La rebaja de impuestos levanta ampollas en las CCAA porque temen perder recursos

¿Quién pagará la factura de la reforma fiscal? La pregunta puede parecer retórica, pero no lo es. Aunque la reforma está destinada a rebajar la presión fiscal de los contribuyentes, algunas comunidades autónomas ya han hecho llegar a Hacienda su preocupación por que al final el coste recaiga sobre sus ingresos.

Como sostiene la consejera de Economía de una comunidad autónoma, el Estado “nos descuenta” los recursos adicionales que se producen cuando suben los impuestos y, por lo tanto, la recaudación, pero no hay garantías de que determinadas decisiones del Gobierno central no vayan en realidad “contra nuestros ingresos”. En particular, una concentración de tramos en el IRPF que puede perjudicar sus recursos.

La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que el actual sistema de financiación autonómica se instrumenta a través de una política de entregas a cuenta que se prevé con meses de anticipación, lo que significa que hay un riesgo cierto de que el ciclo económico, como sucedió al comienzo de la crisis, sea distinto al previsto. En este caso, el riesgo se deriva del impacto que tendría la reforma sobre la recaudación, y hay que tener en cuenta que se trata de una parte sustancial de los recursos de las comunidades autónomas. Tan sólo en 2014 las entregas a cuenta han alcanzado los 80.590 millones de euros, lo que da idea de su importancia.

Las regiones, por ejemplo, recaudarán este año a modo de anticipo casi 32.000 millones por los ingresos derivados del IRPF, y otros 26.900 millones a cuenta de su participación en la recaudación del IVA. El único margen de autonomía que tienen las comunidades son los impuestos y recargos propios, pero su peso en la recaudación total es muy limitado.

También pueden utilizar en su beneficio los mínimos personales y familiares, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en el debate sobre el estado de la Nación que los modificará al alza, lo que resta margen de maniobra a las regiones. En la última reforma del sistema (año 2009) se ampliaron las competencias de las CCAA en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), incorporando por primera vez la posibilidad de alterar los mínimos personales y familiares. Igualmente, se permitieron mayores márgenes en la aprobación de la escala autonómica y en las deducciones en la cuota del impuesto. Todas estas competencias son las que se verán influidas por la reforma que aprobará el Gobierno.

Tributos cedidos

Salvador Victoria, el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, lo ha expresado con mayor claridad; “Hay razones más que de sobra para pensar que una medida que supone una subida impositiva para los madrileños sea rechazada”.

La sospecha es todavía mayor si se tiene en cuenta que la reforma también afectará a los tributos cedidos, sobre los que los parlamentos regionales tienen competencias, pero que pueden ser alterados por decisiones de la Administración central, por ejemplo estableciendo un mínimo de tributación en Sucesiones o Donaciones. Algo parecido sucede en el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales, también cedido, pero con tipos muy distintos en cada comunidad autónoma. Ahora lo que temen algunas regiones es que se unifiquen los tipos impositivos en aras de salvaguardar la unidad de mercado.

El ministro del ramolo llama “armonización” del sistema tributario, y de lo que se trata es que sea la Hacienda central la que diseñe los nuevos impuestos y, posteriormente, sean las regiones las que decidan aplicarlos.

La inquietud de las CCAA se manifiesta, igualmente, por el hecho de que en teoría la reforma fiscal debe coincidir en el tiempo con el nuevo modelo de financiación autonómica, lo cual añade todavía más incertidumbres. Algunas comunidades dudan de que el nuevo sistema pueda estar listo el 1 de enero de 2015, que es cuando entrará en vigor la reforma fiscal. De hecho, no se sabe aún ni qué ejercicio se utilizará como año base ni que deberá servir de ancla para todo el sistema.

En lo único que se ha avanzado hasta ahora es en que las comunidades autónomas ya han remitido a Hacienda su evaluación sobre el funcionamiento del sistema todavía vigente. Ahora le corresponde a la Administración central analizar esos documentos que le llegaron la semana pasada, y a partir de ahí hacer sus propuestas. La situación es todavía más compleja si se tiene en cuenta que en apenas un par de meses el Gobierno central debe enviar al Parlamento su propuesta de ‘techo de gasto’, lo que también influye sobre los presupuestos autonómicos. De ahí que algunas regiones tengan dudas sobre la posibilidad de que el nuevo sistema entre en vigor dentro de poco más de nueve meses.