El PP propondrá un ‘pacto de hierro’ autonómico para convencer a Bruselas

Al poco de volver a su despacho de ministro de Hacienda, en las Navidades de 2011, Cristóbal Montoro empezó a sentir el vértigo de la misión imposible que le catapultaba para el cargo. Ni más ni menos que embridar a las comunidades autónomas, centros neurálgicos de gasto público superfluo, animados por un ejercicio de emulación territorial que ningún Gobierno ha podido, sabido ni querido controlar. Al guardián del erario se le suponían entonces mayores posibilidades aunque solo fuera porque la mayor parte del mapa político de aquellos días aparecía teñido de azul y dominado por correligionarios del Partido Popular.

“No os confundáis. A ver si os creéis que los nuestros, por el mero hecho de serlo, me salen a mí gratis”, explicaba con su deje andaluz el flamante responsable, que también y todavía lo es, de custodiar la caja completa de las distintas Administraciones Públicas en España. Montoro tenía claro que jugar en campo propio con el marcador en contra es un riesgo excesivo ya que, como ocurre en la Champions, los goles encajados tienden a valer doble. Por lo menos cuando llega el momento de rendir cuentas a la Comisión Europea y los ajustes, por mucho y variados que se presenten, no encarrilan los presupuestos del Estado en la senda trazada por los burócratas de Bruselas.

El mandato comunitario de consolidación fiscal obliga a los gobiernos de turno, sea cual sea el color que adorna su política, a jugar a la ruleta rusa con la convicción de que la bala del déficit excesivo terminará por levantar la tapa de las más sesudas previsiones económicas. La falta de lealtad regional acaba siempre imponiéndose sobre la solidaridad interterritorial porque como dice el jefe de la oficina económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, ningún presidente autonómico es premiado por cumplir los objetivos presupuestarios, sino por el dinero que ha sido capaz de arañar al Estado central.

El cierre del 2015 evidencia la habitual travesía por el desierto de una legislatura acondicionada de victoria en victoria hasta la derrota final. Después de estar toda la noche nadando contra las inclemencias de la crisis, el Gobierno ha terminado ahogado en la madrugada ante la inminencia de un nuevo periodo legislativo, donde las continuas tensiones electorales se demuestran letales para detener la carrera de gastos con que los políticos tratan de ganarse el favor y el fervor de sus votantes. Sin frenos y a lo loco, las comunidades han vuelto a golpear con la sartén por el mango a sabiendas de las debilidades del Gobierno central para invertir el equilibrio de poderes en la España invertebrada de las Autonomías.

Los barones regionales no son premiados por cumplir el presupuesto sino por gastar cada vez más y conseguir que la factura la pague el Estado central

La ejecución presupuestaria del pasado ejercicio, saldada con un 'agujero' del 5,1% frente al 4,2% pactado con Bruselas, y la reacción virulenta de los barones regionales contra las nuevas y más coercitivas medidas de control esgrimidas por Hacienda han abierto los ojos del Gobierno en funciones sobre la necesidad de abordar una estrategia diferente en materia de financiación autonómica. Los economistas de cabecera de Mariano Rajoy se han echado la manta a la cabeza para proponer un denominado 'pacto de hierro' entre los principales partidos estatales que permita meter en vereda a las comunidades y eliminar un arma arrojadiza secular dentro del debate político en nuestro país.

El acuerdo de 'no agresión' que busca el PP puede resultar un brindis al sol en plena campaña electoral pero después del 26-J servirá para trasladar la carga de la prueba al resto de rivales parlamentarios, por cuanto que supondría la piedra angular de la pretendida e interminable reforma de las relaciones financieras entre el Estado y el resto de Administraciones Públicas. Un armisticio de esta naturaleza calmaría además los ánimos encendidos de los vecinos comunitarios que se sienten escaldados ante lo que consideran el pozo sin fondo autonómico y que no terminan de aceptar que España se vaya de rositas tras haber incumplido las normas más elementales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa.

Las urnas pueden dictar en quince días una sentencia muy incómoda a la hora de formar Gobierno en España, lo que va a exigir al futuro inquilino de La Moncloa un especial talante negociador. Si Rajoy consigue mantener el poder lo hará con la necesidad de tender la mano a todos aquellos que defiendan una mínima ortodoxia económica dentro de los cauces establecidos por la Unión Europea. El futuro Parlamento corto, tanto en sus limitaciones temporales como en su escasa capacidad legislativa, deberá priorizar aquellos asuntos de Estado para hacer de la necesidad virtud con el coraje suficiente y eliminar de la vida política algunos de los atavismos que hipotecan el desarrollo del sistema económico y del propio modelo de convivencia en España.

La multa de Bruselas por el incumplimiento de los objetivos de déficit representaba un baldón en la hoja de servicios del Gobierno en funciones, pero una vez superado el escrutinio de estas segundas elecciones la sanción puede suponer un argumento de peso para que los partidos incumbentes maduren en sus responsabilidades políticas y los emergentes vean las orejas al lobo de lo que puede suponer un enfrentamiento a cara de perro con las instituciones europeas. Los nuevos padres de la patria deben entender que los Presupuestos del Estado son habas contadas y están destinados en casi tres cuartas partes a financiar las competencias ejercidas por el resto de administraciones, tanto las territoriales como las de la Seguridad Social, así como las transferencias a la UE.

Los Presupuestos del Estado son habas contadas y Hacienda está en manos de los gobiernos regionales como ha demostrado el Fondo de Liquidez Autonómica

La Hacienda pública, como custodio del gasto de los diferentes departamentos ministeriales, no tiene mucho margen de maniobra más allá de coordinar el reparto y vigilar la eficiencia de los recursos que pone a disposición de las regiones. El Fondo de Liquidez Autonómica es el paradigma que mejor detalla las relaciones financieras de un Gobierno central obligado a sacar la cara por sus terminales autonómicas para evitar el colapso generado tras muchos años de despilfarro y endeudamiento masivo. Papá Estado siempre sale en socorro de sus hijos pródigos, entre otras razones porque no le queda otra como advirtió Oriol Junqueras a Luis de Guindos cuando el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat se entrevistó en el Prat a principios de marzo con el ministro en funciones.

“Pedid y se os dará” es el lema que preside las relaciones económicas del Estado con las CC.AA, lo que no tendría nada de particular si no fuera por la escasa fidelidad que profesan los gobiernos regionales a la mano que les da de comer. El sistema de financiación autonómica es, probablemente, la principal asignatura pendiente de la agenda reformista pero lo peor no es la calidad de su deficiente funcionamiento sino la perversión de un modelo desvirtuado por flagrantes discriminaciones negativas que penalizan al cumplidor para cubrir los defectos de infractor. Las cigarras siempre terminan devorando a las hormigas y los incentivos para ajustar las cuentas son cada vez menos convincentes. De ahí las suspicacias de Bruselas y la necesidad de abordar, más vale tarde que nunca, un cambio cultural con un pacto en las alturas como ejercicio de responsabilidad política en un momento especialmente crítico para el futuro del país