La deuda ahoga a los estudiantes que pidieron un crédito ICO para estudiar un posgrado

Muchos de los estudiantes que pidieron ilusionados un crédito para estudiar un posgrado a través del programa Renta Universidad puesto en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 están ahora desesperados porque la especialización por la que se endeudaron no les ha servido para encontrar un trabajo y no pueden devolver el préstamo. Deben entre 6.000 y 34.000 euros, en función de la opción cursada, y piden al Ministerio que les conceda una prórroga para empezar a pagar. Los de las primeras promociones lo tienen más fácil, las bases de su convocatoria admiten esta opción. Los que solicitaron el crédito en 2010 lo tienen complicado, para concederles esta ayuda que piden es necesario un cambio de la norma y los contratos que se firmaron. Educación ha manifestado “su voluntad de ayudar”, pero el hecho es que los afectados chocan con la ley.

Pilar tiene 29 años, estudió Publicidad y en 2010 decidió pedir el crédito Renta-Universidad que ofrecía el Ministerio de Educación para hacer un máster, con la idea de mejorar sus opciones laborales. Pero la crisis ha dejado esa idea en nada. Apenas ha conseguido algún trabajo mal pagado y tiene una prestación inferior a 600 euros que se le termina en agosto. De momento, paga como puede los 223 euros mensuales que debe, desde que en abril finalizó el periodo de carencia de su préstamo.  “En agosto me quedo sin ningún ingreso y no puedo  seguir pagando”, señala. Los casos de problemas económicos se repiten. Los afectados afirman que sí quieren pagar, pero no pueden.

“Si todo sale según lo previsto, se ampliará el plazo de carencia y, a quienes ya han empezado a pagar en abril, se les podrá devolver el dinero que han tenido que adelantar”, dicen en el MinisterioMarina tiene 36 años y pidió hace dos años y medio el crédito mínimo para especializarse en biología celular y genética. “Con la licenciatura en Biología solo no iba a ninguna parte”, asegura. Terminó el posgrado en 2011: “Desde entonces no he encontrado ningún trabajo. Nada de nada, pero no ya de lo mío, ni en Ikea, ni en el Mercadona. Para algunos puestos estoy muy formada y para otros no tengo la experiencia necesaria”.

Marina no ha pagado ninguna de las cuotas –tres con la de este mes- porque no tiene dinero y su familia no puede ayudarla: “Vivimos cuatro personas con la pensión de 580 euros de mi padre”. Nadie le ha dicho si les van a conceder la prórroga en el periodo de carencia de los créditos, es decir, el tiempo que ha transcurrido desde que concluyó el posgrado hasta que tenía que empezar a devolver el dinero que recibió, que en su caso era de dos años. “Ojalá sea así. Pero a mí nadie me ha comunicado absolutamente nada en este sentido. Cuando preguntas unos te envían a los otros y al revés”. Sobre la posibilidad de emigrar para buscar trabajo asegura que no es tan fácil. Además, una de las cláusulas del crédito podría obligarle a devolver el importe íntegro de una sola vez si cambia su domicilio fiscal al extranjero. En cualquier caso, no podrían embargarle nada: son préstamos de honor, no han requerido un aval.

Cruce de reproches

El nivel de comunicación entre Ministerio, ICO y bancos con los estudiantes es deficiente, cuando menos. La plataforma de afectados denunció esta semana que Educación mentía al decir que sólo era un intermediario. Se les ha transmitido la idea de que el organismo de José Ignacio Wert se lava las manos con el asunto y han pedido explicaciones a Educación.

El Ministerio, por su parte, asegura que nunca han mentido sobre su papel ni sobre el hecho de que el dinero de los préstamos pertenece al Estado. Los 100 millones presupuestados para la convocatoria de 2010 –a los prestatarios de las anteriores ya se les ha concedido la ampliación del periodo de carencia- provienen de las arcas públicas.

Solución difícil

Las fuentes del Ministerio consultadas por este periódico explican que “existe la voluntad política de ayudar a los afectados” y aseguran que llevan “un mes trabajando para encontrar una solución”. A los prestatarios de las convocatorias de 2007, 2008 y 2009 ya se les han ampliado los periodos de carencia, porque las bases de las mismas contemplaban esta opción. Además, los créditos concedidos esos años no tienen intereses, por lo que quienes los pidieron pueden no pagar ni un céntimo mientras buscan trabajo.

El nivel de comunicación entre Ministerio, ICO y bancos con los estudiantes es deficiente, coinciden todas las partesSin embargo, las condiciones de los préstamos de 2010 son menos flexibles, menos favorables para los estudiantes. De entrada, sí debían pagar intereses –del 3%-  desde el momento en que terminaron el posgrado. Además, el periodo de carencia y el de amortización del préstamo eran inferiores a los de los créditos de años anteriores. Y las bases eran más duras: “No se contempla aplazamiento de anualidades o ampliación del período de carencia”, según se advertía en las bases de la convocatoria. Para ampliarles el plazo de carencia es necesario modificar las bases y todos los contratos realizados en función de éstas.

“Estamos trabajando con el ICO para ver cómo solventar los problemas técnicos y jurídicos derivados del cambio de orden. Además, el Ministerio está dispuesto a asumir el coste que tendrá este cambio, aunque todavía no se sabe de dónde sacará el dinero. Pero una modificación de este tipo implica muchos trámites y deberá, probablemente, pasar por el Consejo de Ministros. No es algo que se haga en dos días. La ley hay que cumplirla y aunque trabajemos con toda la prisa, hasta después del verano no llegará, con toda seguridad, la solución”, explica una de las fuentes del Ministerio, que también señala que están “muy avanzados” y que la decisión de ampliar los plazos y cambiar los contratos estará ya la próxima semana. “Si todo sale según lo previsto, se ampliará el plazo de carencia y, a quienes ya han empezado a pagar en abril, se les podrá devolver el dinero que han tenido que adelantar”, añade.