El perito acredita que Hacienda ‘regaló’ 252 millones a Navarra sin base jurídica

El recurso de UPyD contra el regalo-en palabras de los demandantes-que hizo la Hacienda central a la Comunidad de Navarra entra en una nueva fase. El informe pericial pedido por la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional concluye que no existe base jurídica para que ambas Administraciones compartieran el “esfuerzo financiero” en una operación de IVA relacionada con la venta de cochespor parte de Volkswagen.

En concreto, el informe de la pericia legal deja bien claro que “las cantidades contempladas en concepto de compensación no están soportadas con cálculos que permitan su determinación y cuantificación, como así lo reconoce el Gobierno de Navarra”, sostiene el escrito enviado al tribunal.

Es más. El perito judicial, el economista Enrique Fernández-Yruesgas, aclara que el importe de esa compensación “no está basado en datos económicos” y, por lo tanto, “se encuentra fuera de las fórmulas y sistemas de cálculo establecidos en el Convenio firmado entre el Estado y Navarra”. Su conclusión es evidente: hasta el propio Gobierno de Navarra “reconoce en su recurso de reposición” que la fórmula que se aplica para determinar la recaudación real por IVA "es teórica o ideal y que el acuerdo es de carácter jurídico-político”.

Pese a ello, la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, aseguró ayer que había tenido una reunión "compleja y tensa" con el ministro Montoro a cuenta de un recurso que ha presentado el Estado ante el Tribunal Supremo por la inadmisión de una demandapresentadapor la Agencia Tributaria contra una resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico. La Junta -con el voto en contra de su presidente- entendió que no existía un verdadero conflicto de competencias entre el Estado y la comunidad foral.

El acuerdo entre ambas Administraciones, en todo caso,fue firmado, entre otros, por los actuales secretarios de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Y surgió tras levantar la Agencia Tributaria un acta por valor de nada menos que 1.513,1 millones de euros que deberían haberse ingresado en las arcas del Estado entre los años 2007 y 2011. Ese dinero, en lugar de recaudarlo la Agencia Tributaria, lo ingresó Navarra “de forma indebida”, dice Hacienda. El acta fue levantada en su día y Navarra presentó recurso, pero hoy, más de dos años después, nada se sabe sobre si el expediente por tan abultada cantidad de dinero sigue adelante. Lo único que se conoce es un acuerdo político, como asegura el perito judicial.

UPyD, en fase de pruebas, llegó a pedir que se requiriera a la Junta Arbitral Navarra-Estado que remitiera una copia del procedimiento abierto por Hacienda, pero la Audiencia Nacional lo denegó por entender que era una cuestión ajena al litigio.

El recurso presentado en su día por el grupo parlamentario de UPyD -y que es el que ahora se ventila en los tribunales- considerabailegalun acuerdo de la Comisión de Coordinación Navarra-Administración central que supuso una merma de ingresos para el Estado de 252,81 millones entre 2012 y 2014. Fue firmado hace poco más de dos años, y tiene su origen en el hecho de que la alemana Volkswagenfabricaba coches en Navarra, pero los vendía a un filial suya –VAESA– radicada en Barcelona, que es quien en teoría soportaba el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Operaciones exentas de IVA

Esta sociedad –meramente instrumental– es la queexportabalos vehículos al extranjero (el 90% de los fabricados), pero como este tipo de operaciones están exentas del pago del IVA –un 18% hasta la última subida (ahora el 21%)– la sociedad reclamaba a la Agencia Tributaria, como es lógico, que ledevolvierasu dinero.

Es decir, los coches se fabrican en Navarra, pero como se destinan casi íntegramente a la exportación, no pagan IVA. Sin embargo, el Gobierno foral se quedaba con los pagos que en su día le abonaba la automovilística Volkswagen, que no está comprometida de ninguna manera en el procedimiento judicial. Sin embargo, y aquí estaba la paradoja, era la Hacienda estatal quien devolvía el 18% del precio de un vehículo a la filial de VW en Barcelona.

La Agencia Tributaria eximió en su día a WV de la responsabilidad del litigio, toda vez que al amparo de la jurisprudencia era un asunto que debían resolver las dos Administraciones tributarias. En palabras de la Agencia Tributaria, “el Estado tiene título suficiente para pedir a Navarra que le pague lo adeudado”.

Este sistema es el que funcionó hasta que se modificó el sistema de comercialización de vehículos. Pero como Navarra era quien se vería seriamente perjudicada por la aplicación de la norma, lo que hizo la Hacienda central fue negociar un acuerdo y evitar prácticamente la quiebra de la Comunidad en unos momentos especialmente convulsos en los mercados financieros, que habrían digerido muy mal la práctica suspensión depagos de una comunidad.

El acuerdo, de hecho, habla sin remilgos de que, “como consecuencia del cambio de comercialización en relación a la exportación de coches, la AGE [Administración General del Estado] y la Comunidad Foral de Navarra acuerdan compartir el esfuerzo financiero”. Este es el origen de la demanda de UPyD. La Administración central pudo haber salido en auxilio de una región sin amparo legal.