La mujer de Arias Cañete se acogió a la amnistía fiscal cuando él era ministro

Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete, se acogió a la amnistía fiscal que aprobó el Ejecutivo del PP, según dos fuentes conocedoras del procedimiento. Su nombre se encuentra en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por si el dinero procedía de actividad derivada del político.

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Micaela Domecq Solís, miembro de una familia de terratenientes y empresarios de Jerez de la Frontera (Cádiz) y administradora de empresas familiares, es una de las 29.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal y que hicieron aflorar bienes por valor de 40.000 millones en 2012. Estos pagaron solo un 3% de media de lo regularizado.

Cañete se escuda en la "separación de bienes": "Nunca he participado ni en la administración ni en la gestión de los bienes de mi mujer"

La oposición denunció que esa amnistía fiscal fue un coladero por el que entraron políticos y personalidades afines al PP. El diputado socialista Pedro Saura sostuvo que estaba destinada a "amigos y dirigentes del PP". Rodrigo Rato y Luis Bárcenas son algunos de los populares que se acogieron a esa amnistía, según se desprende de sus distintos procesos penales.

La formación conservadora ha votado en contra en el Congreso de la publicación de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal y ha recurrido a los tribunales en contra del Consejo de Transparencia para no publicar la identidad de las sociedades, unas 600, que se acogieron a la amnistía, bautizada por el Gobierno como 'declaración tributaria especial' y cuyo plazo terminaba el 30 de noviembre de 2012.

Entre esas personas está Micaela Domecq, esposa de Arias Cañete, peso pesado del PP y ministro cuando se aprobó la amnistía, cargo que abandonó en abril de 2014, cuando pasó a ser cabeza de lista del PP a las elecciones europeas. Desde octubre de 2014, el político popular es comisario de Energía y Clima por designación del luxemburgués Jean Claude Juncker, que aguantó en el cargo pese a ser nombrado justo antes del escándalo de Luxleaks.

Rodrigo Rato y Luis Bárcenas también se acogieron a la 'declaración tributaria especial'

El pasado jueves, Arias Cañete estuvo en Madrid en un acto organizado por la Agencia EFE. Es normal que en vísperas de un puente el comisario acuda a algún acto en España, lo que le permite pasar los festivos en Cádiz. A la entrada, se desmarcó ante los medios de los negocios de su esposa, implicada en los papeles de Panamá. El exministro se escudó en que tienen una "separación absoluta de bienes" desde que se casaron, en 1978. "Nunca he participado ni en la administración ni en la gestión de los bienes de mi mujer", señaló. Afirmó que estos "bienes y derechos (...) están declarados en España" y consideró que él ha "cumplido las obligaciones del código de conducta de comisario".

Micaela Domecq no ha respondido (tampoco su asesor legal) a las llamadas de este diario, mientras que el gabinete del comisario tampoco ha contestado al correo sobre el tema que El Confidencial envió hace más de 10 días y reiteró el pasado viernes. Al terminar el acto del jueves pasado, Cañete posó junto al jamón suministrado por la empresa de Bertín Osborne -jerezano como su esposa y también antiguo cliente de Mossack Fonseca- y a la carrera replicó a la pregunta de este diario sobre la falta de respuesta de su gabinete: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre eso".

La esposa de Arias Cañete ha sido uno de los protagonistas de los papeles de Panamá. Tuvo junto a sus hermanos una sociedad 'offshore' que figura en la documentación del despacho Mossack Fonseca a la que tuvo acceso el 'Sueddeutsche Zeitung' y que publican un centenar de medios de comunicación en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Según esa documentación, 12 miembros de los Domecq figuran desde 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group SA, con sede en Panamá. Este país estuvo en la lista española de los paraísos fiscales hasta 2011 y sigue siéndolo a ojos de la Comisión Europea.

Esa sociedad panameña manejaba una cuenta en el Deutsche Bank de Ginebra (Suiza). Muchas de estas sociedades opacas solo servían para figurar como titulares de cuentas en Suiza, especialmente a partir de 2005, cuando una directiva obligó a los bancos suizos a dar datos de sus clientes. Entonces crearon firmas en paraísos fiscales para controlar esas cuentas.

La Agencia Tributaria cribó a los españoles de la amnistía y eligió a 715 que son Personas Políticamente Expuestas. Esta cifra incluye a políticos, a sus familiares y a otras personas, como jueces o cargos institucionales cuyo dinero puede proceder de actividades ilícitas. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, declaró en el Congreso en abril pasado que “en el curso de estas actuaciones se ha detectado, en algunos casos, la presencia de indicios de blanqueo de capitales, por lo que de conformidad con el artículo 95 de la Ley General Tributaria se envió al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado con un colectivo integrado por 715 personas para su análisis y valoración”.

En una comparecencia en el Congreso en septiembre de 2014, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó que la amnistía no perdonaba los posibles delitos: "Si se descubre que hay un origen delictivo en el dinero que ha aflorado, la persona implicada debe responder por ello como cualquier otro ciudadano". Esta actuación enfadó a bufetes de abogados y a asesores fiscales. Habían recomendado a sus clientes acogerse a la amnistía, en ocasiones vendiéndolo como un acto de patriotismo, y luego vieron que podían ser investigados sobre el origen de los fondos.

Hacienda admitió que "buena parte" de los españoles en los papeles de Panamá se acogieron a la amnistía

Montoro declaró tras la aparición de los papeles de Panamá que “buena parte” de los que allí figuran habían regularizado su situación en la amnistía. Es el caso de Borja Thyssen, los herederos de Franco y muchos otros. En los papeles de Panamá se repite un patrón: hacia finales de 2012 muchas sociedades que estaban dirigidas por testaferros pasan a ser controladas por sus verdaderos dueños, que entonces presumiblemente las declaran a la Hacienda española.

Tras la dimisión de José Manuel Soria como ministro por figurar en los papeles, Montoro también dejó una declaración que se puede aplicar a este caso: “Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”. En los dos años y medio que Arias Cañete permaneció en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, estuvo operando con paraísos fiscales. En su declaración de bienes presentada ante el Congreso de los Diputados afirmó poseer 85.349 acciones de petrolífera Dúcar (valoradas en 165.120 euros), que almacena combustible en el puerto de Ceuta gracias a una concesión administrativa -algo que ocultó al Congreso- y 23.585 acciones de Petrologis Canarias (160.979 euros).

Cañete incumple la 'doctrina Montoro' de que "nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno"

Estas sociedades son mayoritariamente propiedad de Havorad BV, una empresa de Holanda a la que Hacienda calificó en un pleito como “sociedad pantalla”, según desveló 'Vozpopuli' en 2014. Esa misma sentencia señala que Havorad BV "es propietaria de Gold Lion Cop NV, de Antillas Holandesas, la cual, a su vez, es filial asimismo al 100% de Corporación Bilares SA de Costa Rica, siendo Havorad BV una sociedad unipersonal, sin empleados y sin otra actividad que la fiduciaria, siendo calificada por la AEAT como sociedad pantalla".

Cañete nunca ha aclarado quiénes son los socios de sus empresas. Aunque no tuvo problemas en compaginar su puesto como ministro de Medio Ambiente en España con la petrolera, tuvo que vender sus acciones antes de ser nombrado comisario por la presión del Europarlamento, donde grupos de izquierdas y ecologistas veían un conflicto de intereses entre sus intereses petrolíferos y la cartera de Energía y Clima. La compañía sigue en manos de su familia.