La Generalitat se inhibe en la devolución de la paga extra a más de 370.000 funcionarios

Si en la película de Ernst Lubitsch el cielo puede esperar, qué no puede hacer el 25% de la paga extra que hay que devolver a los funcionarios y al resto de trabajadores públicos de la Generalitat y que se suprimió en 2012. Con la excusa del Gobierno en funciones, la consejera de Governació, Meritxell Borràs, va dando largas y a las puertas de noviembre se desconoce qué hará la Administración catalana con este espinoso tema, que tiene en vilo en Cataluña a más de 370.000 perjudicados.

Fuentes sindicales de CCOO han explicado que había una reunión este viernes que ha sido aplazada por Borràs hasta el próximo 6 de noviembre, cuando ya la nómina de este mes habrá sido abonada. Se producirá, por tanto, un agravio comparativo: funcionarios del Estado español trabajando en Cataluña habrán cobrado este 25% mientras que sus homólogos de la Generalitat se quedarán a dos velas, aunque todas las CCAA, también la catalana, fueron instadas por el Gobierno a abonar estas cantidades.

Un ejemplo: este mes un funcionario de Hacienda en plaza Letamendi de Barcelona cobrará su 25% correspondiente y otro equivalente en la Agencia Tributaria de Cataluña no lo hará, aunque esta última haya sido declarada estructura de Estado por el Gobierno proindependentista de Artur Mas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió el pasado mes de septiembre a abonar el 25% de la paga extra de la que se privó a los funcionarios en 2012, en plena oleada de recortes de Mariano Rajoy. También se puso sobre la mesa que el 75% restante de esta paga se devolvería durante el próximo año.

La devolución parcial de esta paga sería una decisión cara para el erario público. Puede suponer para las exhaustas arcas de la Generalitat un desembolso de unos 200 millones de euros. No queda claro si es que la Generalitat no dispone de estos fondos o que, sencillamente, las prioridades políticas son otras.

La callada por respuesta

Pero todo este proceso pilló a Cataluña en campaña electoral. Y ahora el Gobierno en funciones de Artur Mas no parece muy preocupado por cumplir con su parte, algo que sí han hecho otras CCAA vecinas, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

No es que la Generalitat haya dicho que no devolverá la paga. Es que la cuestión ni se ha planteado en modo alguno, en línea con la fuerte parálisis administrativa en la que ha caído Cataluña desde el 27-S. Antes de la convocatoria electoral, los sindicatos de la función pública ya pidieron un reunión para hablar de la devolución de la paga y del retorno de los días de libre disposición. Pero desde entonces se siguen dando largas.

Fuentes de la Conselleria de Governació han manifestado que no pueden hacer declaraciones al respecto hasta la reunión del día 6 de noviembre. Se han limitado a apuntar que “se están estudiando todas las vías” y han alegado que el Gobierno se encuentra en funciones. En esta cuestión han coincidido dos factores que han perjudicado a los funcionarios catalanes: la interinidad en la Generalitat y que Borràs apenas lleva tiempo en el cargo, puesto que sustituyó a Joana Ortega cuando esta dejó el Govern tras la ruptura con Unió antes del 27-S.

Los tres sindicatos de la función pública, UGT, CCOO y USOC, se han reunido esta semana para intentar presionar a la Generalitat, y que, como mínimo, afronte la cuestión.

Muchos afectados

El total de personal del sector público de la Generalitat supera los 220.000 trabajadores, según consta en los últimos Presupuestos presentados. Sin embargo, también se beneficiarían del retorno de la paga el personal concertado y de sanidad de la red hospitalaria, además de los trabajadores de empresas públicas. En total, más de 370.000 personas, a quienes se les está escamoteando este dinero.

Mientras, en Valencia ya se ha acordado recuperar ese dinero, y en autonomías como Murcia y Castilla y León se está ultimando la fórmula de abono. Además, en 2016 debería pagarse como mínimo el 50% restante correspondiente a ese año. Para colmo, en Cataluña el ajuste fue más duro y en 2013 y en 2014 tampoco se pagó a los funcionarios la paga de verano. Evidentemente, esta cuestión tampoco se encuentra sobre la mesa.