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Los guiños electorales liquidan el rigor presupuestario, la principal baza de Rajoy
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LAS AAPP INGRESAN MÁS, PERO TAMBIÉN GASTAN MÁS

Los guiños electorales liquidan el rigor presupuestario, la principal baza de Rajoy

Un año cargado de elecciones, como ha sido 2015, ha tenido un efecto letal sobre las cuentas públicas. Los incrementos de recaudación se han destinado a aumentar el gasto

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. (Reuters)
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. (Reuters)

Los datos son precisos y no dejan lugar a dudas. Determinadas decisiones de los poderes públicos -Administración central y CCAA- explican que el déficit público se haya desbordado en 2015. Incluso empeorando las más negras previsiones que había realizado la mayoría de los institutos de coyuntura y poniendo en solfa el argumento sobre el control presupuestario, que ha sido la guía de toda la gestión de Mariano Rajoy. Un dato lo pone negro sobre blanco.

La remuneración de los asalariados públicos creció el año pasado en 3.761 millones de euros, hasta los 119.699 millones. Es decir, ya muy cerca de los 125.564 millones que se destinaron en 2009 a pagar el sueldo de los empleados públicos, y que marca un récord histórico. La recuperación de una parte de la paga extra pocas semanas antes del 20-D se encuentra detrás de ese repunte en el gasto.

Otro dato lo refleja con nitidez. La Seguridad Social tuvo el año pasado un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente a 13.592 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 25,1% respecto del año anterior. Y ello, pese a que en 2015 se crearon más de medio millón de puestos de trabajo.

Entre las causas del aumento del déficit, al margen de la devaluación salarial que afecta a las bases de cotización, se encuentra la extensión de la tarifa plana de 50 euros, y que supone una merma significativa de la recaudación de la Seguridad Social, toda vez que los beneficiarios pagan apenas 50 euros durante dos años. Rajoy prometió en la campaña aumentar a cuatro años esos beneficios.

Ambas medidas, como se sabe, son discrecionales del Gobierno, y se llevaron a cabo en año electoral. Incluso, en 2015, se ha producido un significativo crecimiento de las subvenciones públicas. Hasta el punto de que han vuelto a niveles de 2009, cuando el anterior Gobierno no veía todavía la crisis. En concreto, las subvenciones han crecido en 1.136 millones respecto del año anterior, hasta los 12.536 millones, lo que refleja claramente que el Gobierno ha abierto la mano en este capítulo.

La inversión pública -formación bruta de capital fijo en la jerga contable- es la otra gran partida en que el gasto público ha crecido de forma relevante. En concreto, ha aumentado en 2015 en 4.642 millones de euros, lo que de alguna manera significa el fin de las restricciones presupuestarias que el actual Gobierno en funciones se había puesto como objetivo desde los últimos días de 2011.

Tarifa plana

Eso quiere decir que, en total, y sin contar los menores ingresos derivados de la tarifa plana, las distintas administraciones han gastado 9.534 millones más que en el año anterior. Y aunque ha habido algunas partidas con reducción, por ejemplo en trasferencias sociales o de capital, el resultado es un déficit equivalente a 55.755 millones de euros (sin contar los 853 millones de ayudas al sistema financiero). Por lo tanto, apenas 4.567 millones menos que en 2014 de reducción del déficit.

De hecho, si no hubiera sido por la inflación (el PIB nominal ha crecido cerca de un 4%), el desequilibrio entre ingresos y gastos se habría situado en los mismos niveles que en 2014, lo cual refleja la nueva orientación de la política fiscal, mucho más laxa en un año cargado de elecciones.

Es significativo el caso de las comunidades autónomas, que tenían asignado un déficit del 0,7% del PIB. Al final ha sido del 1,66%, y tan solo Canarias, Galicia y el País Vasco han cumplido el objetivo.

Esta deviación en el déficit (se había previsto un 4,2% y al final ha salido un 5,16%, lo que supone una desviación de unos 10.000 millones de euros sin ayudas financieras) no tiene que ver, en absoluto, con una caída de los ingresos o con un fuerte aumento de gastos en algunas de las partidas de mayor cuantía, como el desempleo o los gastos financieros. Muy al contrario, los ingresos del conjunto de las administraciones públicas -la presión fiscal del conjunto del Estado- han crecido en 7.023 millones de euros en 2015, pese a que el Gobierno decidió a mitad de año adelantar la segunda fase de la reforma fiscal para que tuviera efectos unos meses antes de las elecciones.

Es decir, que el Gobierno ha aumentado los ingresos -esos 7.023 millones de euros-, pero también los gastos -esos 9.534 millones-. Y hay que tener en cuenta que el Ejecutivo ha podido lograr en 2015 importantes ahorros en desempleo y gastos financieros por el descenso del paro y por la caída de los tipos de interés. Un auténtico tesoro de miles de millones. El Servicio Público de Empleo, por ejemplo, ha obtenido un increíble superávit de 5.031 millones de euros que ha compensado el mayor déficit de la Seguridad Social.

Esos ingresos adicionales por la vía del menor gasto no han sido suficientes para reconducir el déficit, lo que obligará a España a seguir un año más dentro del Procedimiento de Déficit Excesivo al que obliga la Unión Europea.

Colaboración público-privada

Es verdad, sin embargo, que el año pasado se contabilizaron gastos extraordinarios no previstos que Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE, ha obligado imputar a 2015. Pero ese gasto adicional no influye de forma determinante en el cierre final del ejercicio. Eurostat, en concreto, ha imputado 2.033 millones correspondientes a inversiones públicas de varios contratos de colaboración público-privada efectuados en años anterior (principalmente en Cataluña), y al mismo tiempo, se han empezado a aplicar los tratamientos de la hepatitis C, con un coste de 1.094 millones.

Ambas cantidades -3.127 millones en total- representan las dos terceras partes de lo que el Estado se ha ahorrado en el servicio de la deuda y en desempleo, o la tercera parte del gasto adicional en otras partidas como el sueldo de los empleados públicos o las subvenciones.

Tan solo en el caso del Estado, sin contar el resto de administraciones, los intereses devengados descienden un 4,3% hasta los 29.488 millones (por la caída de los tipos de interés, ya que el volumen de deuda sigue creciendo hasta rozar ya el 100% del PIB): mientras que las subvenciones aumentan un 20,3% hasta 5.483 millones, de los cuales, 4.245 millones se han destinado a financiar el coste del sistema eléctrico, frente a los 3.417 millones de 2014.

El Estado ha tenido que hacer frente, en todo caso, a algunos gastos no previstos. Y en concreto, los consumos intermedios ascienden a 4.853 millones, partida que presenta un incremento del 11,3% debido, principalmente, al aumento de los gastos electorales, que han pasado de 121 millones en 2014 a 282 millones en 2015, así como de los gastos corrientes en operaciones para el mantenimiento de la paz que, con 894 millones, han crecido un 36,7%.

Los datos son precisos y no dejan lugar a dudas. Determinadas decisiones de los poderes públicos -Administración central y CCAA- explican que el déficit público se haya desbordado en 2015. Incluso empeorando las más negras previsiones que había realizado la mayoría de los institutos de coyuntura y poniendo en solfa el argumento sobre el control presupuestario, que ha sido la guía de toda la gestión de Mariano Rajoy. Un dato lo pone negro sobre blanco.

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