AMENAZÓ CON DESPEDIR A LOS TRABAJADORES QUE NO PROBARAN SU LEALTAD A LA COMPAÑÍA

Banca Cívica presionó a sus empleados para que compraran acciones de la entidad

Los empleados de Banca Cívica recibieron presiones de sus superiores para que adquirieran participaciones de la entidad, ante su salida a bolsa en julio de 2011.
Foto: Banca Cívica presionó a sus empleados para que compraran acciones de la entidad
Banca Cívica presionó a sus empleados para que compraran acciones de la entidad

Los empleados de Banca Cívica recibieron presiones de sus superiores para que adquirieran participaciones de la entidad, ante su salida a bolsa en julio de 2011. A los trabajadores que se resistieron a adquirir acciones se les amenazó con represalias durante el proceso de reestructuración del banco por su presunta falta de lealtad a la compañía. Así lo confirman trabajadores de Banca Cívica y fuentes sindicales consultadas por este diario. Unión, Progreso y Democracia (UPyD), autor de la querella admitida a trámite en la Audiencia Nacional contra los gestores que guiaron la entidad hacia su colapso, solicitará que se investiguen estas coacciones.

Las participaciones de Banca Cívica –la entidad resultado de la fusión de Caja de Ahorros de Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol- comenzaron a cotizar el 21 de julio de 2011, sólo unos días después del estreno en el parqué de Bankia. Arrancaron con un precio de 2,70 euros pero, cuando la entidad abandonó el mercado en agosto de 2012 por su entrada en CaixaBank, las acciones habían caído hasta los 1,53 euros, infligiendo a los inversores una depreciación del 43%.

Muchos de los accionistas que sufrieron esta devaluación eran empleados del banco que adquirieron las participaciones por las presiones directas de los responsables de la entidad. No sólo fueron conminados a colocar el mayor número posible de participaciones entre sus clientes, sino que también se les trasladó la consigna de que ellos mismos y sus familiares debían adquirir acciones para contribuir al sostenimiento del precio de cotización y demostrar su vinculación con la entidad.

Amenazas y represalias

A los que se atrevieron a desobedecer estas órdenes, se les amenazó con su salida del banco durante el proceso de reestructuración de las plantillas procedentes de las cuatro cajas de ahorro que dieron lugar al banco. Y para sortear las dificultades económicas que alegaron algunos trabajadores para rechazar esta inversión, Banca Cívica habilitó préstamos de hasta 6.000 euros con un tipo de interés del 0% y sin comisiones.

La presión fue ejercida de forma desigual en la red territorial de Banca Cívica, pero en líneas generales tenía como objetivo cubrir el tramo del 2% reservado para los empleados de la emisión. Fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) en Andalucía aseguran que en oficinas vinculadas a Cajasol se ordenó a los trabajadores que adquirieran acciones por valor de 2.000 euros, aunque la cantidad se rebajó posteriormente a entre 1.600 y 1.700 euros gracias al descuento que se concedió a los empleados. “El que no lo hiciera se iba a casa. Las órdenes fueron clarísimas. Se decía que era necesario demostrar el compromiso con la entidad y que, de lo contrario, la gente se atuviera a las consecuencias”, afirman fuentes de CCOO en Andalucía. Antiguos empleados de Banca Cívica han confirmado estos datos.  

Las acusaciones también han sido corroboradas por UGT, otro de los sindicatos que estuvo presente en el proceso de integración de Banca Cívica y en su absorción por parte de CaixaBank. “Muchos de los empleados compraron acciones y gran parte de ellos lo hizo por las presiones que recibió de sus superiores”, afirma un portavoz de la sección financiera de UGT que trabajó en Banca Cívica. “Las presiones y las amenazas fueron explícitas”, afirman. “Y hay que tener en cuenta que había una situación de máxima incertidumbre”.

Prohibición de venta

UGT llegó incluso a emitir varias circulares a sus afiliados denunciando estas coacciones. Las órdenes de compra no sólo se produjeron en el proceso de salida a bolsa, sino que continuaron e incluso arreciaron conforme el precio de las acciones de la entidad se fue deteriorando a lo largo de 2012.

En enero de ese año, coincidiendo con una suspensión del valor por las dudas sobre la situación de la entidad, la dirección de Banca Cívica llegó a exigir a sus oficinas que vendieran diariamente acciones de la compañía por valor de entre 500 y 2.500 euros, dependiendo de la zona. La orden también incluyó, según denunció UGT, instrucciones tajantes a los trabajadores para que aumentaran su propia cartera y para que no vendieran bajo ningún concepto las participaciones que ya poseían. Para ello, los responsables de la entidad no dudaron en utilizar la base de datos corporativa, en la que pudieron comprobar el número de acciones que tenía cada empleado. “En cuanto a las amenazas recibidas por algunos trabajadores por haber vendido sus acciones, desde UGT recordamos que dicha decisión compete exclusivamente al ámbito privado del trabajador, y no es admisible bajo ningún concepto que dicha información se haga pública, y mucho menos que se amenace”, afirmó el sindicato en esa circular.

La compra masiva de acciones por parte de los empleados no logró frenar la caída de la cotización ni el colapso del banco. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que inyectarle 977 millones de euros para evitar su quiebra. CaixaBank se hizo cargo de la entidad pero ha anunciado un plan para reestructurar su plantilla que pueda dejar en la calle a muchos empleados que se vieron forzados a adquirir acciones de Banca Cívica, con la consiguiente pérdida de un 43% en su inversión.

Incorporación a la causa

Hoy se reúnen en Barcelona los representantes de CaixaBank con los dirigentes sindicales de los empleados, con un ERE sobre la mesa de 3.002 empleados. CaixaBank ya ha adelantado su intención de rescindir de forma definitiva el contrato de los 743 trabajadores de Banca Cívica que fueron incluidos en mayo de 2012 en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de un año de duración.  

Los abogados de UPyD pedirán al juez que instruye el caso Banca Cívica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investigue estas coacciones a los trabajadores de la entidad por si fueran constitutivas de delito. El magistrado ha admitido a trámite la querella de la formación liderada por Rosa Díez reconociendo que existen indicios suficientes para sostener la concurrencia de hasta cinco delitos en la gestión del banco, pero aún no ha decidido ninguna imputación, algo que tendrá que hacer en los próximos días.

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