La fotovoltaica frena proyectos nuevos sin prima por la incertidumbre del decreto Soria

El drama de las energías renovables no sólo alcanza a inversores pillados en plantas fotovoltaicas montadas antes de la eliminación de las primas y de los drásticos recortes de la retribución. Y es que según aseguran fuentes del sector, diferentes proyectos solares han quedado en stand-by en las últimas semanas pese a ser perfectamente rentables sin subsidios y estar ya en marcha. Todo debido a la incertidumbre introducida entre los inversores propios e internacionales por el real decreto sobre renovables aprobado recientemente por el Ministerio de Industria.

"Se han parado dos megaproyectos fotovoltaicos planteados en Murcia y Cáceres, preparados para funcionar sin retribución específica y a partir de acuerdos directos con el consumidor, los denominados PPA [power purchase agreement]. Se trata de iniciativas con inversión alemana que, simplemente, precisan de un escenario de mayor certidumbre", explican fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que este sábado se manifiesta en Madrid contra el nuevo marco regulatorio aprobado por el departamento de José Manuel Soria.

Aunque la principal crítica de este colectivo se centra en el carácter retroactivo de la nueva normativa, tampoco duda en apuntar a los problemas que se vislumbran para el desarrollo futuro de la tecnología. El primero, que la nueva norma ponga en cuestión la continuidad a medio plazo de la prioridad de despacho de las energías limpias. "Es de sentido común que una tecnología a la que pagas una prima tenga prioridad en el sistema. No parece lógico pagar para que no se venda. La nueva directiva que se negocia en Europa no va en esa dirección, pero es verdad que hay lobbies eléctricos muy potentes que han hecho de esa cuestión su caballo de batalla", explica Juan Castro Gil, responsable jurídico de Anpier.

El problema del real decreto es que se maneja con notables niveles de incertidumbre en este punto. Según el artículo 6 de la norma, las instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable tendrán "prioridad de despacho a igualdad de condiciones económicas en el mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad del sistema, en los términos que reglamentariamente se determinen por el Gobierno". Para el abogado, la redacción no puede ser más sospechosa. "Y no sólo por la ambigüedad de esa igualdad de condiciones económicas de mercado, que no se explica, sino porque todo quede en manos de reglamentos futuros", expone.

Perder la retribución, más fácil

Por si fuera poco, el artículo 49, que relaciona las causas que pueden provocar la cancelación de la inscripción en el registro de las instalaciones, tampoco ayuda a generar certidumbre. En efecto, tras una larga relación de motivos suficientes para salir del listado, el real decreto remata que bastará con "cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos". Para Castro Gil, "si por incumplir un requisito, como una dirección o cualquier error administrativo, puedes perder directamente la retribución... La redacción es mucho más dura que en cualquier otra norma de estas características y abre la puerta a echar a cualquiera".

Anpier prevé que el sábado a mediodía miles de inversores fotovoltaicos llegados de toda España se reúnan en la madrileña Plaza de Lima para protestar por el nuevo escenario. La idea es llevar a cabo una marcha hasta el Ministerio de Industria para levantar la voz contra un sistema que "supone recortes de hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado", lo que hace "inviables la mayor parte de las instalaciones". La movilización está apoyada por partidos políticos como el PSOE o Izquierda Unida, entre otros, así como por numerosas organizaciones sectoriales.

El nuevo modelo cambia el sistema de primas por una rentabilidad razonable cercana al 7,5% durante toda la vida útil de la instalación, lo que hace que muchas plantas se hayan comido ya toda la tasa de retorno y avala el argumento de la retroactividad. El rejón no sólo afecta a la fotovoltaica. Por ejemplo, en el ámbito eólico quedarán sin ayudas las plantas que comenzaron a funcionar antes de 2005, esto es, el 40% del total. Un movimiento de Industria que le permitirá ahorrar 1.700 millones de euros a cambio de afrontar una oleada de litigios y demandas de arbitraje que, en el mejor de los casos, comprometerán la estabilidad del sector en los próximos años.