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Justicia permitió a Cañete tratar sin inhibirse leyes que afectaban a su petrolera familiar
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OTRAS DENUNCIAS DE CONFLicTO de INTERESES

Justicia permitió a Cañete tratar sin inhibirse leyes que afectaban a su petrolera familiar

El exministro trató en el Consejo de Ministros la ley sobre repostajes en el Estrecho pese a tener acciones en el sector en Ceuta. También votó la amnistía que benefició a su esposa

Foto: Entramado societario de la familia política de Arias Cañete. (EC)
Entramado societario de la familia política de Arias Cañete. (EC)

Miguel Arias Cañete no solo no se inhibió en el Consejo de Ministros que aprobó la amnistía fiscal que benefició a su esposa. Tampoco se abstuvo en la aprobación de una ley que prohibía los repostajes en mitad del Estrecho y con la que España pretendía presionar a Gibraltar. Lo hizo gracias a dos informes de la Abogacía del Estado del mismo día en los que interpretaba que no había conflicto de intereses pese a ser accionista -y antes haber sido presidente- de una petrolera que operaba en Ceuta y que comparte con la familia de su mujer. Años más tarde, ya en Bruselas, tuvo que vender esas acciones porque en Bruselas sí veían conflicto de intereses con su cartera de comisario de Energía y Clima.

El 30 de agosto de 2013, tras un verano de polémicas con Gibraltar, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió tensar la cuerda contra el 'bunkering', el repostaje en el Estrecho practicado por gasolineras principalmente de Gibraltar. El Consejo de Ministros aprobó entonces a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente un proyecto de ley que prohibía el 'bunkering', una práctica muy contaminante. El día antes, el entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, preguntó entonces a la abogada del Estado de guardia en su ministerio si debía abstenerse.

Cañete, que es abogado del Estado en situación de servicios especiales, realizó la consulta a una compañera del cuerpo adscrita al ministerio si entraba en conflicto de intereses al poseer el 2,5% de las acciones de Petrolífera Dúcar, una empresa de los Domecq, su familia política, con sede en Ceuta y vinculada al sector. La compañía es propiedad formalmente de una empresa pantalla con sede en Holanda. Cañete señaló en su petición que su firma no realizaba directamente el 'bunkering', sino que "su negocio consiste en suministrar combustible a buques, sin almacenar combustible por cuenta de terceros". Sí admitía que "las operaciones de 'bunkering' son realizadas por los propietarios de combustible depositado en sus instalaciones".

La ley de altos cargos, de 2006, definía que los conflictos de intereses se dan "cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas". La Abogacía del Estado concluyó que no había ningún conflicto porque "el señor ministro no ha tenido parte ninguna en la dirección, ni el asesoramiento, ni la administración de la sociedad en cuestión". El dictamen insiste en que "la titularidad de participaciones empresariales no es, solo por sí misma, causa de inhibición".

Petrolífera Dúcar es una sociedad vinculada a paraísos fiscales como Antillas Holandesas de la familia Domecq, a la que pertenece su esposa, Micaela Domecq. Según los papeles de Panamá, estos tuvieron una sociedad en Panamá que manejaba cuentas en Suiza. El Confidencial adelantó que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 después de que Cañete participase en el Consejo de Ministros que la aprobó. El comisario ha alegado que él y su esposa tienen separación de bienes desde 1978.

Alfonso Alonso pide a Cañete que dé explicaciones, pero el comisario calla sobre la amnistía de su esposa

Ese mismo día, Arias Cañete pidió un "informe complementario". En su primera solicitud no aclaró que además de accionista había sido presidente de la petrolera, cargo que dejó cuando llegó al Gobierno, a finales de 2011. La conclusión de la Abogacía del Estado fue la misma, aunque tuvo que detallar sus argumentos. El informe bis señala que al ser una ley, que aprueba el Congreso, tampoco hay conflicto de intereses. "La decisión sobre el asunto en que pudiera tener (hipotéticamente) interés personal el ministro (de acuerdo con la Ley 5/2206) le corresponde al Parlamento". Cañete sí se abstuvo en un decreto -de rango inferior a la ley y que aprueba directamente el Consejo de Ministros- sobre la protección en el Estrecho y una vez que el Consejo de Ministros abordó la prórroga de Garoña, porque su hermano era directivo de la división nuclear de Endesa.

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El PP respaldó ayer con matices la decisión de Cañete de no abstenerse en el Consejo de Ministros en el que se aprobó la amnistía fiscal a la que más tarde se acogió su esposa. El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, pidió a Cañete que aclare la situación: "Quien tiene que dar unas explicaciones que satisfagan y que lo hará es Miguel Arias", declaró en una entrevista en Onda Cero.

Sin embargo, Arias Cañete no ha dado niguna explicación pública. Esa ha sido tradicionalmente su estrategia con los escándalos, y le ha funcionado. Difícilmente le ocurrirá lo que a José Manuel Soria y sus explicaciones sobre los papeles de Panamá. Sí ha hablado con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que explicó en La Sexta lo que le ha transmitido por teléfono. "Me dijo que no tenía ni la más remota idea de que había una empresa de su mujer y sus hermanos y que funcionaba así. Me dijo que tienen separación de bienes y que no se entera mucho de las cosas que tiene su mujer".

La Abogacía del Estado emitió dictámenes similares para otros ministros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría -también abogada del Estado-, tuvo uno que le permitía tratar asuntos de Telefónica, que al poco de llegar al Gobierno fichó a su marido, Iván Rosa, para la asesoría jurídica. Rosa también es abogado del Estado y compañero de promoción de la jefa del cuerpo, Marta Silva Lapuerta. La ley impide tratar asuntos de empresas si los cónyuges participan en su "dirección, asesoramiento o administración". Pero la abogacía interpretó que el puesto de Rosa en Telefónica era "de tercer nivel". Sáenz de Santamaría se abstuvo en dos consejos de ministros en temas que afectaban a Telefónica.

Miguel Arias Cañete no solo no se inhibió en el Consejo de Ministros que aprobó la amnistía fiscal que benefició a su esposa. Tampoco se abstuvo en la aprobación de una ley que prohibía los repostajes en mitad del Estrecho y con la que España pretendía presionar a Gibraltar. Lo hizo gracias a dos informes de la Abogacía del Estado del mismo día en los que interpretaba que no había conflicto de intereses pese a ser accionista -y antes haber sido presidente- de una petrolera que operaba en Ceuta y que comparte con la familia de su mujer. Años más tarde, ya en Bruselas, tuvo que vender esas acciones porque en Bruselas sí veían conflicto de intereses con su cartera de comisario de Energía y Clima.

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