Todos contra las sicavs: la batalla electoral frena su creación y acelera su disolución

Nusa Gestión Patrimonial, Monma Inversiones, Macrison de Inversiones, Comeback Consultancy, Taex XXI, Carlinvest 2014 y Amtra Global. Son los nombres de las sociedades de capital de inversión variable (sicavs) que han comunicado desde mediados de mayo su transformación en sociedad limitada o su disolución. Este goteo de bajas, combinado con el frenazo en la creación de nuevas sociedades en 2016 con respecto a los últimos años, confirma la sensación de incertidumbre que envuelve a estos vehículos de inversión en el escenario actual tras haberse convertido en arma electoral por parte de los partidos políticos.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es el organismo encargado del control de las sicavs, en lo que va de año se han creado una quincena de sociedades, una cifra sensiblemente inferior a la de los dos últimos años. En 2015 se registraron más de 180 sicavs y en 2014, más de 200; de forma neta, en 2015 el número de sicavs aumentó en 144 vehículos y en 2014, en 193.

Fuentes financieras aseguran que tanto en la disolución o transformación de sicavs como en su menor creación influye el cambio de escenario que se avecina en la siguiente legislatura. De un modo u otro, los partidos ya incluyeron en la cita de diciembre y mantienen en los programas para el 26-J novedades importantes para estos vehículos.

Todos los partidos anuncian cambios sobre las sicavs, centrados principalmente en un mayor control para acreditar que son vehículos de inversión colectiva

En todos los casos, coinciden en establecer nuevos criterios para garantizar que las sicavs actúan, en efecto, como instituciones de inversión colectiva y cuentan verdaderamente con al menos 100 accionistas, requisito clave para ser consideradas así. De hecho, es la exigencia en torno a la que giran las principales sospechas sobre su uso como vehículos dedicados a retrasar el pago de impuestos para las personas de alto patrimonio.

El Partido Popular propone que solo computen como accionistas aquellos inversores que tengan una participación del 0,55% de la sociedad. Ciudadanos centra su mirada en el control y respalda que la Agencia Tributaria recupere el control fiscal de las sicavs dentro de su prioridad de asegurarse de que sean realmente instituciones de inversión colectiva y "no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos".

El Partido Socialista también persigue "establecer un mayor control de las sicavs", pero de forma más intensiva. Plantea el establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor, la fijación de un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen y devolver a la Agencia Tributaria las competencias para supervisar e inspeccionar las sicavs.

Existen más de 3.300 sociedades, que suman un patrimonio de 33.000 millones. De este total, casi 9.500 millones están invertidos en activos españoles

Unidos Podemos va más allá. Comparte estas tres propuestas del Partido Socialista y añade que, entre otros vehículos de inversión, "se revisará la fiscalidad de las sicavs". "Acabaremos con las sicavs tal y como las conocemos hasta ahora: regularemos su régimen fiscal para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas", presenta en su programa.

Los precedentes de País Vasco y Navarra

Al mismo tiempo, fuentes financieras citan la situación que se ha vivido ya en los dos territorios que han podido modificar el marco fiscal en el que se desenvuelven las sicavs. Primero el País Vasco, a finales de 2009, y más recientemente Navarra, a finales de 2015, modificaron el tratamiento tributario que reciben estas sociedades, que dejaron de pagar un 1% por sus beneficios para hacerlo al tipo correspondiente en el Impuesto sobre Sociedades (IS).

En ambos casos, la respuesta por parte de las sicavs ha sido la misma: hacer las maletas. En el País Vasco, donde se contaban cerca de 200 sicavs, no queda ninguna; y en Navarra, donde apenas había ocho, tampoco hay rastro de ellas. En ambos casos, las sociedades se mudaron a Madrid.

Esas fuentes financieras mencionan estos ejemplos como muestra de lo que puede ocurrir en caso de que se produzcan cambios fiscales similares en toda España. En este sentido, subrayan que actualmente existen más de 3.300 sociedades, que suman un patrimonio de 33.000 millones de euros. De este total, casi 9.500 millones están invertidos en activos españoles, un volumen que, según esas fuentes financieras, se vería claramente mermado en caso de que las sicavs no estuvieran radicadas en España.