El Gobierno prepara un ‘mapa’ de la pobreza para aumentar las ayudas públicas

La idea es antigua. Pero incorpora una novedad. Por primera vez, la Administración central elaborará un mapa de las ayudas públicas a personas con riesgo de exclusión social. El objetivo, en una primera fase, es identificar con precisión todas las ayudas que conceden las distintas Administraciones Públicas a los colectivos más desfavorecidos y casarlas con el patrimonio real de los beneficiarios.

Posteriormente, se pondrá en marcha un nuevo programa de prestaciones económicas –distinto al Plan Prepara– destinado a aquellas personas que no están amparadas por la acción protectora del Estado y que se encuentran en riesgo de exclusión debido a que son parados de larga duración o carecen de cualquier tipo de rentas. La última Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que nada menos que el 42% de los parados lleva más de dos años buscando un empleo.

El mapa de prestaciones lo está elaborando el Ministerio de Empleo, y debe estar listo a finales de octubre. Forma parte del nuevo clima de diálogo social que se ha consolidado entre Gobierno, sindicatos y empresarios, y que se materializó el pasado 29 de julio en un encuentro con el presidente Rajoy. Hoy mismo se producirá una reunión en el departamento de Fátima Báñez para discutir este asunto.

Aquel documento comprometía al Gobierno a que el mes próximo comience ya a aplicarse un plan de recuperación del empleo y de “mejora de la protección”, aunque dejando claro que la percepción de esa nueva prestación debe estar vinculada a un contenido específico de “orientación, formación, recualificación o reconocimiento de la experiencia laboral” para facilitar la reinserción laboral, especialmente de los desempleados de larga duración.

Los sindicatos quieren que esas prestaciones sean de carácter subjetivo, es decir, que cualquier trabajador pueda reclamar su derecho ante los tribunales de justicia en caso de reunir las condiciones, y no una mera prestación económica que en cualquier momento puede ser eliminada por el Gobierno de turno, como sucede, por ejemplo, con el Plan Prepara, cuya vigencia se prorroga automáticamentecada seis meses (siempre con distintos destinatarios), hasta que la tasa de desempleo baje del 20%. El Gobierno, por su parte, no ha decidido todavía si el nuevo programa de ayudas tendrá carácter subjetivo.

Lo que sí está claro es que, con ese mapa de las prestaciones públicas (la información obtenida se cruzará con los datos que obran en poder de laAgencia Tributaria), se pretende conocer la realidad económica de cientos de miles de familias en riesgo de exclusión. La última EPA muestra que en 1,83 millones de hogares todos sus miembros están parados.

Huelga general y prestaciones

Hasta ahora, los programas más potentes son los que desde finales de los años 80 y primeros 90 –tras la huelga general del 14-D– pusieron en marcha las comunidades autónomas. Esos programas se articulan a través de una panoplia de rentas mínimas cuya cuantía varía en función de la política de prioridades de cada Gobierno autonómico. Se trata, en todo caso, de una competencia exclusiva de las regiones, que, según la Constitución, son las responsables de la política social.

El Ministerio de Empleo, sin embargo, quiere llegar allí donde no lo haga la acción protectora de las comunidades, y es por eso por lo que se elabora el mapa, siempre vinculado al empleo y a la formación. Lo que se quieren evitar son las duplicidades, toda vez que en ocasiones un mismo perceptor puede estar cobrando ayudas de un ayuntamiento, una comunidad o la propia Administración central a través de la llamada Renta Activa de Inserción, que asciende a 426 euros mensuales, al margen de que el beneficiario pueda tener otro tipo de renta, principalmente inmobiliarias.

La duración máxima de esa renta pública es únicamente de once meses, y en julio pasado 261.307 personas la percibían, con un coste de algo más de 110 millones de euros. Su cifra sólo ha crecido casi en vertical a medida que se ha ido alargando la crisis económica.

Por lo que respecta a las rentas mínimas, que son responsabilidad de las comunidades autónomas, su cuantía máxima es de 645,72 euros, ligeramente por encima del salario mínimo. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene su propia política social, pero en general, según el documento que elabora cada año el Ministerio de Sanidad, y Servicios Sociales, la duración de la prestación suele ser entre 6 y 12 meses, prorrogables en la mayoría de los casos. La edad mínima de acceso a la prestación suele ser de 25 años.

Como sostiene el documento, en los últimos años se han endurecido los requisitos de empadronamiento y tiempo de residencia. En el año 2012, el número de beneficiarios era de 217.358 personas. A ellos hay que sumar los miembros dependientes, lo que quiere decir que el número total de perceptores asciende a algo más de 556.800 personas.

Las diferencias entre regiones, sin embargo, son enormes. La cuantía mínima se paga en Murcia con apenas 300 euros al mes, menos de la mitad que los 641,40 que se abonan en Navarra. En el País Vasco también se superan los 600 euros. No es menos relevante lo que ocurre con el tiempo en que se cobra la prestación. En Andalucía (397,67 euros) esta tiene un máximo de seis meses, mientras que en Asturias, Madrid o Castilla y León no hay límite temporal.