Las vías de Hacienda para 'asaltar' las finanzas catalanas si Mas mantiene su desafío

Artur Mas ya ha realizado su petición: ha solicitado 2.600 millones de euros adicionales al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ahora es el turno de Cristóbal Montoro y de su 'jefe', Mariano Rajoy, que por el momento están midiendo el terreno antes de tomar una decisión. Tanto en el Ministerio de Hacienda como en Moncloa son conscientes de los resortes legales que tienen a su alcance para apretar las tuercas financieras a Cataluña y supeditarán la respuesta a esa petición al pulso independentista que, en paralelo, está planteando el presidente en funciones de la Generalitat junto a sus socios de Junts pel Sí y en compañía de la CUP.

En Hacienda admiten que están estudiando "diferentes posibilidades". Y entre ellas figura la de intervenir directamente la Comunidad Autónoma, una opción que está sobre la mesa porque ya se encuentra en la normativa vigente. Es decir, no es una figura legal que haya que crear, sino que la tiene a su disposición; aplicarla o no dependerá del grado de tensión que alcance el desafío nacionalista en Cataluña y la voluntad del Ejecutivo de dar un paso de estas características.

En concreto, el Gobierno cuenta con varias vías para actuar. Una de ellas se contempla en el Programa FLA 2015, que "recoge las características financieras y resto de condiciones aplicables a las operaciones de crédito que el Estado concierte con cada una de las Comunidades Autónomas", unas condiciones que "son de carácter general y se aplicarán a todas las Comunidades Autónomas participantes en el compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2015".

Dentro de ese Programa, se especifica que el Ministerio de Hacienda ejercerá una función de seguimiento y control para asegurarse que las Comunidades Autónomas están cumpliendo sus compromisos, manifestados en un plan de ajuste consistente con los objetivos de estabilidad y deuda pública y en el que detalle, entre otras cuestiones, las medidas de ingreso y gasto necesarias para cumplir con esos objetivos.

En caso de que Hacienda "detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de su ejecución, pudiendo solicitar a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que acuerde las actuaciones necesarias para llevar a cabo una misión de control". A partir de ahí, se abriría un proceso que podría deparar "en la suspensión de la participación [de esa Comunidad Autónoma] en el mecanismo". Es decir, si una región incumple se expone a recibir esa delegación de la IGAE y, en última instancia, si no acepta el 'tratamiento' recetado por la Intervención dejará de estar conectada al FLA.

Medidas coercitivas

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que dado el escenario actual, en el que se da por descontado que Cataluña se va a desviar claramente del objetivo de reducir el déficit al 0,7% en 2015 y que incluso podría sufrir un desequilibrio fiscal del 2%, Hacienda podría acogerse a lo establecido en el Programa FLA 2015 para desconectar a la Generalitat del Fondo de Liquidez. Más aún después de que Eurostat destapara en septiembre un agujero adicional en las cuentas catalanas.

Sin embargo, podría llegar incluso más lejos. Es decir, dejar a Cataluña fuera del FLA sería duro, ya que Cataluña no cuenta con los recursos financieros suficientes, pero sería un paso intermedio dentro de los que Moncloa puede emprender.

El propio Programa añade que finalmente Montoro podría aplicar "las medidas coercitivas" recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). En última instancia, esas sanciones -recogidas en el artículo 25- pueden acabar con el "envío de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada". O lo que es lo mismo, unos 'hombres de negro' de Hacienda que literalmente tomarán el control de las finanzas de esa región, puesto que las medidas que propongan serán "de obligado cumplimiento para la administración incumplidora".

Si, pese a ello, la Comunidad se sigue negando, Hacienda y Moncloa tendrían una palanca adicional. "En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma", establece categóricamente el artículo 26.

Estos artículos, el 25 y el 26, llevan ahí desde 2012. Pero aún no han sido estrenados. "En realidad, ha habido motivos de sobra para ponerlos en marcha, pero hasta ahora no ha habido voluntad política de intervenir una Comunidad Autonóma", asegura una experta en financiación pública que prefiere no ser identificada. "Hasta ahora", recalca. Con Cataluña, todo puede ser diferente.