Hacienda da el primer paso para aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña

Hacienda le aprieta de nuevo las tuercas a Cataluña. Pero en esta ocasión sacando la artillería. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió el pasado jueves, día 5, una carta al conseller de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell (ver documento), reclamándole un ajuste adicional de 1.318 millones de euros en concepto de déficit que corresponde al ejercicio de 2013.

El desequilibrio mal contabilizado fue detectado hace tiempo por Eurostat, pero hasta hace pocos días, el 21 de octubre, el Ministerio de Hacienda no lo había revelado, y se refiere a la imputación de diversas operaciones de colaboración público-privada (carreteras o construcción de prisiones) que la agencia estadística de la UE, a la luz de su metodología, considera que debe imputarse a España en 2015. Y, por lo tanto, a Cataluña, que es el ente gestor.

En la carta de Beteta, de apenas tres párrafos, se insta a la Generalitat a que en la próxima revisión del Plan Económico-Financiero de Cataluña se incluyan ya los ajustes precisos para poder cumplir con el objetivo de déficit este año. Una misiva similar se ha enviado al ayuntamiento de Zaragoza, a quien también se le reclama un ajuste adicional de 200 millones de euros.

Cataluña está obligada a presentarlo habida cuenta de que el año pasado incumplió el objetivo de déficit, por lo que necesariamente debe hacer público un plan de ajuste antes del próximo 15 de noviembre. Es decir, le da apenas 10 días, en pleno proceso soberanista, para hacer un recorte de algo más de 1.300 millones de euros, lo que a todas luces parece altamente improbable en el actual contexto político. De lo contrario, no verá aprobado su Plan Económico-Financiero.

Hacienda, de esta manera, da un paso más en el estrecho cerco que está realizando sobre las cuentas de Cataluña. Y en caso de que la Generalitat no cumpla lo ordenado, cuenta con instrumentos coercitivos muy potentes.

El control del Estado

La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla medidas automáticas de corrección. Así, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. Además, en caso de incumplimiento de un plan económico-financiero, la administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito. Finalmente, en los supuestos de no adoptarse por las comunidades autónomas los acuerdos de no disponibilidad o de no acordarse las medidas propuestas por la comisión de expertos, la Ley habilita al amparo del artículo 155 de la Constitución a la adopción de medidas para obligar a su cumplimiento forzoso.

El artículo 155 establece que si una Comunidad Autónoma “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que en el supuesto de que una comunidad autónoma no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos previsto, no constituyese el depósito obligatorio o no implementase las medidas propuestas por la comisión de expertos prevista, el Gobierno, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Española”, requerirá al presidente de la comunidad autónoma para que lleve a cabo, en el plazo que se indique al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio o la ejecución de las medidas propuestas por una comisión de expertos.

En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, debe adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma, sostiene la norma.

El artículo 19 de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) establece, por su parte, que las competencias que se atribuyan a los gobiernos regionales en relación con los tributos cedidos “pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea”. Es decir, una especie de intervención parcial de la autonomía financiera.

La ley de estabilidad, igualmente, puede obligar a Cataluña a constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

La ley prevé que si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.