El Gobierno interviene el precio de la luz tras romper con el oligopolio eléctrico

Habrá un antes y un después del 19 de diciembre, el día en que el sector eléctrico ha visto reventar todas sus costuras. La subasta que fija el precio de la energía, celebrada a primera hora de la mañana, abonaba una subida de la luz del 11% en enero, inasumible para un Gobierno que se movilizaba ipso facto. Apenas horas después, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya hablaba abiertamente de frenar el resultado salido del juego –hasta que no se demuestre lo contrario– de la oferta y la demanda, con la flamante y supuestamente independiente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como brazo armado. En el punto de mira, el oligopolio eléctrico.

Primero y tras conocer la mala nueva, Soria encargaba a la CNMC un dictamen de urgencia para analizar lo ocurrido en la subasta, temeroso de que el sector eléctrico hubiera manejado el proceso de formación de precios. Apenas horas después, fuentes próximas al Ministerio ya deslizaban el resquicio legal que manejaba el supervisor para anular la citada subasta. En concreto, la orden ministerial 1659/2009, por la que se establece el cálculo y estructura de la tarifa, que permite invalidar la puja en las 24 horas posteriores a su celebración si se detectan “comportamientos no competitivos u otras faltas en el desarrollo de la misma”. Un asidero al que podría recurrir la CNMC para complacer al Ejecutivo, dispuesto a intervenir y anular la subasta.

Por la tarde en el Congreso, el propio Soria daba pistas a la Comisión al sugerir que la subastapodía invalidarse debido a que no habían participado en ella un número suficiente de operadores. La reflexión no es baladí, en tanto establece un criterio objetivo para apoyar la decisión, ante la dificultad –para la CNMC y para cualquiera– de probar que ha existido manipulación de los precios. De hecho, hay explicaciones técnicas para lo sucedido. “Es un mercado marginalista –explican fuentes del sector–. Primero entra la nuclear y las paradas están previstas, en este caso Vandellós. Luego la hidráulica y la eólica, pero ha llovido poco y no ha habido viento. El régimen especial tampoco ha participado por la inseguridad jurídica respecto a su retribución. Han fijado precio las energías más caras, como el carbón y el gas”.

El Ejecutivo, sin embargo, puede ser más proclive a buscar fantasmas –y quién sabe si encontrarlos– teniendo en cuenta que el entuerto se produce con las eléctricas enfadadas, muy enfadadas. No en vano, Cristóbal Montoro retiró del sistema eléctrico hace apenas dos semanas 3.600 millones de euros para cumplir con el déficit público. Ese dinero iba a gravar los balances de las compañías hasta que el ministro de Hacienda se avino a concederles aval del Estado para titulizarla. Pasados los días, el aval no llega y sólo escuchan advertencias de Soria para que retiren sus demandas contra la última orden de tarifas, su supuesta parte del trato. No se fían y están dispuestas a elevar el órdago. No sería extraño que las huestes del ministro hubieran atado cabos.

Real decreto en ciernes

Ante tal desafío, fuentes próximas al ministerio no descartaban ayer un golpe en la mesa de envergadura en el Consejo de Ministros de hoy. Al punto que Industria podría plantearse, a la vista de los resultados, una eliminación de la subasta Cesur por decreto como aviso a navegantes. Es más, pocos dudaban ayer de que Soria necesita un gesto de autoridad para reivindicarse tras meses de desaguisados, sometido por Montoro y ahora aparentemente desafiado por las propias eléctricas. El Gobierno está preparando un Real Decreto de Medidas Urgentes para modificar los sistemas de formación de precios en el sistema eléctrico español. Dicha normativa, podría ser hoy aprobada en el mismo Consejo de Ministros que preside Soraya Saénz de Santamaría en La Moncloa.

Sea como fuere, el frente abierto ayer tiene efectos colaterales devastadores. En primer lugar, pone en solfa una reforma eléctrica integral recientemente aprobada que hace agua sin siquiera haberse empezado a aplicar. “Se suponía que tenía que acabar con el déficit de tarifa y controlar la subida de los precios. Y en dos meses ha demostrado que no resuelve ninguna de las dos cosas. El sector está hecho unos zorros”, se expone desde una compañía. Y segundo, vuelve a situar a España en el mapa por problemas de seguridad jurídica, como se ha escenificado en los últimos años con las renovables. “¿Qué inversor internacional va a apostar por este sector?”, remachan, bajo condición del anonimato.

La subida del 11% para un recibo medio de 70 euros supone una subida de siete euros mensuales, casi 85 euros en el transcurso de un año. Eso sólo por la subida de enero. No es accesorio que el Gobierno quiera poner coto a esta deriva, en un momento en que los miembros del Gabinete aprovechan cualquier ocasión para presumir de los brotes verdes que ya atisban en la economía. También para frenar un incremento de la inflación en pleno proceso de devaluación de salarios. Eso sí, Moncloa daba ayer un paso atrás y dejaba el peso de la decisión en el organismo supervisor, esto es, en la CNMC. Y por tanto, también en Soria.