El Gobierno aplaza la norma que favorece la condonación de deuda en las empresas

El Gobierno ha presentado hoy un nuevo plan de reformas 'dulces', como adelantó El Confidencial, que finalmente no incluirá los elementos previstos sobre la reforma de los concursos de acreedores. El motivo es que no podrá incluir su pretensión de que Hacienda y Seguridad Social asuman también quitas en estos procesos, ya que su 'eterno rival', Cristóbal Montoro, se niega a aceptarlo. El enésimo enfrentamiento entre ambos va a retrasar aún más una reforma que esperan como agua de mayo empresas y bancos.

En esta batalla, Guindos cuenta con el respaldo del FMI, que ya pidió explícitamente en su última misión a España que Hacienda y Seguridad Social sufran quitas para facilitar la reestructuración de las empresas viables pero altamente endeudadas, que es lo que al final persiguen estas normas. De ahí que Economía empezara a trabajar en "fórmulas" para que los acreedores públicos pudieran asumir parte de la carga cuando los demás renuncien a parte de sus derechos dentro de una refinanciación, aunque con la advertencia de que no era una tarea fácil.

El propio ministro confirmó recientemente que podrán sufrir quitas, aunque reconoció que "hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de reducir el endeudamiento de las empresas y la obligación que tienen Hacienda y Seguridad Social de recuperar lo máximo posible de los créditos públicos", que mantendrán su estatus privilegiado. Ahora bien, lanzó un mensaje claro a Montoro: si una empresa entra en concurso, Hacienda y Seguridad Social pierden el 50% de la deuda, por lo que asumir una quita inferior les sale mejor que llevarla a la antigua suspensión de pagos. Se trata de evitar una situyación relativamente frecuente, que es que una empresa que cuenta con un acuerdo de los bancos para reestructurar su deuda, acaba de todas formas en concurso porque los acreedores públicos lo instan para cobrar su deuda.

Sin embargo, Montoro se ha negado en redondo a esta posibilidad, según fuentes conocedoras de la situación. Tanto Montoro como la titular de Empleo –y responsable de la Seguridad Social–, Fátima Báñez, se opusieron inicialmente al plan de Guindos para facilitar las refinanciaciones, y sólo lo aceptaron finalmente porque el Real Decreto-ley 4/2014 mantuvo su preferencia en la prelación de cobro y su excepción a someterse a los acuerdos de refinanciación alcanzados por las nuevas mayorías legales de los acreedores.

Según las fuentes, ahora mantienen su postura de negarse a perder ese estatus privilegiado. Algo que se explica porque las arcas pblicas no pueden permitirse renunciar a ningún ingreso con las obligaciones de reducción de déficit y más tras la merma de recaudación que va a suponer la reforma fiscal recientemente aprobada. Un portavoz de Hacienda no hizo comentarios.

Una norma por fascículos

Este rechazo y la consiguiente dificultad para encontrar esa "fórmula" anunciada por Economía ha obligado a aplazar de nuevo la ampliación definitiva de la norma de refinanciación de empresas. En principio, estaba previsto incluir la extensión a la fase concursal de las nuevas mayorías que se exigen en la fase preconcursal para que los acuerdos de varios acreedores sean vinculantes para el resto.

También están en el aire otros elementos de esta reforma como el nuevo sistema de elección de los administradores concursales para acabar con el oscurantismo y al negocio que se ha creado en torno a esta figura, ya que cobran un porcentaje del pasivo de la empresa concursada. Como también adelantó El Confidencial, la intención de Economía es quitar poder a los jueces frente a la designación discrecional de que disfrutan ahora, de forma que tendrán que elegirlos entre listas elaboradas por otras instancias e incluso se concederá a los acreedores la capacidad para vetarlos.

Con este nuevo tropiezo la normativa de refinanciación y reestructuración de deudas puede quedar dividida hasta en cuatro textos legales diferentes: el Real Decreto-ley de marzo, que ya está en vigor; la nueva norma que se aprobará este viernes; la futura la Ley de refinanciación y reestructuración, que es como se está tramitando el Real Decreto-ley en el Parlamento; y otro posible Real Decreto más en el que se incluya la fórmula que se acuerde -si eso llega a suceder- con Hacienda.