Las eléctricas cargan contra Rajoy por hacer política con la luz tras frenar el 'tarifazo'

Las grandes compañías eléctricas no han perdido el tiempo a la hora de reaccionar con toda su artillería retórica contra la subida del recibo de la luz decretado ayer por el Gobierno. Mariano Rajoy ha fijado el incremento del precio de la electricidad en el mínimo posible de los dos que proponía la CNMC. Al final, el célebre ‘tarifazo’ del 11% se ha quedado reducido a un 2,3% y UNESA, la patronal que integra a las principales compañías del sector, ha lanzado una andanada contra el Consejo de Ministros al que acusa de “cargar costes de errores políticos sobre empresas y consumidores”.

Las cinco grandes sociedades de Unesa,como son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidrocantábrico, aseguran que el Ministerio de Industria “ha fijado un precio artificial que va en contra de las normativas europeas, lo que entraña, de hecho, un riesgo importante para la liberalización. En su opinión “la decisión se ha tomado, además, de manera precipitada, improvisada y, una vez más, sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas del sector”.

La réplica de Unesa contra la decisión del Gobierno, tanto por el detalle de su inmediatez como por el propio contenido de la denuncia, pone de relieve la enorme tensión que caracteriza las relaciones dentro del mercado eléctrico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha terminado claudicando de su intento inicial por llegar a un pacto con las eléctricas y éstas han considerado que su nivel de interlocución debe elevarse al nivel del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de quien, a la postre, dependen todas las grandes decisiones que afectan al ajuste de la economía española.

Dentro del Ejecutivo existe la sospecha de que las grandes compañías han utilizado toda su fuerza empresarial para desnaturalizar la oferta eléctrica en los días previos a la subasta propiciando una especie de ‘ciclogénesis explosiva’ que espoleó el precio del término de energía y provocó la intervención política del Ministerio de Industria. La subasta fue anulada a instancias de la CNMC pero ahora hace falta conocer el informe con los argumentos técnicos que justifican una decisión inaudita en España.

El dictamen, para la próxima semana

El organismo regulador tiene quince días de plazo a partir de la fecha de la subasta, el pasado 19 de diciembre, para exponer su criterio con detalle. En otras palabras, el dictamen deberá hacerse público a finales de la próxima semana y en Unesa están expectantes ante el resultado final de un estudio que puede ser el punto de partida para una batalla legal contra el Gobierno.

La CNMC tiene una complicada misión por delante ya que no parece muy sencillo demostrar que han existido actuaciones concluyentes para no validar la subasta.La justificación de partida incidía en ‘circunstancias atípicas’ que no son de recibo para las eléctricas. En medios oficiales reconocen que, en realidad, el problema no reside en el método de la llamada subasta Cesur que cada tres meses determina el componente energético en la actualización del recibo de la luz. Dichas fuentes aseveran que los fallos del sistema se centran en la propia configuración del mercado mayorista, el ‘pool’ eléctrico que, a su vez, está directamente influenciado por el mix energético de las diferentes tecnologías de producción.

El presidente del Gobierno señaló ayer que el Ministerio de Industria se propone una reforma estructural del mercado eléctrico para introducir más competencia dentro del sector. Curiosamente, este anuncio no fue contestado por Unesa. Quizá porque ahí reside la verdadera revolución energética pendiente y la que Rajoy quiere utilizar para bajar los humos a las grandes compañías eléctricas.