La morosidad empresarial se traslada ahora del sector público al privado

El plan de pago a proveedores ha tenido la virtud de poner básicamente al día las cuentas del sector público con las empresas privadas. Pero la morosidad, lejos de resolverse, continúa muy presente. En particular en las relaciones mercantiles que existen entre las grandes empresasy las pymes o los autónomos.

Ambos colectivos ven ahora cómo es el sector privado quien retrasa muchos pagos al margen de los plazos que exige la ley. Y es que el sector privado, al contrario que el público, no ha podido endeudarse para hacer frente a sus obligaciones, lo que explica el crecimiento de la morosidad. La Administración central ha destinado nada menos que 41.814 millones a sacar las facturas de los cajones que se han pagado a crédito (con deuda pública).

Un par de datos lo revelan. Según cifras de ATA (el sindicato de trabajadores autónomos), mientras que la deuda de las Administraciones Públicas con los ocupados por cuenta propia se ha reducido en unos 1.525 millones de euros en los últimos tres meses, los plazos de pago en el sector privado se mantienen en 85 días. Es decir, muy por encima de los 60 días que impone la legislación. Pero es que dentro del sector privado, las empresas de más de 250 trabajadores duplican los plazos de pago entre autónomos, lo que da la verdadera dimensióndel problema.

Según ATA, la Rioja (31 días), así como Navarra y País Vasco (ambas con 34 días), son las comunidades autónomas cuyas AAPP tardan menos tiempo en pagar las facturas que tienen pendientes con los autónomos y prácticamente cumplen con lo que establece la ley (30 días en el caso del sector público). Por el contrario, Cataluña (132 días), Comunidad Valenciana (130 días) y Andalucía son las que más tardan en pagar a sus proveedores.

Grandes empresas

El problema, sin embargo, no es sólo la morosidad, sino sus consecuencias fiscales. Y aunque el Ministerio de Hacienda publicó el año pasado un real decreto que eximía a los autónomos de pagar el IVA cuando todavía no hubieran cobrado la factura, lo cierto es que su funcionamiento está dejando mucho que desear. Entre otras cosas, porque muchas grandes empresas presionan a sus proveedores para que no se acojan al llamado IVA de caja.

La razón es muy simple. Las empresas se deducen el IVA repercutido en las facturas, aunque no están pagadas, y eso les supone un aumento de sus gastos financieros. De ahí que algunas grandes compañías, como El Corte Inglés, hayan remitido a sus proveedores cartas en las que se les pregunta si se han acogido al criterio de caja (en lugar del criterio de devengo). En la misiva se recuerda que el IVA de caja supone un aumento de los gastos financieros “y nuevas cargas administrativas”, a la vez que “desarrollos informáticos para el control de vencimiento de las facturas”. En definitiva, se trata de ‘desaconsejar’ la posibilidad de acogerse al nuevo sistema.

Esta presión de muchas grandes empresas es lo que puede explicar que el IVA de caja no esté cubriendo las expectativas. En España hay algo más de tres millones de autónomos, pero sólo aproximadamente la mitad tienen posibilidad de acogerse a la reforma. Y de estos, sólo la tercera parte tiene problemas de morosidad. Es por eso que el criterio de caja (cuando se cobra la factura) afecta realmente a poco más de medo millón de trabajadores autónomos con problemas de impagos.

Según el Monitor de Cepyyme (la patronal de pequeñas y medianas empresas vinculada a CEOE), los créditos comerciales entre empresas (lo que deben pagar unas a otras) ascendían a 327.900 millones al acabar el año 2013. Pero, de esta cantidad, 223.200 millones se encuentran con retrasos en los pagos. Es decir, las dos terceras partes del dinero que se debe tiene el carácter de moroso por no haberse satisfecho en los plazos que marca la ley (60 días). De hecho, según Cepyme, el periodo medio de pago se sitúa en 80 días, lo que supone 20 días por encima del periodo que fija la legislación.

Esto quiere decir que la ratio de morosidad empresarial (relación entre los créditos comerciales y los retrasos de pago) se situaba en el último trimestre de 2013 en el 68,1%, dos décimas por encima del nivel del trimestre anterior. El resultado de estos impagos es un agujero considerable en forma de sobrecostes para muchas empresas, y que Cepyme ha estimado en 1.040 millones de euros.