Los funcionarios recuperarán el 25% de la paga extra en septiembre y el resto en 2016

El Gobierno ha desvelado finalmente cuándo repondrá otra parte de la paga extra de los empleados públicossuprimida en diciembre de 2012. Lo hará en el mes de septiembre, a dos meses de las elecciones, y por una cuantía del 25%. Por lo tanto, los empleados públicos habrán cobrado ya el 50% de losuprimido, toda vez que las diferentes sentencias judiciales obligaron al Ejecutivo a devolver anteriormente otro25%.Queda un 50% que se abonaría en 2016, según avanzó este jueves el ministro Montoro.

La política de devaluación salarial para ganar competitividad -santo y seña del Gobierno desde el comienzo de la legislatura- continuará, sin embargo, un año más. Aunque los salarios nominales de los empleados públicos se incrementarán el 1%, el IPC crecerá más, lo que significa pérdida real de poder adquisitivo.

Algo parecido sucede en el caso de las pensiones públicas. Aunque el Gobierno no ha dicho formalmentecuál será el incremento (lo hará esteviernes tras la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos 2016), la aplicación del Índice de Revalorización da como resultado una cifra muy inferior al 1,3% que crecerán los precios en 2016 en media anual, según las últimas previsiones de Funcas.

El propio Gobierno estima que el deflactor del consumo privado (la variable más parecida al IPC dentro del cuadro macroeconómico) crecerá un 1,1%. Es decir, en ambos casos por encima de loque se baraja.

La subida previstapara los pensionistas es del 0,25%, el mínimo que marca la ley. Entre otras cosas porque la Seguridad Social, pese a la mejora del empleo, todavía arrastrará un cuantioso déficit, aunque inferior a los alcanzados en anteriores ejercicios. En concreto, equivalente a tres décimas de PIB (unos 3.000 millones de euros) lo que obligará nuevamente a echar mano del Fondo de Reserva.Y hay que tener en cuenta que las dos variables fundamentales del índice de revalorización son, precisamente, la situación financiera de la Seguridad Social y la demografía. Y hoy el gasto en pensiones está creciendo a un ritmo del 3,4%, lo que deja poco margen de maniobra.

La remuneración total del sector público (incluyendo todas las administraciones) ascendió el año pasado hasta los 114.521 millones de euros

La remuneración de los empleados públicos y la nómina de pensionistas son, con diferencia, las dos partidas más importantes del gasto público (cerca del 50% del presupuesto consolidado). La remuneración total del sector público (incluyendo todas las administraciones) ascendió el año pasado hasta los 114.521 millones de euros, mientras que la nómina de las pensiones (sólo las contributivas, ya que el resto se financia con aportaciones del Estado) llega hasta los 116.366 millones de euros.

Eso quiere decir que salarios públicos y pensiones se ‘comen’ casi 231.000 millones de euros, lo que da idea de la importancia que tiene para el Gobierno mantener un año más la devaluación de salaros y pensiones, aunque sea en periodo preelectoral. Lo que quiere evitar el Ejecutivo, igualmente, es el ‘efecto arrastre’ que tienen los salarios públicos sobre el sector privado.

Sector público y privado

De hecho, el incremento salarial pactado por sindicatos y empresarios para el sector privado va más allá de lo que propondrá este jueves formalmente el Ministerio de Hacienda en la Mesa General de la Función Pública.

En concreto, elIII Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) establece un incremento del 1,5% con cláusula de revisión en caso de que el IPC de 2015 y 2016 sea superior a lo pactado en convenio colectivo. Los empleados públicos no tienen derecho a esa cláusula, y conocerán la actualización de sus nóminas apenas 24 horas antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros, lo que da un margen mínimo de negociación con los sindicatos.

El Gobierno reconoce este ajuste adicional de los salarios públicos respecto del crecimiento del PIB en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que da no sólo pistas, sino cifras concretas, sobre su estrategia presupuestaria.

Según ese documento, la remuneración de los salarios públicos representará este año un 10,5% del Producto Interior Bruto (PIB), pero para el año próximo calcula un 10,1%. Por lo tanto, cuatro décimas menos de gasto, lo que supone un ahorro de unos 4.000 millones de euros. En el escenario previsto por el Gobierno a medio plazo estima que la remuneración de los asalariados públicos vaya bajando en los próximos años hasta representar el 9,5% del PIB en 2018. Es decir, un nivel desconocido en lo que va de siglo (el mínimo hasta ahora ha sido del 9,7%).

El hecho de que el PIB nominal vaya a crecer a tasas elevadas (en torno al 3,5%) da, sin embargo, cierto margen de maniobra al Gobierno para restaurar una parte de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 (ya abonó el 25%) sin incumplir esa senda de reducción de los salarios públicos respecto del PIB.

La moderación salarial forma parte de las recomendaciones que hace la Comisión Europea a España. Y de hecho, en el último Plan Presupuestario se instaba al Gobierno a que velara por que la evolución de los salarios reales fuera “coherente con el objetivo de creación de empleo”. El Gobierno ha tomado buena nota.