La Generalitat descuenta un mes de alta tensión de caja con sus proveedores

En la Generalitat ya descuentan más de un mes de fuertes tensiones de caja con sus proveedores. Las farmacias son las que más ruido hacen, pero colegios y la sanidad concertada, centros sociales y residencias de la tercera edad se encuentran en idéntica situación. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tiene pendiente el pago a Cataluña de 2.600 millones de euros que en la Conselleria de Economía no esperan hasta que esté en marcha la campaña electoral de las generales.

De hecho, antes de las municipales ya se produjo una situación parecida. Sin el nuevo sistema de financiación, el FLA está cubriendo los vacíos de la reforma pendiente. Pero mientras comunidades autónomas como Valencia están siendo tratadas de forma más ecuánime, Cataluña sigue pagando la tensión política que se vive entre Barcelona y Madrid a cuenta del conflicto soberanista. Al menos esa es la tesis que se transmite desde la Generalitat.

Por tanto, la retención de fondos desde el FLA, lo controle Hacienda o lo controle Moncloa, poca incidencia tendrá sobre lo que debata el Parlament el próximo lunes, ni conseguirá que Artur Mas y la CUP cambien de parecer respecto a la decisión de aprobar una declaración de inicio del proceso independentista en la Cámara catalana. El FLA se politiza pero no conseguirá los objetivos políticos que busca, al menos de forma inmediata.

Sin los 2.600 millones, la Generalitat solo tiene asegurado el pago de las nóminas de los trabajadores públicos. Mientras, el resto de los proveedores seguirá sufriendo. Desde el punto de vista de la Generalitat, el Ministerio de Hacienda juega con el calendario de pagos para instrumentalizarlo políticamente. Pero esa presión política no podrá ser a corto plazo y la política catalana está instalada en el regate corto, muy corto.

La Generalitat sólo tiene asegurado el pago de las nóminas de los trabajadores públicos. Mientras, el resto de los proveedores seguirán sufriendo

Como explicaba ayer El Confidencial, cualquier endurecimiento de las medidas de control financiero sobre la Generalitat no podrá tener consecuencias inmediatas y precisará de meses para implementarse.

Fuentes cercanas a la Generalitat aseguran que desde la Conselleria de Economía se percibe la situación como “una intervención de facto”. Se vive la tutela del FLA como un sistema en que el Ministerio de Hacienda sabe más de las cuentas de la Administración que los propios responsables de la conselleria.

Sin margen

Estas mismas fuentes aseguran que no hay margen para desplegar política social alguna, tal y como pretende hacer Junts Pel Sí, nombrando al líder de ERC, Oriol Junqueras, vicepresidente económico del Gobierno que se cree en Cataluña.

En todo caso, eso está lejos. Mas no será investido presidente, en el mejor de los casos, hasta el 9 de enero del año próximo. Pero la actual asfixia financiera de la Generalitat no será tan larga. Fuentes cercanas a las Conselleria de Economía dan por hecho que los 2.600 millones del FLA llegarán antes del 20-D. Con lo que cuando Mas alcance la Presidencia, la caja habrá vuelto a la normalidad. Y en 2016 vencen otros 5.000 millones de deuda que serán refinanciados de nuevo por el FLA.

Control estricto

La Generalitat está esperando que se le envíen los formularios para cobrar los 2.600 millones. Formularios que CCAA como Valencia ya tienen en su poder y que además se tarda 15 días en rellenar. Por tanto, hasta diciembre no llegará el dinero a la arcas de Andreu Mas-Colell.

Las partidas del FLA en forma de transferencia del Ministerio de Hacienda llegan con un control muy estricto del Estado. Desde que se creó el fondo, en el año 2012, la Generalitat envía a Hacienda un listado de conceptos pendientes de pago de acuerdo con los criterios que fija el FLA. La Generalitat no dispone del dinero del fondo en función de su criterio, dado que el Ministerio establece un estricto orden de prelación que determina el gasto autonómico que se puede cubrir por esa vía.

El Ministerio de Hacienda es quien autoriza los pagos y efectúa la transferencia directa a los proveedores, sin que este dinero se ingrese en ningún momento a la tesorería de la Generalitat. Además, en general, todo el gasto de la Generalitat se encuentra supervisado por el Gobierno central, y la Administración catalana remite cada mes los datos de la ejecución presupuestaria.