El sector público todavía tiene asumido un riesgo de 146.500 millones en avales

La crisis financiera ha desaparecido -ahí está el estrechamiento de los diferenciales de prima de riesgo-, pero no sus secuelas. La principal de ellas es el reguero de deudas que ha generado al sector público (el endeudamiento roza ya el billón de euros). Pero también hay compromisos de pago menos conocidos que son igualmente relevantes en caso de que el beneficiario no pueda hacerlos frente. En la jerga económica se denominan ‘pasivos contingentes’, y hasta el pasado 31 de marzo ascendían a 146.523 millones de euros. Es decir, aproximadamente el 14% del Producto Interior Bruto.

La cifra aparece en el Programa de Estabilidad que ha enviado el Gobierno a Bruselas, y pone de relieve la importancia que han tenido los avales públicos -principalmente al sistema financiero- a la hora de hacer frente a la crisis. Aunque han descendido un 20,3% respecto del nivel existente un año antes, lo cierto es que los avales públicos son hoy, todavía, un 49% superiores a los existentes a 31 de diciembre de 2011. Es decir, que no sólo ha crecido la deuda sino también los avales.

¿Y qué es lo que ha avalado el Estado? Pues en primer lugar, y por orden de otorgamiento (los primeros corresponden al año 2008),las emisiones que realizaron lasentidades de crédito en los momentos más duros de la crisis financiera en el marco de la estrategia de la Unión Europea. El saldo vivo por este concepto asciende a nada menos que 32.853 millones de euros.

En segundo lugar, se encuentran las emisiones del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, cuya regulación más reciente se encuentra en un Real Decreto-ley del 10 de abril de 2010, por lo tanto, aprobado por el anterior Gobierno. El saldo vivo al final del primer trimestre de 2014 se situó en 22.504 millones de euros que se destinan a cubrir el déficit de tarifa (la diferencia entre el coste de producir electricidad y el precio de venta incluyendo todos los conceptos).

Una partida también muy importante tienen que ver con los planes de rescate aprobados por la Unión Europea a través de la llamada Facilidad Europea de Estabilización Financiera. En este caso, los avales, concedidos también en 2010, ascienden a 34.668 millones de euros.

Una partida más pequeña es la destinada a la economía real a través de los Fondos de Titulización para Financiación de las pequeñas y medianas empresas. En este caso, su cuantía asciende a 1.727 millones de euros.

El Frob y el ‘banco malo’

Más importante es la partida destinada a avalar las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en virtud de un Real Decreto-ley de 2009 sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, cuyo saldo vivo asciende a 5.795 millones de euros.

El llamado ‘banca malo’, creado ya por este Gobierno, también se ha beneficiado de la política de avales. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha recibido avales por 48.391 millones de euros. Es decir, casi el 5% del PIB, siendo el principal agente de riesgo para el Estado en caso de que no pudiera culminar de forma satisfactoria el proceso de venta de activos inmobiliarios.

Otros 584 millones de euros en avales aparecen como activos no clasificados. En total, como se ha dicho, más de 146.500 millones de riesgo para el Estado.

¿Y quiénes se han beneficiado de los avales del Estado? La información que suministra el Tesoro Público refleja que son las antiguas cajas de ahorros quienes se han llevado la parte del león.

Con datos hasta el pasado 22 de abril, Bankia (a través del Banco Financiero y de Ahorro) tiene comprometidosmás de 15.000 millones de euros en avales del Estado. La antigua Banca Cívica (hoy integrada en la Caixa) unos 6.000 millones, mientras que a Catalunya Banc se le han otorgado más de 4.000 millones. Por su parte, la gallega NCG ha necesitado 3.400 millones, aunque en la lista también aparecen entidades no intervenidas por el Estado como Bankinter, aunque con cantidades muy inferiores. En total, 12 entidades.