Hacienda: tener a Juncker en la Comisión es necesario para meter mano a Luxemburgo

Los grandes Estados de la UE se han hartado de los privilegios fiscales que ofrece Luxemburgo a las empresas para que desvíen sus beneficios hacia ese país, y están decididos a meter mano a la cuestión en el Consejo Europeo del próximo día 19. De hecho, ya se han producido los primeros y significativos movimientos en esta dirección. Esta actitud parece chocar con la defensa del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, por los grandes partidos. Pero en realidad, es necesario que Juncker esté colocado ahí para poder entrar en profundidad en las prácticas de su país, según fuentes de la Hacienda española.

"No hemos descubierto ahora Luxemburgo; todo el mundo sabía que se hacían estos acuerdos y que eran muy ventajosos para las multinacionales, por eso se domiciliaban allí. Pero ahora conocemos los documentos reales, podemos probar lo que ocurre y echárselo en cara a Luxemburgo", señalan las fuentes consultadas. Un portavoz del Ministerio de Cristóbal Montoro declinó hacer comentarios sobre esta información.

Estas fuentes se refieren a los tax rulings, acuerdos firmados por las empresas a través de las big four (PwC, KPMG, Deloitte y Ernst & Young) con las autoridades luxemburguesas por los que se garantizaban una fiscalidad ventajosa durante años. Estos documentos, referidos a 340 compañías, fueron revelados por primera vez por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 33 medios asociados, entre ellos El Confidencial en España. Ahora se ha ampliado la filtración de estos documentos a otras 33 multinacionales, como Disney, Skype o la española Amadeus.

"Los Gobiernos están determinados a acabar con esta situación", aseguran estas fuentes. Esto choca aparentemente con el apoyo de los grupos popular y socialista en el Parlamento Europeo a la continuidad de Juncker –que fue primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013, cuando se firmó el grueso de estos acuerdos– al frente de la Comisión Europea. Sin embargo, estas fuentes explican que la realidad es justo la contraria: "Que esté Juncker en la Comisión –es decir, que no esté en Luxemburgo– es necesario para poder adoptar estas medidas. Porque lo importante es acabar con las prácticas de Luxemburgo, no con la carrera de Juncker".

Carta de Alemania, Francia e Italia

Este movimiento comenzó la semana pasada con una carta remitida por los ministros de Finanzas de Alemania, Francia e Italia (no el de España) al comisario europeo de Economía y Hacienda, Pierre Moscovici, en la que solicitaban que se ilegalice la llamada "planificación fiscal agresiva". La misiva pide "unas reglas y condiciones más estrictas" para los tax rulings unilaterales, una referencia clara a los acuerdos firmados entre Luxemburgo y las multinacionales. "La falta de una armonización fiscal en la Unión Europea es una de las principales causas que permiten que se desarrollen la planificación fiscal agresiva, la erosión de bases imponibles y el desvío de beneficios dentro del mercado único".

El propio Juncker, acorralado por la publicación de la primera serie de los LuxLeaks, ya prometió hace un mes la adopción de medidas para acabar con este tipo de prácticas. Pero sus socios no quieren que esto se quede en una mera declaración de intenciones. De ahí que en el Ecofin celebrado el martes aprobara por unanimidad dos propuestas de directiva en este sentido. Una para extender el intercambio automático de información al pago de intereses y dividendos y las plusvalías –las principales fórmulas de desvío de beneficios hacia Luxemburgo–, ya que hasta ahora estaba limitado a los ahorros, rendimientos de trabajo, remuneración de directivos, seguros, pensiones y rendimientos inmobiliarios. Y otra para limitar el margen de la directiva matriz-filial, ya que a menudo las multinacionales se aprovechan de los beneficios que esta norma concede con el fin de evitar la doble imposición para obtener un beneficio que no refleja la realidad económica.

Según las fuentes de Hacienda citadas, este movimiento tendrá continuidad en el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo 19 de diciembre, cuando los líderes europeos manifestarán inequívocamente su intención de finiquitar estas prácticas y de impulsar la aprobación de estas normas en los próximos meses. El rumbo que se quiere dar es el de las recomendaciones de la OCDE para evitar las llamadas Beps (erosión de bases imponibles y desviación de beneficios).

Reino Unido y Bélgica estrechan el cerco

Este tipo de prácticas han llevado ante el Parlamento británico al responsable de de PwC UK, Kevin Nicholson. Tuvo que comparecer este martes ante la Comisión de Cuentas Públicas para dar explicaciones sobre los acuerdos fiscales con Luxemburgo (la primera entrega de LuxLeaks comprendía sólo acuerdos firmados por PwC; en esta segunda los medios que han realizado esta investigación conjunta, El Confidencial en España, han accedido a documentos de KPMG, Ernst & Young, Deloitte y despachos de abogados como Linklaters).

El problema de Nicholson es que ya compareció en 2013 ante el mismo comité, y aseguró que PwC nunca había ayudado a sus clientes a evitar el pago de impuestos. Margaret Hodge, presidenta del Comité, le acusó duramente de haber mentido hace dos días: "Se me hace complicado entender que esto sea otra cosa que un esquema masivo para evadir impuestos (...). Habéis vendido esquemas de evasión fiscal a escala industrial", ha denunciado. La culpa, según el acusado, es de la falta de reformas políticas sobre este plano en los Estados europeos.

Dos Estados que también han movido ficha son Holanda y Bélgica. El ministro de finanzas de Bruselas ha confirmado que ha recibido de Luxemburgo los acuerdos fiscales que las empresas y las familias ricas del país alcanzaron con las autoridades tributarias del Gran Ducado como respuesta a la petición del Ministro, quien pidió esos documentos el mes pasado tras la publicación de los primeros documentos de LuxLeaks.

Los Países Bajos, también investigados por prácticas fiscales agresivas, comenzarán a llevar a la práctica una normativa que hasta ahora se había quedado en papel mojado. Con especial atención hacia las empresas alemanas, el país comenzará "inmediatamente" a compartir informaciones con los países que quieran conocer los acuerdos fiscales que hayan alcanzado las empresas con sus autoridades tributarias. Los esquemas de exención de impuestos que utilizaría una de ellas, Starbucks, están en el centro de una investigación de la Comisión Europea.