Hacienda revisará el valor catastral de 7,4 millones de inmuebles en plena recuperación

Nuevas tasaciones a la vista para buena parte del parque de viviendas. Y es que, según prevé el Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 remitidos ayer al Congreso, el año próximo se revisaran al alza los valores catastrales en casi 1.700 municipios, lo que afectará a más de 7,4 millones de inmuebles. La actualización, que puede llevarse a cabo a petición de los propios ayuntamientos o de oficio, sólo supondrá rebajas de las valoraciones en dos millones de edificios.

“En este sentido, para 2015, se prevé la aplicación de coeficientes de actualización para aumentar el valor catastral en 1.668 municipios que comprenden 7.411.970 inmuebles, y reducirlo en 208 municipios que comprenden 1.920.827 inmuebles, lo que representa una mejora en la aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado en un total de 1.876 municipios con 9.332.797 inmuebles”, expone el programa de Hacienda. El valor catastral es la referencia que utilizan los ayuntamientos para elaborar tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), uno de los pilares de su financiación.

Como recuerda el Ministerio, el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario contempla que las leyes de presupuestos generales puedan actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos mediante la aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores total. Esa ponencia –una suerte de hoja de ruta que fija los criterios para tasar cada inmueble– tiende a alejarse del precio de mercado, como se ha podido comprobar durante los años de auge inmobiliario. Y puede pasar más de una década hasta que se elabore una nueva.

Hacienda requería en 2014 para aplicar esos coeficientes que la entrada en vigor de la ponencia fuera anterior a 2009. Como puede comprobarse en el BOE que recogía los municipios que habían solicitado la revisión para 2014, hay ponencias que llevan más de diez años en vigor. En esos casos, lógicamente, la actualización es al alza. Puede haber más discrepancias en los casos de municipios que soliciten un ajuste de los valores con ponencias más cercanas a esa línea roja que marca el año 2009, con la burbuja ya pinchada. Lo explicaba claramente el propio Ministerio en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“En los municipios cuya ponencia de valores ha entrado en vigor en los años 2004 y 2005, no existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes –subrayaba el departamento de Cristóbal Montoro–. Por el contrario, se aprecian diferencias sustanciales entre dichos valores en los municipios en los que la entrada en vigor de sus ponencias de valores se ha producido, por una parte, entre los años 2006 y 2008 y, por otra, en el año 2003 o anteriores. Por ello, en estos casos resulta oportuna la aplicación de los coeficientes de actualización”.

Vídeo: Presentación oficial de los Presupuestos

El bolsillo de los ayuntamientos

Es a partir de ahí donde entran los intereses de cada ayuntamiento y su afán más o menos recaudatorio. Desde Hacienda se deja claro que el efecto de la actualización es neutro, ya que la legislacion vigente obliga a los ayuntamientos a elegir entre la aplicación del nuevo coeficiente o la subida general aprobada por el Ejecutivo en el arranque de legislatura. Es más, añaden que el efecto global neto del ajuste es una bajada del valor catastral, que en 2014 se situó en el 1,5%.

Sin embargo, al final, no deja de ser el municipio el que fija el tipo de gravamen por el que se multiplica el valor catastral para determinar la cuota del IBI. "Los ayuntamientos necesitan conocer con anterioridad los resultados previstos tanto en valores catastrales como en bases imponibles y bases liquidables, a fin de aprobar por ordenanza fiscal el tipo de gravamen ajustado del impuesto y estimar las cuotas que se recaudarán”, fija el programa, titulado "Gestión del catastro inmobiliario". Hacienda también puede actualizar esos valores de oficio en el marco de las medidas contra la morosidad de las Administraciones Públicas adoptadas a mediados de 2013.

Este nuevo procedimiento ha rebajado drásticamente la cifra de notificaciones de valores catastrales, que llegaron a superar los tres millones en 2011. Para el ejercicio que viene sólo se consignan 170.682, después de años incumpliendo la planificación. “La reducción sobre lo presupuestado corresponde a la caída significativa en el número de municipios que llevan a cabo una ponencia de valores catastrales por acogerse al nuevo procedimiento de actualización de valores por aplicación de coeficientes”, expone el documento. La pelota está en el tejado de los alcaldes, con las elecciones a la vuelta de la esquina.