¿Quién miente? Por qué el Banco de España no publica las actas sobre Bankia

Ya se sabe que la mejor manera de desinformar es volcar millones de datos en la red. Y eso es, precisamente, lo que hace la Ley de Transparencia: dar apariencia de rendición de cuentas sin que en el fondo nada cambie. Conocer el sueldo de un subsecretario o del jefe de gabinete del presidente del Gobierno es útil. Tiene morbo, pero poco más. Lo relevante es conocer por qué los poderes públicos toman determinadas decisiones que pueden afectar a la responsabilidad patrimonial del Estado, y eso, desgraciadamente, seguirá sin conocerse.

Nadie sabe, por ejemplo, qué argumentos utilizó la comisión ejecutiva del Banco de España –el verdadero órgano de gobierno del regulador– para aprobar la fusión de las cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia. Ni mucho menos las discusiones que pudieron entablarse en torno a su salida a bolsa. “Una cuestión de Estado” en tiempos de Zapatero, según lo ha calificado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Tampoco nadie sabe por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el folleto de emisión sin sospechar que lo más granado del Ibex (y del no Ibex) se había confabulado para dar apariencia de solvencia a una operación algo más que turbia. Ignorando, consciente o inconscientemente, que su aval a la salida de Bankia era en realidad un apaño. De hecho, nada más empezar a cotizar la acción, las ventas se dispararon y nadie investigó las razones.

La causa de tanta opacidad tiene que ver con la habitual ley del silencio que reina en los aparatos del Estado, donde, al contrario de lo que sucede en los países anglosajones, no hay una tradición de publicar las actas de las reuniones que afectan a asuntos de especial trascendencia. No de forma inmediata, algo que puede afectar a empresas cotizadas, sino pasado algún tiempo, lo cual convierte a la Administración en un pozo cegado de información.

Y no es porque no haya constancia de lo que allí se decide. El artículo 63 del Reglamento del Banco de España deja bien claro que, después de “cada sesión” que celebren tanto la Comisión Ejecutiva como el Consejo de Gobierno, “se levantará acta por el secretario”, y en ella se debe especificar “el contenido de los acuerdos adoptados”. El propio Reglamento precisa que las actas del Consejo tendrán “carácter reservado”, debiendo guardar secreto de las mismas cuantos las conozcan por razón de sus funciones.

El secretismo

Este secretismo –se entiende que no puedan desvelarse cuestiones que afecten a determinadas rúbricas del balance porque afectaría a la estrategia de cada entidad financiera– es lo que explica la escasa información que hoy existe sobre todo lo que rodeó a la salida a bolsa de Bankia.

Un secretismo que, incluso, alcanza a los propios órganos de dirección del regulador. El economista Guillem López i Casanovas, miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España, publicó el martes en La Vanguardia un esclarecedor artículo en el que admitía que “en el caso de Bankia”, y pese a su condición de alto cargo del banco central, sólo pudo seguir “indirectamente” todo lo que rodeó a la crisis de la cuarta mayor entidad financiera de España. López i Casanovas lo achacaba en el artículo al “elevado presidencialismo” de la entidad.

Su conclusión, en todo caso, no deja lugar a dudas. Para el alto cargo del regulador, “lo que ha pasado [en Bankia] responde a un error de apreciación de la dirección del banco [en tiempos de Fernández Ordóñez] para salvar Bankia, hecho a toda prisa y buscando complicidades”. No parecen palabras amables viniendo, precisamente, de un miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España. “Los estrategas se equivocaron”, continúa su escrito, “y las circunstancias jugaron en contra”.

Con todo, lo más significativo es que el propio López i Casanovas admite que “el Consejo de Gobierno no tuvo capacidad para conocer ni opinar sobre aquellos informes [los que hacía la inspección del banco]”.

“Ciertamente”, continúa, eso “nos hace irresponsables frente a la Fiscalía”. Es más, reconoce que hubo “una cola de compradores institucionales más o menos inducidos por la presión política”. Es decir, la misma versión que dio el miércoles en el Congreso el ministro de Guindos a la pregunta que le hizo el diputado socialista Juan Moscoso. Blanco y en botella.