Los 'preferentistas' de las renovables se conjuran para judicializar el sector eléctrico

Un relato nuevo ha irrumpido en el sector eléctrico. Un amplio colectivo de damnificados por los recortes a los huertos solares no habla ya de falta de seguridad jurídica; habla sin ambages de atropello. Y no se identifica con otros renovables afectados por los ajustes, sino con los indignados del 15-M. ¿Estamos ante los nuevos preferentistas? “Nos han engañado. Y cuando existe ese ánimo estamos ante una estafa. Además, la reforma se va implementar vía orden ministerial, lo que supone volver a una dictadura energética”, explica sin recato Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, asociación que agrupa a 3.800 socios pillados en fotovoltaica.

La flamante reforma eléctrica alumbrada por el tándem Soria-Nadal finiquita las primas de las que ha vivido tradicionalmente la industria renovable. En su lugar, Industria apuesta por un nuevo marco regulador que garantice a las instalaciones una “rentabilidad razonable” en torno al 7,5%. ¿Problema? Entre otros, que para calcular esa tasa de retorno se considera toda la vida útil de la instalación. Y quien cobró de más en el pasado, cobrará de menos en el futuro. Sin que desaparezcan las obligaciones con la banca, en proyectos apalancados al 80% o el 90%. O se refinancia o se le entregan las llaves a las entidades financieras. Puede que hasta los avales peligren. Así de fácil.

“Yo voy a aconsejar a mi gente que, por dignidad, no pierda la planta -explica con dureza Martínez-Aroca-. Hay que aguantar 30 meses, el plazo máximo que le queda al Partido Popular en el Gobierno, si es que no aparece algún papel de Bárcenas que vincule pagos de una eléctrica al partido. Tenemos que refinanciar y superar este nuevo bache porque socialistas, IU y UPyD nos apoyan. Y por el camino, plantar cara a nivel judicial, que estas medidas no le salgan gratis al Gobierno. Que por donde vayan se les deje a la altura del betún, atacarles a nivel mediático, que es como atacarles a su línea de flotación. Jamás volveremos a votar al PP; han convertido los recortes del PSOE en ajustes de aficionados, éstos han cambiado todo el modelo retributivo”.

La Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) ya daba pistas en junio sobre su nuevo modus operandi. No en vano se adhería a una plataforma ciudadana para promover un nuevo modelo energético, cuyo primer movimiento fue canalizar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se señalaba a las vinculaciones de expolíticos con las grandes compañías eléctricas como factor clave para explicar el desaguisado en el sector. ¡Democracia Real YA!, Coordinadora 25S o Izquierda Anticapitalista también firmaban. La fotovoltaica abandonaba las moquetas de los bancos para tomar las aceras de la Puerta del Sol.

Las vinculaciones de expolíticos con las grandes compañías eléctricas es factor clave para explicar el desaguisado en el sector “Tenemos que dar apoyo a las organizaciones ciudadanas -justificaba entonces Juan Castro-Gil, secretario y letrado de Anpier, en unas jornadas de la asociación-. Que el Supremo, la Audiencia Nacional, los arbitrajes, los juzgados de instrucción sientan que tienen aliento de los ciudadanos en el cogote y que no todo vale. Un grado de agresividad que nos lleve a un auténtico escrache judicial. No se trata de ir a casa de nadie a molestar a sus hijos, pero sí de dejar claro que no vamos a ceder en ninguna de los márgenes que permite el derecho”. Y remataba, justificando el cambio de estrategia: “Hace menos de un mes un responsable de la política energética me decía: ‘Vuestro problema es que no sois un problema social’”.

¿Una burbuja financiera?

En el fondo, lo que cuestiona Martínez-Aroca es que el problema de la industria solar sea una burbuja estrictamente financiera, nacida al amparo de las generosas primas del real decreto 661/2007. “Hay una masa social. Hay familias -subraya-. Según nuestros cálculos, de las más de 55.000 instalaciones, un tercio pertenecen a inversores foráneos; otros tercio está en manos de la gran empresa fotovoltaica, y el tercio restante está en manos de un colectivo social amplio, que tiene plantas de pequeña potencia. No es casualidad que el sector agrario del sur del país esté con nosotros. Muchos pensamos que era una inversión ética, que hacía bien al país como aseguraba el IDAE [Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía]”.

Y ese tercio social es quien afronta un peor escenario, porque serán los que más vean drenados los retornos que ofrece Industria. “Somos los últimos de la escalera. Hemos pagado el beneficio del promotor, del instalador, el panel de fuera de nuestras fronteras. No sabemos sobre qué costes se va a calcular esta rentabilidad del 7,5%, pero tememos que el Ministerio vaya a fijar unos estándares alejados de la factura, que no van a tener en cuenta todos esos gastos. Las cuentas no van a salir”. Como publicó El Confidencial, Industria maneja una tasa de retorno promedio para las instalaciones renovables nunca superior al 5%. No en vano será el Ministerio quien defina vía orden ministerial los parámetros sobre los que se aplicará esa rentabilidad. Y serán de mínimos para ahorrar los 1.300 millones de euros comprometidos.

“El secretario de Estado ha sido un insensible -remata el empresario-. Ha citado a la banca y a las eléctricas para explicarles la reforma, mientras que se ha olvidado de los afectados finales”. Eso sí, sorprende que las entidades financieras, que acumulan en sus balances la mayor parte de los project finance a las renovables, callen como una tumba una semana después de que el Ministerio diera a conocer la reforma. Martínez-Aroca lo tiene claro: “Me temo que saben más que los propios afectados”.