LOS SINDICATOS DENUNCIAN UN CLIMA DE TERROR

Suicidios, espionaje, nepotismo… La Oficina Europea de Patentes es un polvorín

Los sindicatos denuncian que en la Oficina Europea de Patentes se ha creado un clima de terror que ha provocado suicidios, bajas laborales y represión. El escándalo ha llegado a los gobiernos
Foto: Benoît Battistelli, presidente de la Oficina Europea de Patentes. (EFE)
Benoît Battistelli, presidente de la Oficina Europea de Patentes. (EFE)

Lo dice Florian Mueller, una autoridad mundial en la concesión de patentes: “La información más reciente sería impensable en cualquier lugar en el mundo civilizado, pero la Organización Europea de Patentes, simplemente, no es parte del mundo civilizado”. Hay quien habla, incluso, de que la oficina es hoy la última dictadura en suelo europeo.

¿A qué se refiere el alemán Mueller? Pues ni más ni menos a que al clima de pánico laboral y terror psicológico se ha instalado entre muchos de los casi 7.000 empleados de la Oficina Europea de Patentes (EPO, según sus siglas en inglés). Los representantes sindicales denuncian que en los últimos años se han producido al menos cinco suicidios (un empleado se precipitó por la ventana en julio de 2013 en la oficina de La Haya) y muchos otros estarían sufriendo una enorme presión psicológica para que concedan patentes sin apenas verificar su calidad técnica.

Lo importante, aseguran las fuentes, es la productividad, aunque determinadas patentes se invaliden a posteriori. Ya existen denuncias -amparadas en documentos internos de la propia oficina de patentes- que revelan cómo determinadas grandes corporaciones se benefician de un trato preferencial respecto de las pequeñas empresas a la hora de resolver los expedientes de verificación.

Casi 2.000 trabajadores se manifestaron recientemente en las calles de Munich contra la gestión del presidente y del equipo directivo

El último incidente se produjo el pasado 13 de noviembre, viernes, cuando dos empleados, uno de ellos español, Jesús Areso, y otro francés, Laurent Prunier, fueron conminados a declarar en la Oficina de La Haya ante la Unidad de Investigaciones de la EPO enviada por su presidente, el francés Benoît Batistteli. El sindicato SUEPO -que agrupa a los empleados de la oficina de patentes- denunció que tras esos interrogatorios -con un claro interés intimidatorio-, ambos tuvieron que ser evacuados con urgencia al hospital. Uno de los empleados había sufrido un fuerte ataque de nervios y otro, por motivos similares, tuvo que ser ingresado. Prunier continúa con baja médica.

Hay más. Algunos funcionarios han sido apartados de su puesto de trabajo y otros han denunciado ante los tribunales la persecución que sufren. Al menos, tres representantes de los trabajadores han sido apartados de su puesto en Múnich, Elisabeth Hardon, Ion Brumme y M. Weaver, y otros dos en La Haya. El vicedefensor de los ciudadanos franceses en el exterior, el socialista Pierre-Yves Le Borgn, ha pedido explicaciones públicas al presidente de la EPO por el clima de represión y se lo ha comunicado de forma oficial al ministro galo de Economía, Emmanuele Macron, para que tome cartas en el asunto.

Malas prácticas

Le Borgn denuncia en su carta la existencia de duros interrogatorios realizados con una “violencia inusual” que han dejado a algunos empleados en un estado de 'shock' y que los han obligado a recibir tratamiento médico. Ni los derechos humanos ni las leyes laborales pueden quedar fuera de la sede de la Oficina Europea de Patentes, recuerda el alto cargo francés en su misiva, quien pide, a su vez, que los países miembros denuncien esas prácticas.

Algunos funcionarios han sido apartados de su puesto de trabajo y otros han denunciado ante los tribunales la persecución que están sufriendo en el trabajo

La situación ha llegado a tal extremo que, un hecho inaudito en este tipo de instituciones internacionales en las que trabajan funcionarios de muchos países con culturas muy distintas, casi 2.000 trabajadores se manifestaron recientemente en las calles de Múnich contra la gestión del presidente -apoyado por España- y del equipo directivo, a quienes acusan de nepotismo y de irregularidades comprando voluntades. Al fin y al cabo, como sostiene una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, el voto de un representante de Albania o Macedonia vale lo mismo que el de Alemania, lo que facilita las componendas en forma de viajes, dietas, servicios médicos o ingresos extraordinarios. Algo muy parecido a lo que sucede en la FIFA en el proceso de toma de decisiones, donde los países con menos recursos se pliegan a las decisiones a cambio de dinero.

El escándalo ha saltado ya a las páginas de algunos grandes periódicos europeos, y hasta el comisionado alemán para la Protección de Datos ha reclamado a la Oficina Europea de Patentes que respete los derechos de los trabajadores. En la prensa holandesa, incluso, se habla de que en la EPO se ha instalado un régimen de terror hacia los trabajadores que se remueven contra las decisiones arbitrarias de sus superiores.

Propaganda nazi

El presidente de la EPO, Benoît Battistelli, rechaza estas acusaciones, y en una carta enviada al ministro francés de Economía achaca los incidentes a los propios representantes de los trabajadores y a una “campaña de difamación” contra su persona. Incluso habla de que un alto funcionario de la EPO fue apartado de su función porque se le relacionó con la fuga de documentos confidenciales, incluso de haber almacenado armas y propaganda nazi en su oficina.

Algunos diputados del Parlamento europeo ya se han interesado por el clima de pánico laboral que anida en la EPO, copada, según los sindicatos, por funcionarios franceses afines al presidente, que serían su guardia pretoriana. Hasta Estrasburgo ha llegado la queja de que en algunos ordenadores de acceso público se hubieran instalado dispositivos con cámara y equipo de espionaje para registrar los escritos de los empleados. A la EPO se la ha acusado desde diferentes instancias de no contar con una sala de apelación suficientemente independiente. En esa sala, se ventilan los recursos presentados contra decisiones de la propia organización de patentes.

Varios eurodiputados se han interesado por la cuestión. (EFE)
Varios eurodiputados se han interesado por la cuestión. (EFE)

La oficina es una organización de carácter internacional creada al amparo de la Convención Europea de Patentes de 1973, que cuenta con sus propias condiciones de trabajo y tiene sedes en Múnich, La Haya, Berlín y Viena. Sus socios son todos los miembros de la Unión Europea (UE) más una decena de países del continente (Suiza, Noruega, Turquía. Albania o la República Serbia), y está dirigida desde 2010 por el francés Benoît Batistteli, a quien se sitúa en el ojo del huracán, y que cuenta con el respaldo de España.

Batistteli, de hecho, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Menéndez Pelayo en julio de 2014. El representante español en la OEP es Alberto Casado, elegido vicepresidente por cinco años en 2012 y anterior director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La actual directora general es Patricia García-Escudero, hermana del presidente del Senado, que llegó al cargo tras un polémico nombramiento. Fue elegida sin que se agotaran los plazos administrativos.

Como sostiene la prensa alemana, el problema es que la Oficina Europea de Patentes es un estado dentro del Estado, ya que funciona con sus propias leyes. El presidente, según los estatutos, dispone de amplios poderes y su única supervisión legal radica en el consejo de administración, donde están representados los 38 países miembros. Por lo tanto, las reglas del juego que se aplican en Holanda o Alemania no se ejercen en la EPO. En palabras de alguien que conoce bien la organización por dentro, la EPO “se ha situado fuera de cualquier control”.

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