Jarro de agua fría para el presidente de la CEOE y para el resto de agentes sociales que pretendían subirse al carro vencedor de una subida de salarios en España. El Gobierno reniega por las bravas de una posición que considera interesada y que, en su opinión, puede suponer la pérdida de la senda de competitividad económica emprendida estos dos últimos años. La recomendación de Moncloa es justa y necesariamente la contraria, y se resume en una sentencia rotunda: “Hay que abaratar el país”.

Las declaraciones en Sitges del máximo representante de los empresariosJuan Rosell, han generado inquietud en medios oficiales que vislumbran un cierto afán de componenda en las relaciones de la cúpula patronal con los principales sindicatos de clase. Las palabras del presidente de la CEOE recogían el guante lanzado por el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en su propuesta de conceder mayor autonomía a la hora de subir las remuneraciones en aquellas empresas y sectores que han respondido más favorablemente ante la crisis. De manera equivalente, pero esta vez a toro pasado, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, se apuntó al ideario de Rosell al tiempo que recriminaba el carácter minimalista del actual marco de negociación colectiva.

El proyecto en ciernes del nuevo acuerdo salarial que ha de sustituir al vigente durante el periodo 2012 a 2014 constituye en estos momentos la principal espada de Damocles que acecha la política de devaluación interna impulsada desde que el Partido Popular ganó las elecciones generales en noviembre de 2011. Hasta el mismo Consejo Económico y Social (CES), en su papel de órgano consultivo del Gobierno, acaba de colarse por la misma rendija del debate que ha abierto Juan Rosell; y su presidente, Marcos Peña, no ha tenido inconveniente en hacer votos por un pacto mucho más flexible a partir de 2015 entre los empresarios y las centrales sindicales.

Soraya Saénz de Santamaría y Mariano Rajoy (Efe)Soraya Saénz de Santamaría y Mariano Rajoy (Efe)

El CES no se ha mordido la lengua a la hora de sacar a relucir los datos de su memoria socioeconómica y laboral de 2013 como argumento para justificar la recomposición al alza de los salarios, al menos en aquellos sectores de actividad donde sea posible. La estadística del pasado ejercicio reconoce un fuerte descenso en las revisiones de los convenios y, lo que es más significativo, demuestra que el incremento medio salarial de los acuerdos firmados se ha situado en un rácano 0,57% con una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del 0,9%.

El Gobierno aplaude por el contrario esta moderación que, en su criterio, es la que está permitiendo a España cerrar la brecha de competitividad con Europa. Los responsables de la política económica argumentan su estrategia recordando que los costes laborales unitarios (CLU) subieron en nuestro país nada menos que un 42% desde la entrada en la Unión Monetaria, mientras que en Alemania sólo lo hicieron en un 15%. El desfase se está recortando ahora a una media anual de 1,2 puntos porcentuales por año como consecuencia del llamado proceso de devaluación interna, que todavía no ha hecho más que empezar.

Satisfacción por las últimas medidas del BCE

Los estudios técnicos que maneja Mariano Rajoy muestran la necesidad de proseguir un ritmo lento, pero constante, de ajuste salarial que permita consolidar el recorte de los costes laborales unitarios dentro del sistema productivo español. El jefe del Ejecutivo está convencido de que la única forma de asegurar la recuperación pasa por cambiar el metabolismo de la economía mediante una política de oferta que asegure la disposición de bienes y servicios en condiciones favorables de competencia.

En este propósito es determinante la actuación del Banco Central Europeo (BCE), cuyas últimas medidas de estímulo económico han sido recibidas con satisfacción por el Gobierno español. Fuentes oficiales destacan de manera especial la confirmación por parte de la autoridad monetaria de ese objetivo armonizado de inflación del 2% en la Eurozona que otorga un nuevo margen a nuestro país para seguir ganando competitividad a partir de un estricto control de costes.

El presidente del BCE, Mario Draghi, ha reafirmado con sus decisiones de la pasada semana la agenda económica de los próximos meses que el PP quiere utilizar para recuperar la marca liberal que exige una bajada drástica de impuestos sin descuidar la devaluación silenciosa orientada a potenciar la capacidad de los sectores productivos españoles. Para eso es fundamental contener la inflación en tasas no muy superiores al 0,5% que garanticen el poder adquisitivo de los ciudadanos sin inducir efectos perniciosos de segunda ronda entre precios y salarios.

En resumidas cuentas, el nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva va a estar vigilado con lupa desde Moncloa, y Rajoy no está dispuesto a admitir ni media fisura: “Por la caridad entra la peste”, viene a ser la sentencia que mejor resume el planteamiento del Gobierno en sus relaciones con los agentes sociales. La mejora estructural depende de la capacidad de ajuste económico y si hay que aflojar el cinturón en busca de alguna alegría ahí está el ministro de Hacienda y su próxima reforma fiscal. Pero los salarios, ni mentarlos.