CALIFICA DE 'REGRESIVA' LA POLÍTICA SOCIAL

Bruselas abronca a España por el nivel de pobreza y el aumento de la desigualdad

El informe no tiene desperdicio. Y supone una enmienda a la totalidad a la política social del Gobierno. En concreto, por la elevada tasa de pobreza y por el crecimiento de la desigualdad en los últimos años
Foto: El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. (Gtres)
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. (Gtres)

Las críticas no proceden de los partidos de la oposición. Ni siquiera de los sindicatos. Vienen de la propia Comisión Europea, acostumbrada a impartir doctrina a los Gobiernos aunque sus propuestas hayan sido acatadas.

Y lo que dice Bruselas es que la política social hace agua. O expresado en términos más precisos. “Más de 12,5 millones de personas”, recuerda la Comisión Europea, “se hallaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013”. Además, sostiene Bruselas, España figura entre los países de la UE que “mayores desigualdades” en materia de ingresos registraron en 2014 y la brecha de la pobreza “ha aumentado considerablemente” desde 2007.

Bruselas pone números y caras a este análisis. Recuerda que los niños y los jóvenes son los grupos “más afectados” por la pobreza, así como las familias monoparentales, que presentan también un riesgo elevado. De hecho, el número de personas que sufren privaciones materiales graves ha aumentado a un 6,2% en 2013, frente a un 5,8%  un año antes, (+154.000). Su conclusión no deja lugar a dudas: la situación de grupos específicos, tradicionalmente más afectados por la pobreza y la exclusión social (los inmigrantes, la población romaní y las personas discapacitadas), “ha empeorado significativamente durante la crisis”, sostiene.

El análisis fue publicado la semana pasada en el marco del examen sobre la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y lo relevante es que se trata del primer informe con cierto nivel de detalle sobre las consecuencias de la crisis en términos sociales. Para ello se utiliza el llamado indicador AROPE [ver gráfico], que mide la evolución de la pobreza y el riesgo de exclusión social. Dicho indicador combina factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del empleo.

El análisis parte de una idea: España, sostienen los funcionarios de la Comisión Europea, “ha avanzado poco en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños, pese a algunas iniciativas modestas”. Y no sólo eso. El sistema de protección social sigue teniendo dificultades en términos de cobertura y de eficiencia y se aprecia que sus efectos redistributivos entre los diferentes grupos de renta son limitados. Debido al persistente desempleo, el número de hogares que carecen de ingresos alcanzó la cifra de 740.500 en el segundo trimestre de 2014 (casi el doble que en 2008).

Para la Comisión Europea, se observa “alguna mejora” debido a las nuevas condiciones económicas, pero los efectos de la protección social en la reducción de la pobreza, en particular de la pobreza infantil, “siguen siendo escasos en España” (27,6%, frente al 41,3% para el conjunto de la UE en 2013).

Política regresiva

En España, el gasto medio por niño aumenta paralelamente a las rentas familiares. Esta distribución es la que no le gusta a la Comisión Europea, hasta el punto de que la califica de “regresiva”, toda vez que las medidas “se han centrado en los neonatos y los niños de corta edad, que tienden a estar sobrerrepresentados en los quintiles de rentas más altas”. Es decir, que en lugar de beneficiar a quienes más lo necesitan, favorece a los más ricos. Es más, dicen los autores del informe sobre España, “la educación y los cuidados infantiles en edades tempranas se ven aún obstaculizados por el coste y la disponibilidad de los mismos”.

No sólo es un problema de falta de recursos. La Comisión Europea entiende que la estructura territorial de España no favorece la articulación de la política social. Y en concreto recuerda que las competencias sobre ayudas y prestaciones se distribuyen entre instituciones y niveles de Administración muy diversos, lo que provoca deficiencias. “Faltan criterios unificadores y una base de datos nacional”, asegura. Su conclusión es que en el caso de los regímenes de rentas mínimas autonómicos, la diversidad de sistemas y criterios de admisión, y las dificultades para la transferencia de derechos entre los sistemas autonómicos “pueden afectar negativamente tanto a los incentivos para aceptar trabajos como a la movilidad laboral”.

Estas deficiencias tienen que ver con la escasa coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales, y de ahí que hable de “pocos progresos” para adaptar las políticas activas del mercado laboral a las personas en riesgo.

El documento es posterior a la firma del acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal que supone la creación de una nueva prestación para los colectivos más vulnerables. Pero la Comisión Europea duda de su eficacia. Y en concreto, considera que aunque los 426 euros son “muy necesarios”, este nuevo programa “viene a añadir”, sostiene, “un nuevo nivel al actual sistema de regímenes de apoyo a las rentas, ya muy fragmentado, y reduce, por tanto, la eficacia del sistema de protección social”.

Por último, Bruselas critica al Gobierno español porque “se ha avanzado poco” en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños, pese a algunas iniciativas modestas. Y en concreto, cita que en los Presupuestos de 2014 se incluyó una asignación especial de apenas 17 millones de euros destinada a paliar las privaciones materiales graves de familias con niños en situación de dependencia, entre ellas las familias gitanas.

Como colofón, sostiene que la reciente reforma fiscal apenas ha servido para luchar contra las situaciones de extrema necesidad. Según sus palabras, los cambios en el IRPF “no conforman un marco global que permita hacer frente a los elevados y persistentes niveles de pobreza infantil”.

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