Ultimátum de Hacienda a los eurodiputados para regularizar sus pensiones en España

El plazo está a punto de finalizar. El próximo 30 de junio acaba el periodo voluntario para que los contribuyentes con pensiones no declaradas –y obtenidas en el extranjero– puedan acogerse a la 'amnistía' aprobada el año pasado en el marco de la nueva ley del IRPF. Lo que se consideró inicialmente un asunto residual, sin embargo, se está convirtiendo en un aluvión de complementarias, según Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Consulting. Oficialmente, todavía no hay cifras sobre cuántos pensionistas podrán beneficiarse, pero en algún momento el ministro Montoro habló de cerca de 30.000 contribuyentes inspeccionados.

La ley de reforma del IRPF incluyó una disposición adicional que, “como medida excepcional”, facultaba a la Agencia Tributaria a condonar las sanciones, recargos e intereses. Pasado ese plazo, los contribuyentes afectados no sólo deberán pagar la cuota correspondiente. También sufrirán el régimen de sanciones que prevé la legislación. En total, además de la cuota, una sanción que puede situarse en el entorno del 50% más los intereses.

La noticia buena fue que la Agencia Tributaria ya se encargó hace algunos meses de enviar una remesa de cartas a miles de contribuyentes recordándoles el plazo extraordinario para la amnistía. Y, de hecho, Hacienda se ha comprometido a devolver la cuantía de las sanciones a quienes hubieran sido multados antes del proceso de regularización, lo que puede suponer un coste estimado de 20 millones de euros.

Esa carta la recibieron tanto quienes ya estaban al corriente de pago como quienes no alcanzaban el mínimo que obliga a presentar la declaración, lo que explica el 'susto' que se llevaron miles de pensionistas.

La noticia mala fue que en la misiva enviada por la Agencia Tributaria también se recordaba que “transcurrido ese plazo extraordinario” sin haberse acogido al mismo, Hacienda exigiría el pago de recargos o intereses, lo que creó un gran revuelo. Tanto entre nacionales que perciben una pensión ganada en el exterior como entre los extranjeros residentes en España que también cobran su jubilación, siempre que no se trate de pensiones públicas obtenidas en razón de su condición de funcionarios.

El escándalo de la sicav

¿A quiénes afecta la norma? Fundamentalmente, a los emigrantes españoles que retornaron al país en el momento de la jubilación, tal y como reconoce la exposición de motivos de la ley, en la que se incluyó la condonación de las pensiones en el extranjero. Pero no sólo a ellos. Un eurodiputado presentó una consulta vinculante en 2011 a la dirección general de Tributos pidiendo una aclaración legal sobre cómo debía tributar en España una vez que cumplidos los 63 años tenía derecho a rescatar su fondo de pensiones mediante una renta mensual.

Y lo que respondió Hacienda a la cuestión planteada es que el importe de las prestaciones percibidas por los eurodiputados debía integrarse en su totalidad en la base imponible general del interesado. Por lo tanto, no se podía beneficiar de la reducción del 40% prevista entonces en la ley, toda vez que las prestaciones las recibía el eurodiputado en forma de renta.

La ley establece que quienes tengan en territorio nacional el núcleo principal de sus actividades económicas, deben pagar el IRPF por su renta mundial

Quiere decir esto que el eurodiputado en cuestión, que formó parte de la Eurocámara entre 1999 y 2004, 'trasladó' a España los rendimientos derivados de su fondo de pensiones, exactamente igual que lo hicieron los emigrantes que cobran su pensión tras la jubilación. El fondo de pensiones de la Eurocámara, ya disuelto, se nutría en sus dos terceras partes con dinero público y el resto con aportaciones de los propios beneficiarios.

Cuando el Parlamento Europeo cerró el fondo de pensiones en 2009, había 1.113 beneficiarios de todos los países y de todos los colores ideológicos que conforman la Unión Europea. También había 493 pensionistas ya no electos en la Eurocámara, 56 de ellos dependientes o familiares de algún eurodiputado ya fallecido.

Hay que tener en cuenta que en la exposición de motivos de la ley del IRPF se justifica la amnistía por las “especiales circunstancias” del colectivo social afectado. En particular, “personas de avanzada edad trasladadas recientemente a España”. El término “trasladadas” es clave, toda vez que encaja perfectamente con el caso de los eurodiputados que no hubieran tributado en España. Los únicos que estarían siempre exentos de presentar declaración son los pensionistas con ingresos inferiores a 11.200 euros.

La ley establece que quienes residan en España más de 183 días al año o tengan en territorio nacional el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos deben pagar el IRPF por su “renta mundial”, por lo que en principio deben declarar cualquier ingreso procedente del extranjero. Para ello, deben rellenar una declaración (el modelo 100) y de forma complementaria presentar un formulario (el llamado G2299) destinado a que la propia Agencia Tributaria tenga constancia de que se trata de una regularización extraordinaria por pensiones percibidas en el extranjero. En caso contrario, se anularía la condonación.