El cierre de Alcoa en España levanta a la industria contra el alto coste de la energía

La primera subasta de energía organizada por Red Eléctrica sobre el llamado servicio de interrumpibilidad ha levantado a la gran industria contra la política energética del Gobierno. Su primera víctima ha sido Alcoa, la multinacional estadounidense de aluminio (la tercera del mundo), que ha anunciado un despido colectivo que supone, de hecho, el cierre de dos de sus seisfábricas en España, la de Avilés (Asturias) y A Coruña.

Alcoa esgrime que el nuevo sistema de subasta aprobado el año pasado con la reforma energética esquilma su cuenta de resultados y, como consecuencia de ello, no puede mantener abiertas ambas factorías, donde trabajan de forma directa unos 900 empleados.

Los sindicatos UGT y CCOO sostienen que detrás de ese cierre hay, en realidad, una mala gestión de la empresa, pero aun así han pedido al Gobiernoque modifique el nuevo sistema de retribución a la gran industria por la energía que dejan de consumir para garantizar el abastecimiento global del sistema. De lo contrario, anuncian “un gran desastre industrial” en un país que ha visto caer el peso de la industria en el PIB hasta el 15,9%, lejos del 20% que se ha impuesto como objetivo la Unión Europea.

Los representantes de los trabajadores no están solos. La gran industria –en cuya cuenta de resultados lo que más pesa son los costes de la energía– ha empezado a movilizarse. Hasta el punto de que recientemente Unesid, la patronal siderúrgica, ha reclamado al ministro Soria que modifique de forma radical el nuevo sistema de subasta, con el que el Gobierno ha recortado las retribuciones a los grandes consumidores en unos 200 millones de euros respecto del sistema anterior. Esos 200 millones son los que dejan de ingresar las empresas.

El servicio de interrumpibilidad es una herramienta destinada a flexibilizar el sistema eléctrico desde el lado de la demanda (las fábricas). Estos grandes consumidores tienen asegurada una cantidad de energía para evitar que los centros de trabajo puedan quedar sin actividad por falta de electricidad, pero a veces sucede que es Red Eléctrica, el operador del sistema, quien ordena reducir el consumo para mantener el equilibrio entre oferta y demanda. La contrapartida que reciben los grandes consumidores es una retribución que es la que ahora se ha recortado. El nuevo sistema, como si se tratara de una lonja de pescado, fija los precios de mayor a menor, y en la subasta participan entidades que nada tienen que ver con el sistema eléctrico.

Movilización política

Los sindicatos y la gran industria tampoco están solos en su lucha contra el nuevo sistema. Recientemente, los presidentes de Galicia y Asturias, Alberto Núñez Feijoo y Javier Fernández, han reclamado al Ministerio de Industria una solución para resolver los problemas que ha generado la primera subasta de electricidad por sus elevados costes sociales.

Por el momento, Industria sólo se ha comprometido a realizar una segunda subasta (la primera fue un fiasco para Alcoa) pero sin cambiar el sistema. En esa segunda tanda la multinacional estadounidense espera recibir unos 60 millones de euros de los dos bloques que componen la subasta. Si eso ocurre, como ha asegurado el presidente asturiano, “habríamos solucionado el problema a un año vista”. Alcoa se habría comprometido a retirar el despido colectivo si en la nueva subasta aumenta su retribución respecto de la anterior de forma significativa.

El problema de la gran industria con los costes energéticos no tiene que ver, sin embargo, únicamente con el servicio de interrumpibilidad. Lo que preocupa, sobre todo, es la imposibilidad de hacer una planificación energética a largo plazo, algo que es literalmente imposible por los continuos cambios regulatorios. Los directores de muchos centros de trabajo se quejan una y otra vez de que no saben cuánto les va a costar la energía dentro de un año, lo cual hace inviable cualquier planificación estratégica. Y hay que tener en cuenta que la energía supone alrededor de una tercera parte de los costes en muchos procesos productivos.

En palabras de Unesid, la patronal siderúrgica, el sistema de subasta, diseñado para minimizar la retribución, ha ocasionado una “drástica reducción”, lo que unido la “gran volatilidad” de los precios en España “dificulta, cuando no impide, una mínima planificación industrial”.

Según sus cuentas, el precio de la energía en el mercado de futuros es de 13 euros MWh más caro que en Alemania debido a que España “es una isla energética y la competencia es limitada”. Alemania, por ejemplo, aportó en 2014 unos 300 millones de euros a la industria intensiva en uso de energía para compensar los costes indirectos de emisiones de CO2, mientras que en España el presupuesto fue de 1 millón de euros.

En el caso de Alcoa, con sus seisfábricas en España, CCOO sostiene que la empresa “no fue capaz de manejarse con soltura en el desarrollo de la subasta eléctrica”. Y que a consecuencia de ello, “no le tembló el pulso al decidir que fueran los trabajadores de las plantas de Avilés y A Coruña los que pagasen las consecuencias de su torpeza y la mala gestión del Gobierno”. Lo que está en juego, ni más ni menos, asegura el sindicato, es la competitividad de las empresas y el riesgo de deslocalizaciones masivas que afectarían al nivel de empleo. Se da la circunstancia que la presencia de Alcoa en España se debe a la privatización de la antigua Inespal, una sociedad del extinto Instituto Nacional de Industria (INI).

En una situación parecida a la de Alcoa se encuentra la factoría Megasa Siderúrgica, situada en Narón (A Coruña), y que da empleo a 190 trabajadores. Otras factorías como las de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc también se han visto seriamente perjudicadas por el incremento que sufrirán en sus costes energéticos en el próximo año.