Más de la mitad tiene ya más de 50 años

El envejecimiento de los funcionarios provoca un aluvión de jubilaciones

El número de pensiones abonadas dentro del sistema de clases pasivas (ajeno a la Seguridad Social) está creciendo a un ritmo del 7% anual.
Foto: Funcionarios de la Agencia Tributaria (Efe)
Funcionarios de la Agencia Tributaria (Efe)

Malos tiempos para la función pública. Y no sólo por la congelación salarial derivada de las medidas de los últimos Gobiernos. El efecto combinado provocado por la no renovación de plantillas –debido a las restricciones en la oferta pública de empleo– y el propio envejecimiento de los funcionarios está llevando a una situación singular. El número de pensiones abonadas dentro del sistema de clases pasivas (ajeno al sistema de la Seguridad Social) está creciendo a un ritmo del 7% anual. O lo que es lo mismo, el año pasado acabó con 822.254 jubilados civiles acogidos a la legislación posterior a 1985, lo que representa 55.157 más que un año antes.

Para hacerse una idea de lo que significa ese ritmo, hay que tener en cuenta que el número de pensiones de jubilación de la Seguridad Social está creciendo a un ritmo del 2,1%. Es decir, menos de la tercera parte que en el caso de los funcionarios.

El problema es tan peliagudo que el propio Gobierno está echando cuentas y sus simulaciones dan como resultado que, alrededor del año 2020, la propia Administración central tendrá serios problemas para ofrecer algunos servicios a los ciudadanos. En particular, en aquellos servicios prestados ahora por los departamentos poblados con funcionarios de mayor edad. El problema es bien distinto en las Administraciones periféricas, cuyas plantillas son mucho más recientes.

Según José Carlos Lázaro, responsable de la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Hacienda, el aumento de la edad media dentro de la función pública es consecuencia de la política de congelación de la oferta pública de empleo. Y eso explica que hoy existan departamentos en los que la media de edad de los funcionarios sea de 56-57 años, algo que es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la actual legislación permite que los funcionarios con más de 30 años de servicio efectivo –la medida no afecta el personal laboral– puedan jubilarse con 60 años cumplidos.

Y lo que está ocurriendo también, según otras fuentes, es que muchos funcionarios han optado por jubilarse con esa edad sin prolongar sus años de servicio, convencidos de que cualquier futura reforma irá en contra de sus intereses. A lo que hay que sumar otro factor que recorre la función pública: el desánimo profesional y salarial después de tantos recortes. De hecho, son los altos cargos los que optan por prolongar lo más posible su permanencia en la función pública, mientras que, por el contrario, los de menor nivel son quienes se acogen con mayor profusión a la jubilación de carácter voluntario a los 60 años.

Más de la mitad tiene más de 50 años

Los últimos datos del Boletín de personal al servicio de las Administraciones Públicas muestran que la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) asciende a 208.462 efectivos. De ellos, más de la mitad –113.205 trabajadores– cuenta con 50 o más años, lo que refleja el problema del envejecimiento. Apenas el 14% de los funcionarios tiene menos de 40 años en la AGE. Ahora bien, hay 2.676 funcionarios que siguen trabajando después de haber cumplido los 65 años, en su mayoría situados en los niveles y grupos más altos de la Administración.   

Se da otra circunstancia, además, que complica el futuro de la Administración a causa de su pirámide de edad. Durante los años de expansión económica, se externalizaba mucho trabajo, pero con la llegada de los recortes, esa política ha desaparecido. Y ahora el mismo trabajo recae en unas plantillas cada vez más mermadas por las jubilaciones. Es por eso que el representante de CCOO hable de que realmente en la Administración “se está llevando a cabo un ERE encubierto desde hace muchos años” habida cuenta de la escasa renovación de plantillas.

Ante esta situación, el Gobierno anunció hace algunas semanas que la reducción de empleo público había tocado fondo y que ahora se trataba de reforzar las plantillas públicas, pero omitió, como sostiene CCOO, que, pese al aumento de la oferta de empleo para el año 2014 en poco más de 400 plazas respecto del año anterior, la Administración General del Estado reducirá su plantilla en más de 5.000 puestos de trabajo este año.

Según sus cuentas, el Ejecutivo ahorra más de 200 millones anuales al no sustituir a los empleados públicos que se jubilan. Desde el año 2009, la Administración General del Estado ha perdido más de 30.000 puestos de trabajo por no cubrir las bajas.

El último informe sobre Responsabilidad Social en la Administración General del Estado reflejaba una gran disparidad en las retribuciones medias entre el personal funcionario y el laboral para categorías profesionales equivalentes. En el primer caso, se situaba en 30.784 euros de media global para el personal funcionario y 21.148 euros anuales para el laboral. Las cifras, en todo caso, no son comparables con el sector privado por el llamado ‘efecto composición’. La titulación en el ámbito del sector público es en general superior a la del sector privado, y de ahí las diferentes retribuciones, al margen de otras singularidades.

 

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