La Fiscalía ordena abrir diligencias contra directivos de Caja España-Duero

La Fiscalía de León ha ordenado la apertura de diligencias contra directivos de Caja España y Caja Duero por un presunto delito de administración desleal a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida (IU) sobre la concesión de créditos en condiciones ventajosas.

Un decreto de la Fiscalía, facilitado ayer por IU de Castilla y León, pide que un juzgado de León abra diligencias previas contra los miembros del Consejo de Administración de Caja España y de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero, así como de los directivos del banco resultante de la fusión de ambas.

El coordinador de IU en Castilla y León, José María González, ha recordado que presentó la denuncia en noviembre de 2011 para que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investigara la concesión de créditos de "escasa solvencia" y en "condiciones ventajosas" a directivos de estas cajas y de Caja Segovia.

Sin embargo, el decreto se refiere solo a Caja España y Caja Duero, según González porque la entidad resultante de la fusión tiene su sede en León y en el caso de Caja Segovia la decisión podría estar pendiente aún de la Fiscalía de esta provincia.

IU denunció que su día que el consejero de Caja Duero Francisco Rubio y el propio presidente entonces de Caja España, Santos Llamas, entre otros directivos, habían recibido una serie de créditos que llegaban a sumar unos cien millones de euros en algunos casos. Estos créditos a directivos se incrementaron "un 44%", en un contexto en que los préstamos para hipotecas y para pymes eran cada vez menores, ha explicado el coordinador en rueda de prensa en Valladolid.

Además, IU puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de prejubilaciones aprobadas por estas entidades, con cuantías de hasta seis millones de euros como en el caso del entonces director general de Caja Segovia, Manuel Escribano.

José María González ha lamentado que estos directivos fueron "nombrados por el poder político" y ha asegurado que IU no tiene "ánimo persecutorio contra nadie", sino que solo pretende que se investigue lo sucedido. Asimismo, ha destacado que la administración desleal está penada con entre seis meses y cuatro años de prisión, o una multa del triple del beneficio obtenido.

González ha avanzado la intención de IU de presentarse como acusación particular, aunque ha exigido que primero lo haga el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.