La caída de tipos y el descenso del paro inyectan más de 6.000 millones al Estado

Alivio en las cuentas del Estado. El proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2016 que aprueba este viernes el consejo de ministros incorpora reducciones en el gasto por valor de más de 6.000 millones de euros. Básicamente en dos partidas: los gastos financieros y el desempleo.

En el primer caso, debido al desplome de los tipos de interés (las nuevas emisiones se pagan con rentabilidades significativamente menores). Y en el segundo, debido a la creación de empleo y, sobre todo, a la reducción de la tasa de paro y a la caída de la tasa de cobertura tras haber agotado muchos desempleados tanto la prestación contributiva como la asistencial.

El Gobierno estima que el ahorro en el servicio de la deuda será equivalente a tres décimas de PIB, lo que representa unos 3.000 millones de euros. Como consecuencia de ello, el peso del endeudamiento público (incluidas todas las administraciones públicas) bajará hasta el 2,8% del producto interior bruto, lo que supone algo más de 28.000 millones de euros. En los momentos más duros de la crisis, el sector público llegó a destinar 35.000 millones de euros al servicio de la deuda.

El ahorro no sólo beneficiará a la Administración central, también a las comunidades autónomas. Esto es así debido a que el proceso de mutualización de la deuda pública ha supuesto un ahorro adicional para el conjunto de las AAPP. Y hay que tener en cuenta que nada menos que un 57% de la deuda territorial está en manos del Estado, por lo que su financiación más barata, sostiene el Ejecutivo, redunda en un ahorro para el conjunto de AAPP. Las comunidades autónomas se financian hoy con la misma rentabilidad que el Tesoro Público.

El Gobierno ha hecho sus proyecciones presupuestarias teniendo en cuenta que la rentabilidad de las emisiones a corto (letras) se mantenga a lo largo de 2016 en el entorno del 0% y las de largo plazo (obligaciones a 10 años) en el 1,4%.

El otro gran ahorro viene de la mano del desempleo. El Gobierno ha estimado que la mejora del ciclo económico supondrá que el Estado no tendrá que destinar a esta partida otras tres décimas de PIB, unos 3.000 millones de euros. El ahorro es ya visible en las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). El gasto en prestaciones está cayendo a un ritmo del 19%, y del 25% en el caso de las que tienen carácter contributivo, que son las más relevantes.

Existe margen

Como admite el Gobierno en la documentación presupuestaria enviada a Bruselas, esos 6.000 millones permiten “un margen adicional” para el cumplimiento de los objetivos de déficit y contribuye a financiar “otras políticas prioritarias de forma selectiva”.

Entre esas políticas parece estar la devolución de la paga extra a los empleados públicos suprimida en diciembre de 2012. El ministro Montoro reveló ayer que los funcionarios recuperarán otro 25% en septiembre, después de que la justicia obligará a devolver un 25%. En total, un 50%, con lo que el 50% restante, según dijo el ministro de Hacienda, se debería recuperar en 2016. Aunque, lógicamente, esto dependerá del resultado de las elecciones generales.

El coste aproximado para todo el sector público será de unos 1.300 millones, menos de la cuarta parte de lo que se ahorre el Estado en desempleo y gastos financieros.

El ahorro equivale a 17.500 millones en tres años con un solo objetivo: lograr la contención del crecimiento del gasto por debajo del crecimiento del PIB nominal

La mejora de ciclo económico ya ha supuesto importantes ahorros para el Estado. En concreto, y según avanzó en su día a Bruselas, en 2015 los menores gastos representarán 0,7 puntos del producto interior bruto; en 2016, de 0,6 puntos, y de 0,3 puntos en 2017.

En total, como dice el Gobierno, el ahorro equivale a 17.500 millones de euros en tres años con un solo objetivo: lograr la contención del crecimiento del gasto por debajo del crecimiento del PIB nominal. Algo que explica que el Ejecutivo mantenga su estrategia de devaluación salarial tanto en pensiones como en retribución de los empleados públicos., que son las partidas más importantes del presupuesto.

El Gobierno entiende que el hecho de que el PIB nominal vaya a crecer a tasas elevadas (en torno al 3,5% en 2016) da margen de maniobra para restaurar una parte de la paga extra sin incumplir la senda de reducción de los salarios públicos respecto del PIB. Según las estimaciones del Gobierno, la remuneración de los salarios públicos representará este año un 10,5% del producto interior bruto (PIB), pero para el año próximo calcula un 10,1%. Por lo tanto, cuatro décimas menos de gasto, lo que supone un ahorro de unos 4.000 millones de euros pese a la paga extra, sin tener en cuenta el avance nominal de la economía.