,6%, de orfandad. En números absolutos, eso significa 2,37 millones de pensiones de viudedad y 347.376 de orfandad. Las pensiones de viudedad cuestan cada año al sistema (por 14 pagas) 20.510 millones de euros, mientras que las de orfandad, 1.764 millones. En total, 22.274 millones de euros.

Bloqueo institucional

El Gobierno tenía la intención de llevar este asunto a la Comisión del Pacto de Toledo, pero el bloqueo institucional que se ha producido desde el pasado 26-J lo ha hecho inviable. El resultado es dramático para la Seguridad Social, agobiada presupuestariamente por la pérdida de más de dos millones de cotizantes desde el comienzo de la crisis económica, pero también por los bajos salarios (que reducen las bases de cotización) y por la generalización de las tarifas planas que merman la recaudación. La Seguridad Social, además, sufre por la baja inflación, que produce un fuerte desfase entre lo cotizado (las bases de cotización no suben) y lo pagado a los nuevos pensionistas, cuyos ingresos son sustancialmente superiores a lo que percibían quienes causan baja por fallecimiento.

Y es que los problemas financieros de la Seguridad Social nada tienen que ver con una situación coyuntural. El propio Gobierno prevé que este año el sistema público de pensiones registre un déficit equivalente a 1,1 puntos del PIB (cerca de 11.000 millones de euros), mientras que en 2017 lo previsto es un desequilibrio equivalente al 0,9% del PIB. En 2018, el déficit será del 0,8% del producto interior bruto y en 2019, de 0,7 puntos. Es decir, ni siquiera la recuperación de la actividad económica, con la creación cada año de más de 400.000 puestos de trabajo, será suficiente para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. Ni siquiera este año, cuando la economía crecerá en el entorno del 2,7%.

Según Carlos Bravo, responsable de protección social de CCOO, el incremento registrado en los ingresos por cotizaciones sociales (2%) queda en realidad muy lejos del objetivo previsto por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De hecho, los ingresos por cotizaciones sociales (derechos reconocidos) registran una recaudación acumulada al mes de abril de 4.305 millones de euros menos (-12,24%) que lo inicialmente previsto para este periodo en los PGE. Una desviación, sostiene Brazo, que es “incluso más alta que la ya registrada en 2015”.

El Gobierno, como se recordará, decidió suspender los límites de utilización que prevé la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, un 3% anual del gasto en pensiones y de gestión de las mismas, lo que le ha permitido consumir cuantías muy por encima de las que inicialmente se previeron cuando se creó el Fondo que, en última instancia, están contribuyendo a su agotamiento prematuro.