Adiós al IPC: las pensiones podrán perder poder adquisitivo en términos reales

La reforma de las pensiones está en marcha. Pero no sólo afectará a los nuevos pensionistas, como ha sucedido en las últimas reformas. También los actuales beneficiarios del sistema público de protección se verán concernidos por ella. En concreto, en lo relacionado con la revalorización de las pensiones, que ya no se calculará en función de la evolución del IPC, sino a partir de diversos parámetros económicos relacionados con la sostenibilidad del sistema, en línea con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, como subrayó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez (Ver documento).

La principal novedad es que la nueva fórmula ya se tendrá en cuenta a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2014, lo que quiere decir que el Gobierno no esperará a 2019, que es cuando entrará en funcionamiento el nuevo factor de sostenibilidad que regulara el funcionamiento de las pensiones públicas.

La nueva referencia será el llamado índice de revalorización de las pensiones (IRP), que tendrá en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (la diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas que entran en el sistema), el número de pensiones, los ingresos contributivos y el gasto en pensiones. El objetivo es que la revalorización sea compatible con el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Es decir, que periodos de crisis se compensarían con periodos de expansión de la actividad económica. Los últimos datos (agosto) muestran que la pensión media del conjunto del sistema se sitúa en 858 euros mensuales, lo que supone un crecimiento del 3,2%, más del doble que el IPC.

¿Quiere decir esto que las pensiones pueden llegar a bajar? Nunca en términos nominales, pero sí en términos reales. La ministra Báñez anunció ayer que el Gobierno aprobará un ‘suelo’ equivalente al 0,25%, lo que quiere decir que al menos nominalmente ninguna pensión podrá bajar, aunque sí en términos reales. Si la inflación sube por encima de esa tasa, las pensiones perderán poder adquisitivo durante los tiempos de mayores dificultades de la Seguridad Social, pero, como contraprestación, el sistema de Seguridad Social estará más saneado y será más sostenible. Dicho en otros términos, la revalorización se fía a la marcha de la economía, y no a la evolución del IPC.

Suelo y techo en la pensiones

Gracias al ‘suelo’ de las pensiones, por ejemplo, estas no bajarán cerca de un 2% en 2014, que es lo que correspondería si se aplicara de forma automática -y sin limitaciones- el nuevo índice (ver gráfico). Por arriba, la subida de las pensiones nunca podrá superar el IPC más 0,25 puntos.

Modular la revalorización de las pensiones no es un asunto menor para el sistema de protección social. Al contrario. Según la documentación entregada ayer a sindicatos y empresarios, nada menos que el 27% de la nómina de pensiones se paga en concepto de revalorizaciones. Y hay que tener en cuenta que la última nómina de pensiones contributivas ascendió a 7.798 millones de euros, lo que da idea de la importancia económica de su revalorización. Tampoco hay que olvidar, como recordó ayer la ministra de Empleo, que la Seguridad Social tuvo un déficit de 1.934 millones de euros en 2010; de 973 millones, en 2011; de 10.131 millones, en 2012, y de unos 14.000 millones en 2013, según las últimas previsiones de Hacienda.

El hecho de que el ahorro se vaya a reflejar ya en el presupuesto de 2014 es lo que puede explicar que el Gobierno haya decidido situar en 2019 la puesta en marcha del factor de sostenibilidad, cuyos efectos en términos económicos (al tener en cuenta factores demográficos y de esperanza de vida) son más diluidos en el tiempo. El comité de expertos que elaboró un informe para el Gobierno antes del verano propuso una horquilla situada entre 2014 y 2019 para su entrada en vigor, pero al final la ministra de Empleo se ha decidido por la fecha más lejana, sin duda para favorecer un acuerdo con los sindicatos, reacios a adelantar su entrada en funcionamiento, que en la reforma de 2011 (en tiempos de Rodríguez Zapatero) se situó en 2027.

Según el Gobierno, la elección de 2019 responde a que todavía está en vigor la reforma del 2011 –que eleva la edad de jubilación a los 67, en 2027- y “es necesario un periodo de adaptación al factor de sostenibilidad”. La revisión, en todo caso, nunca afectaría a los actuales pensionistas.

Según la opinión de uno de los expertos que formó parte del comité, la propuesta del Gobierno encaja “perfectamente” con la que hicieron antes del verano sus miembros, toda vez que, aunque no supone una reforma radical del sistema, “sí que lanza una señal a la sociedad en el sentido de que la sostenibilidad es la clave para garantizar el futuro de la Seguridad Social”.

Lo que está claro es que la propuesta del Gobierno tampoco modifica los parámetros básicos del actual modelo de Seguridad Social. Como recordó ayer Báñez, ni se modifica la edad de jubilación ni el número de años para calcular la cuantía de las pensiones. Por lo tanto, el modelo de reparto, según aseguró, seguirá siendo la clave de bóveda del sistema de reparto, complementado con las pensiones privadas que cada trabajador pueda pagarse.

La reforma, igualmente, pretende modular en el tiempo tanto los cambios anuales relacionados con la demografía (por ejemplo, la esperanza de vida) y, en este sentido, la aplicación del factor de sostenibilidad se realizará por quinquenios. Al hacerse cada cinco años, y al ser la tendencia un aumento de la esperanza de vida, no habrá que estar bajando o subiendo la pensión de las nuevas altas todos los años en relación con el año anterior, sino que únicamente se revisaría cada cinco años, lo que favorecerá la estabilidad del sistema.