Transparencia denuncia el 'lobby' “indebido” de eléctricas, farmacéuticas, banca o TV

Lo dice con rotundidad el informe que ha elaborado Transparencia Internacional sobre las actividades de lobby que se realizan en España. La ausencia de regulación, sostiene, provoca que “grandes corporaciones y grupos de interés” influyan “de forma indebida” en la toma de decisiones políticas. La financiación de los partidos políticos, el uso de las puertas giratorias o la amenaza de la desinversión para paralizar cambios normativos necesarios, según la organización que analiza el fenómeno de la corrupción en el mundo, prueban que esas prácticas existen.

Transparencia Internacional, incluso, identifica algunos sectores económicos donde se han traspasado los límites. Y en concreto, apunta hacia el sector eléctrico, la sanidad, el reparto de licencias de televisión o la obra pública. Su conclusión es que, paradójicamente, es posible conocer las sumas que dedican las empresas españolas a hacer lobby en la UE, gracias a la regulación europea, “pero no disponemos de esa información para España dada la ausencia de legislación nacional”. Por ejemplo, se dice, “podemos saber cuánto dinero destina Telefónica a hacer lobby en la Unión Europea pero no en España”.

Eso es lo que explica, precisamente, que haya sido la UE quien haya financiado un estudio sobre las actividades de lobby en España en el que se hace un repaso a los sectores que más influyen en las decisiones políticas. Y en este sentido, se cita explícitamente lo que sucede en el sector energético o el financiero, donde “no sorprende que la práctica de las puertas giratorias se dé con más intensidad”. Fundamentalmente, porque se trata de sectores sometidos a una regulación intensa y que están dominados “por empresas potentes” muy dependientes de la regulación pública “que buscan cercanía a los diferentes gobiernos”.

La UE ha financiado un estudio sobre las actividades de 'lobby' en España en el que se hace un repaso a los sectores que más influyen en las decisiones políticas

Hay que recordar que dos de los tres últimos presidentes de gobierno–Aznar y Felipe González–han asesorado a importantes empresas energéticas. Se pone como ejemplo de esta práctica de lobby indebido la falta de respuesta a los argumentos a favor del autoconsumo y a las numerosas alegacionesy enmiendas presentadas en la tramitación de la ley eléctrica. Todo parece indicar, se asegura, que la decisión del Ejecutivo “fue más política que técnica y que no se escuchó o atendió por igual a todas las partes que tenían interés en la elaboración de estas normas”. Transparencia Internacional recuerda, igualmente, que la exministra Elena Salgado, tan sólo cuatro meses después de dejar la vicepresidencia, fue incorporada como consejera por una filial de Endesa en Chile; Pedro Solbes se decantó por la italiana ENEL, que le contrató como consejero dos años después de su salida del Ejecutivo o José Folgado, exsecretario de Estado de Energía, aceptó la presidencia de Red Eléctrica.

Farmacéuticas, TV, constructoras…

En la lista también aparecen compañías farmacéuticas que presionan para implantar vacunas; televisiones privadas que se reparten el mercado con la anuencia del Gobierno de turno o constructoras que consiguen de esta manera millonarios contratos del Estado.

Transparencia Internacional pone también como ejemplo lo que ha sucedido a la hora de conceder licencias de Televisión Digital Terrestre por parte del Consejo de Ministros “sin concurso público previo”, lo cual, asegura, “es lo habitual en los países de nuestro entorno europeo”. Ello supone, en su opinión, una “falta de transparencia e inexistencia de reglas justas en el proceso, así como falta de estudios de impacto, falta de un período de consultas y participación y, por tanto, facilidad para alcanzar acuerdos entre los más poderosos, contrariando la libre competencia”. En concreto, se cita a Antena3, Gestevisión Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, NET TV y laSexta. ”Otros posibles competidores no fueron considerados nitampoco se llevó a cabo un proceso de consultas a los organismos del Estado, como la CNMC o el Consejo de Estado”, se recuerda.

Su conclusión es nítida. Como consecuencia de esta decisión, se ha generado “inseguridad jurídica”, como puso de relieve una sentencia del Tribunal Supremo. Esto es especialmente grave teniendo en cuenta que “los riesgos de un lobby opaco y desequilibrado en el sector audiovisual son sumamente relevantes” porque afectan a la pluralidad ideológica en un “sector crucial para la democracia”. La concesión de licencias, concluye, corresponde al Gobierno, y este ha sido controlado en toda la etapa democrática por uno u otro de los dos grandes partidos. En esta lógica, sostiene, “la concesión no ha sido nunca técnica y apolítica”.

El informe recuerda que la mayoría de las empresas que figuran como donantes ilegales en la contabilidad Bdel Partido Popular encontraron en las adjudicaciones de las Administraciones dirigidas por los populares una buena parte de su negocio, tal y como se refleja en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).

En el área de farmacia los casos de puertas giratoriastampoco “son infrecuentes”.Y en concreto se detalla elcaso de la vacuna de la varicela, que es un buen ejemplo de intento de influencia por las empresas farmacéuticas en las políticas de medicamentos.

Vacunas a la carta

El Sistema Nacional de Salud decidió en su día incorporar la vacuna de la varicela en su calendario oficial para aplicarla en los adolescentes que no hubiesen padecido la enfermedad en la infancia. La vacuna fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para niños y adultos, pero su uso en España está sujeto a la ficha técnica de la Agencia Española,que indica que se aplicará según las recomendaciones de las autoridades sanitarias –en particular, a adolescentes de doce años que no hayan sufrido la enfermedad y a población de riesgo–.

La empresa productora no compartió la decisión de las autoridades sanitarias e inició diversas acciones para lograr la mayor venta posible en farmacias y la promoción de su aplicación a niños pequeños. La empresa productora, en su intento de influencia, pudo aprovechar dos elementos: en primer lugar, el hecho de que en España el precio de una vacuna es libre cuando no se financia públicamente (y en este caso ha resultado muy elevado), y en segundo lugar, que algunas sociedades médicas promovieron el uso de la vacuna, conduciendo al éxito comercial.

El sector de la alimentación tampoco escapa de estas actividades ‘opacas’. Y en concreto, se cita “un ejemplo de puertas giratorias potencialmente peligroso”. En marzo de 2012, la responsable de asuntos científicos y regulatorios de Coca-Cola España,y miembro del Consejo de la Asociación Española de Bebidas Refrescantes, fue nombrada directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). El organismo tiene entre sus objetivos planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutricióny, en particular, en la prevención de la obesidad como los productores de bebidas azucaradas.

Como parte de sus actuaciones de prevención de la obesidad, la AECOSAN debía desarrollar los reglamentos de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición. Por ejemplo, el reglamento sobre qué alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares no se permitirán en los centros escolares. Por estos motivos, la European Food Safety Authority (EFSA) pidió a la directora de la AECOSAN que se abstuviese, durante dos años, en todas las decisiones relacionadas.En medios científicos se ha llamado la atención sobre los riesgos que supone situar en los puestos de mando de la política de nutrición a personas anteriormente empleadas por la industria directamente afectada por la regulación de esta agencia.

Una reunión sospechosa

El informe de la Transparencia Internacional también apunta a la banca. Y en este sentido, se recuerdan las dos reuniones mantenidas el fin de semana del 4 de mayo de 2012 entre el Ministro de Economía, el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los presidentes de Banco Santander (Emilio Botín), BBVA (Francisco González), y CaixaBank (Isidro Fainé), donde supuestamente le fue pedido a Rato que dimitiera. En opinión del abogado de UPyD, Andrés Herzog, que colabora en la investigación de Transparencia Internacional, esa reunión es un ejemplo de “la presión que ejercen los grandes banqueros en el Gobierno”.

Otro caso igualmente llamativo. Dos abogados del Estado, ahora en excedencia voluntaria, que trabajan en un bufete de abogados especializados en derecho portuario fueron contratados por un grupo de empresas constructoras como asesores legales para el pleito que estas mantienen contra un ente público, el puerto del Musel en Gijón (Asturias). Las empresas le reclaman el pago de 354 millones de euros adicionales a los 624 ya pagados por las obras de ampliación del puerto pese a que el proyecto inicial era de 500 millones. Los dos abogados del Estado eran en 2004 el director y el subdirector de los servicios jurídicos del organismo público Puertos del Estado, perteneciente al Ministerio de Fomento.

Para Transparencia Internacional, los controles que se ejercen sobre incompatibilidades de los abogados del Estado son “muy escasos”. Es por eso que Transparencia pide que se asegure la imparcialidad e independencia de la Oficina de Conflictos de Interés para que se aplique de “forma seria y rigurosa” la ley que los regula.